La patronal de pisos turísticos, Apartur, pone en marcha una web para denunciar anónimamente el alquiler ilegal de habitaciones en Barcelona. Las reclamaciones que los usuarios presenten a través de este portal llegarán directamente al Ayuntamiento de Barcelona o «a la autoridad competente». Según el presidente de la organización empresarial, Enrique Alcántara, los ciudadanos «deben ayudar» a controlar la oferta ilícita de arrendamientos en la ciudad. En el punto de mira de la patronal estarán habitaciones, pero también pisos completos que se alquilen por menos de 31 días; la «fuente de ilegalidad más extendida» en la capital del país.
Alcántara asegura que los propietarios catalanes buscan impulsar un «modelo turístico responsable y transparente» con esta decisión. En este sentido, asegura que la oferta de apartamentos turísticos ilegales «se ha reducido de forma muy importante» coincidiendo con las sucesivas regulaciones que el Gobierno y el Ayuntamiento han puesto en marcha para el sector. De hecho, la directora general de la patronal, Marian Muro, concentra en el mercado de habitaciones la mayor parte de la oferta ilegal en la ciudad. El plan de usos del consistorio, alerta la representante empresarial, permite la transformación de una vivienda regular en un hogar compartido, pero solo uno de los 10.000 apartamentos turísticos barceloneses ha realizado este trámite.
La «confusión» de Sánchez
Por otro lado, los propietarios han reprochado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, su discurso contra los pisos turísticos. La Moncloa, cabe recordar, anunció el domingo que revocaría las licencias de 53.000 viviendas dedicadas a los visitantes, de las cuales unas 7.700 se ubican en Cataluña. El líder del ejecutivo celebró haber expulsado del mercado una multitud de viviendas ilegales, una sentencia que Apartur califica de «confusión importante». «Todo lo que va al registro es legal», ha defendido Alcántara.
Los pisos a los que se ha revocado la licencia, según defienden desde la organización empresarial, no habrían aportado aún toda la documentación correspondiente en el plazo definido. Por tanto, no serían ilegales; sino que solo deberían «volver a comenzar el proceso» y registrarse correctamente. «Los pisos turísticos ilegales no van por esta vía», ha criticado. Muro, por su parte, lamenta que el procedimiento para regularizar una propiedad es «muy complejo, con muchas aristas y peticiones de información complejas». Aun así, coincide con Alcántara que «las 50.000 revocaciones no son oferta ilegal».
