La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha pedido «ajustar» la ordenanza de civismo a las «nuevas necesidades» de la ciudad. Coincidiendo con la presentación del estudio Espacio público y derecho a la ciudad: análisis de la Ordenanza de Convivencia de Barcelona, el síndico David Bondia ha detallado lo que viene a ser la apuesta por una norma «menos punitiva» y que incida en la «corresponsabilidad de los ciudadanos». El síndico ha dejado claro que el estudio parte de la «prudencia» y ha dejado en manos de los grupos municipales el detalle del «articulado». Con todo, avisa que «no lo lograremos todo con sanciones».
La sindicatura quiere una ordenanza que cambie una «mirada punitiva» por «una mayor pedagogía de la convivencia». Esto significa, entre otras cosas, que el Ayuntamiento y la Guardia Urbana «prioricen medidas alternativas a la sanción». El síndico ve este modelo como una alternativa pedagógica a las sanciones, pero advierte que actualmente se ofrecen cuando la multa ya está registrada. La sindicatura destaca que los colectivos vulnerabilizados, que a menudo «no tienen conocimiento» de esta vía alternativa, son los que reciben más sanciones, junto con personas de zonas turísticas y de menos poder adquisitivo. Por otro lado, hay gente con mejores condiciones económicas, explican en la sindicatura, que prefiere pagar la multa a las medidas alternativas. Por eso, y en pro de una mayor corresponsabilidad, el síndico apuesta por «estudiar cómo se abre la puerta de entrada a las medidas alternativas».
Empezar por los puntos de consenso
La sindicatura destaca que no se debe plantear la revisión de la ordenanza, que justo ahora está en proceso de revisión, «desde el conflicto». «Creemos en las soluciones; si hay un gran consenso sobre una nueva ordenanza, lo que se debería de incidir y trabajar en los puntos en común de todos los partidos», ha comentado Bondia. En este sentido, el síndico ha pedido a los partidos «no empezar, como siempre, con los desacuerdos». «A partir de aquí, si es más o menos punitiva ya lo negociaremos. Nosotros apostamos porque lo sea menos, pero no es la base de la negociación, se puede aplazar para trabajar en los consensos», ha comentado.
También sobre la revisión de la ordenanza, el síndico ha recordado que el Congreso de los Diputados tiene en marcha la modificación de la ley de seguridad ciudadana –conocida como ley mordaza– y ha pedido estar pendiente para que «no se tenga que modificar» posteriormente la ordenanza por una cuestión de jerarquía legal.
Revisión de la ordenanza en marcha
El gobierno de Jaume Collboni tiene previsto revisar la ordenanza de convivencia –así se llama oficialmente– después de dieciocho años de vigencia. Apenas ha habido un par de cambios, algunos de ellos criticados, como el endurecimiento contra la prostitución o las multas por ir «casi desnudo» por la calle, y el Ayuntamiento quiere actualizarla. El consistorio ha sumado 570 propuestas de modificación de 176 personas en el proceso participativo que ha habido los últimos meses. Una participación insuficiente para la sindicatura, que además advierte que «no se ha garantizado el espacio como para que afloraran otras visiones». Son declaraciones de la directora adjunta de la sindicatura, Eva García Chueca, que considera que el proceso participativo ha sido muy dirigido y pide aprovechar la negociación de la ordenanza para sumar más voces ciudadanas.
El ejecutivo municipal aún está trabajando en el redactado de la nueva ordenanza, que deberá pasar por el resto de grupos. En la línea del síndico, Esquerra Republicana y los Comuns piden ampliar las alternativas a las sanciones. En el caso de BComú, además, se pide «trabajar en la prevención y la educación en el espacio público». Es más, los de Ada Colau ya intentaron un cambio de la norma en 2018, pero se quedaron solos en el intento.
Enfrente está el PSC, que los últimos años ha defendido la «estructura» de la ordenanza aunque admite que son necesarios «ajustes». Así lo ha dicho en diferentes comisiones el teniente de seguridad Albert Batlle, partidario de un endurecimiento de la norma. En esta línea también se han pronunciado Junts o el PP. El marzo pasado, la regidora juntaire Victòria Alsina insistía en el hecho de que la «ordenanza» ha de ser «una herramienta útil».
