La justicia se posiciona a favor de un miembro emprendida de desokupació en un sonado caso de acoso inmobiliario en el Pueblo Seco. El juzgado de instrucción número 2 de Barcelona ha absuelto Ajmal Rashid Butt, pinxo de Stop Okupas, de la acusación de agredir un vecino a una finca en un caso de acoso inmobiliario. Los habitantes del edificio en cuestión, al número 33 bis de la calle Magalhães 33 bis, hace meses que denuncian amenazas, agresiones físicas y sabotajes por parte del fondo de inversión ruso que adquirió la finca el noviembre del 2023.
En este caso, el acusado había propinado un puñetazo a uno de los vecinos del bloque. A pesar de que la víctima presentó un video de los hechos como prueba, la jueza Eugènia canal Bedia considera insuficiente la evidencia, aduciendo que no se puede ver el ataque -dado que es el mismo agredido quién se encuentra grabándolo y, por lo tanto, el golpazo es detrás de la cámara-. Tampoco ha estimado el testigo de una vecina, militante del Sindicato de Locatarias, que corroboró los hechos. Según lamenta la organización, la magistrada habría «preferido dar validez al relato de un mozo de escuadra que admitió encontrarse en 30 metros». El abogado de los vecinos del bloque, Simón Cava, estudia recorrer la sentencia.
3/ En diciembre, tres representantes de los fondos de inversión se presentan a la finca y revientan dos puertas de dos pisos, violando el domicilio de una de las vecinas. Las vecinas ponen una denuncia a mozos. pic.twitter.com/zijg9bml9o
— Sindicado de Locatarias y Locatarios (@sindicatlloguer) March 22, 2024
Dos denuncias más
La denuncia contra Rashid Butt se añade, dentro del mismo caso, a otras dos presentadas en los últimos meses por otros habitantes del inmueble. En primer lugar, los vecinos denunciaron el administrador de la empresa de desokupació, Larbi Hicham Yastomi, por una agresión a un vecino de la finca, también grabada en un video disponible en redes sociales. Se espera su comparecencia el próximo 22 de octubre. También se ha demandado la firma rusa propiedad de la finca, Workki Co-Working, así como la misma Stop Okupas, por un delito de acoso. Entre otras cuestiones, los residentes tienen cortado el servicio de agua como medida de presión; y el juez encargado estudia con la fiscalía ordenar restablecerlo. Más allá de los hechos investigados, el Sindicato de Locatarias constata que «el acoso continúa»: sin ir más lejos, el pasado 17 de septiembre «un pinxo de la propiedad intentó reventar con un martillo y una escàrpia la puerta de entrada de la finca a la luz del día del día».
