El Ayuntamiento de Barcelona publicó datos personales de más de 1.200 agentes de la Guardia Urbana. La cifra la ha dado a conocer el teniente de alcaldía de Seguridad y Prevención, Albert Batlle, en la comisión de Presidencia de este miércoles. A finales de agosto, se supo que el consistorio había publicado 606 registros de 568 policías. Ahora, Batlle ha desvelado que, en realidad, se filtraron datos del doble de agentes. Concretamente, de 1.245.
Fuentes municipales informaron a principios en TOT Barcelona que se publicaron en la Gaseta municipal nombres, apellidos, TIP y destino de los agentes de la Guardia Urbana, entre otros datos, que participaban en procesos de selección internos. Entonces, el compromiso municipal era retirar todas las publicaciones. Este miércoles, el Ayuntamiento ha asegurado que ya se ha hecho. Batlle ha dicho que se trató de un error y ha afirmado que se han tomado medidas para que no vuelva a ocurrir. También se ha mencionado que no consta que se haya hecho un uso indebido o delictivo de la información.
Dos denuncias a Protección de Datos
La filtración de los datos de los policías ha motivado dos denuncias ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT). Una de las denuncias la presentó la sección sindical de CSIF de la Guardia Urbana y otra por parte de Junts per Barcelona. CSIF ha abierto una negociación con el gobierno de Jaume Collboni para que se indemnice a los afectados. En caso de que estas negociaciones no lleguen a buen puerto, el secretario general de CSIF en el Ayuntamiento, Eugenio Zambrano, ha dicho que presentarán una reclamación por la vía administrativa o, si es necesario, judicial.
La comparecencia de Batlle en la comisión de Presidencia ha sido forzada por Junts y Vox. A principios de septiembre, el presidente del grupo municipal, Jordi Martí Galbis, consideró que el Ayuntamiento había vulnerado el principio de confidencialidad y seguridad de los policías y exigió una auditoría de seguridad digital urgente. En la comisión, Martí Galbis ha insistido en que la publicación de los datos es «de una gravedad extraordinaria» y ha exigido saber qué ha fallado y qué responsabilidades se derivan de ello.
