El cierre de los búnkeres del Carmel sigue envuelto en polémica. La instalación de las vallas para delimitar el espacio de las antiguas baterías antiaéreas del Turó de la Rovira no está dando los resultados esperados y las aglomeraciones de jóvenes se continúan repitiendo prácticamente cada día, con la agravante que ahora se reparten por varios puntos de la zona en vez de concentrarse en un mismo espacio. Según ha apuntado en varias ocasiones la regidora del distrito de Horta-Guinardó, Rosa Alarcón, la polémica medida estrenada a principios de este mes de mayo cuenta con el apoyo de cinco asociaciones de vecinos de la zona y solo una en contra, unas afirmaciones que varias fuentes vecinales consultadas por el TOT Barcelona desmienten con rotundidad.
Una de las entidades que se ha posicionado claramente a favor del cierre es la Asociación de Vecinos del Turó de la Rovira. Esta agrupación fundada en 2007 ha sido una de las principales interlocutoras con el Ayuntamiento durante todo el proceso y se ha reunido en varias ocasiones tanto con la regidora socialista como con otros representantes de la administración. Aun así, el TOT Barcelona ha tenido acceso a unos informes municipales que pondrían cuando menos en entredicho la validez de esta intermediación para solucionar el conflicto en torno a las baterías. Según ha podido saber este medio, una de las responsables de esta asociación vecinal habría tenido en funcionamiento durante el año 2017 un piso turístico ilegal en su casa.
Vistas privilegiadas a 78 euros la noche
El alojamiento estuvo disponible al menos durante un año a través de la plataforma Airbnb y se promocionaba como una «romántica habitación privada con vistas privilegiadas, ideal para parejas y ubicada en la cumbre de un céntrico cerro barcelonés, muy cerca del barrio de Gràcia y muy conectada con el resto de la ciudad». El precio del alquiler era de 78 euros la noche y la estancia mínima era de dos noches. Una de las pruebas que indican que estuvo en funcionamiento son los comentarios que dejaron varios usuarios en la misma plataforma, donde destacaban las vistas desde la terraza y la buena ubicación del piso a «solo unos pasos» de los búnkeres del Carmel.
Al detectar este posible anuncio fraudulento, el consistorio abrió un expediente donde pedía el cese inmediato de la actividad turística del alojamiento por carencia de la licencia municipal correspondiente. La ausencia de respuesta por parte de los responsables del piso llevó la administración a iniciar un procedimiento sancionador por una infracción muy grave, un proceso que puede comportar una multa de entre 30.000 y 600.000 euros.
Error con el titular y vado sin licencia
Todo ello, pero, quedó archivado porque el Ayuntamiento había identificado erróneamente al titular de este piso turístico ilegal. En concreto, según ha podido comprobar el TOT Barcelona, el expediente se inició contra la vecina de debajo de la verdadera responsable, que también figuraba como inquilina del número 42 de la calle de Marià Labèrnia, a pesar de que su domicilio es una construcción completamente diferente enganchada por la parte posterior al edificio donde estaba ubicado el alojamiento. Ante las alegaciones de la afectada, los técnicos pudieron comprobar que las fotografías publicitadas no correspondían al piso en cuestión.
Una vez archivado este primer proceso, el ejecutivo abrió otro expediente a la verdadera titular del piso turístico, que finalmente también se acabó archivando en 2018 después de que la administración estimara las alegaciones presentadas por los responsables. De hecho, la planta superior donde estaba ubicado este alojamiento no figura en el catastro, de forma que sobre el papel es como si no existiera. Consultada por este medio, la vecina presuntamente responsable niega la existencia de ningún piso turístico en su domicilio y asegura que fue una «equivocación» y que solo alojó a unos familiares durante unos quince días en esta planta superior, unas afirmaciones que contrastan con el perfil y comentarios dejados por varios huéspedes en Airbnb. Fuentes municipales confirman que actualmente no constan quejas ni anuncios activos en las plataformas de comercialización sobre este domicilio y que en las dos inspecciones hechas después de archivar el expediente no se detectó actividad turística.
Esta, sin embargo, no ha sido la única polémica en la cual se ha visto involucrada la responsable de esta asociación del Turó de la Rovira. La misma vecina a quien se le atribuyó la titularidad del piso turístico también fue acusada el 2015 de instalar un vado sin licencia delante de su casa, modificando de este modo ilegalmente la acera. Cómo en el caso del alojamiento, una inspección de los técnicos municipales pudo constatar que la afectada no era la beneficiaria de este vado, sino que lo era su vecina de arriba.
Una asociación de vecinos fantasma
Todos estos antecedentes no han sido un impedimento para que esta vecina de la calle de Marià Labèrnia se haya erigido en una de las principales interlocutoras con el Ayuntamiento en todo el proceso que ha culminado con la instalación de vallas alrededor de las baterías antiaéreas. La responsable de la entidad -que oficialmente hace el papel de tesorera- se ha reunido en múltiples ocasiones con la regidora del distrito como representante de los afectados, una categoría que varios vecinos de la zona ponen rotundamente en entredicho, puesto que la agrupación solo contaría con un número muy reducido de los residentes. De hecho, la misma responsable confirma que dio de baja la asociación al menos hace un par de meses, de forma que el consistorio se ha estado reuniendo en los últimos meses con la portavoz de una entidad que ya no estaba operativa.
La situación, sin embargo, sería todavía más flagrante. Varios vecinos del Turó de la Rovira consultados por el TOT Barcelona denuncian que esta asociación no cumplía con los requisitos mínimos legales que marca la Ley española que regula el Derecho a Asociación, puesto que no tiene una compilación con las actas de las reuniones celebradas y hace años que sus miembros no se someten ningún tipo de proceso de elecciones. Tampoco se estarían aprobando anualmente las cuentas de la entidad en una comisión general, como marca el reglamento. Desde la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB) confirman que la agrupación no ha constado durante estos años como federada, una condición no obligatoria, pero que en este caso no hace nada más que alimentar la descripción de entidad bajo mínimos que hacen los residentes consultados.
