Los crímenes franquistas en la capital catalana permanecerán en el olvido judicial. La jueza del Juzgado de Instrucción número 18 de Barcelona ha inadmitido la querella que presentó el militante del PSUC, Carles Vallejo, por las torturas recibidas por parte de seis miembros de la Brigada Político Social mientras estaba detenido en la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, ubicada en la vía Laietana número 43.
La jueza, Carmen García, alega en su auto, al cual ha tenido acceso el TOT Barcelona, que las torturas que recibió Vallejo durante su detención prescribieron y están amnistiadas gracias a la ley de amnistía aprobada en 1977, unos hechos que dice que son «obstáculos insalvables» para abrir diligencias penales por las torturas sufridas.
No es el único impedimento con el cual se ha encontrado Vallejo en su querella, puesto que la jueza esgrime que uno de los principios básicos recogidos en el derecho de la constitución, la llamada irretroactividad de las normas penales desfavorables, prohíbe encausar a alguien por hechos ocurridos antes de la entrada en vigor de las normas que los castigan. De hecho, lo deja muy claro en el auto, en la cual explica que la ley de memoria democrática “no deroga” la ley de amnistía de 1977, y es por eso que sigue en vigor y los jueces no pueden obviarla.
«Es una nueva vulneración del derecho a la justicia de las personas represaliadas»
La querella interpuesta por Vallejo es la primera interpuesta contra los crímenes del franquismo después de que entrara en vigor la LMD. Fue doblemente pionera, puesto que por primera vez la Fiscalía General admitió una querella por crímenes del franquismo, es por eso que, desde la campaña vía Laietana 43, consideran que «la decisión final de la jueza supone un paso atrás para la justicia en el Estado español» y que se vulnera el derecho a la justicia de las personas represaliadas por el franquismo.
