La Sareb ha iniciado los trabajos de demolición del Kubo, uno de los dos edificios que estuvo ocupado en el barrio de La Bonanova antes del polémico –y mediático– desalojo de noviembre de 2023. Las tareas de demolición llegan después de que la propiedad y el Ayuntamiento hayan llegado a un acuerdo para la expropiación. En todo caso, el llamado banco malo ha admitido que la demolición «tomará tiempo» porque las tareas son «complejas». La propiedad apunta a la ACN que el bloque está incrustado entre dos edificios, uno de ellos la Ruïna, el segundo bloque que estaba ocupado, hecho que complica la operación.
El Ayuntamiento abonará 812.000 euros a las empresas propietarias del inmueble: la Sareb, que dispone del 60% de la propiedad, Logiplans Vallès SL y Sintra Cover SL. En este acuerdo también se menciona que son las empresas las que deben encargarse de demoler la finca. Una vez el Kubo sea historia, el solar pasará a manos del Ayuntamiento. Según recoge el Plan General Metropolitano, el espacio debe acoger una zona verde. Este hecho no acaba de convencer a los vecinos de la zona, que en las últimas audiencias públicas del año pasado reclamaron un equipamiento. En el barrio apuntan que necesitan un CAP, pero desde el distrito de Sarrià-Sant Gervasi ven complicado ubicar uno porque la calificación del suelo «no permite hacer equipamientos».
De la crispación preelectoral al desalojo mediático
El Kubo y la Ruïna comenzaron a acaparar miradas sobre todo antes de las elecciones del 28M. Ambos edificios estuvieron ocupados 15 años, en un inicio, sin ser mencionados en el Ayuntamiento. Vecinos de la zona, en conversación con este mismo diario, admitían la incomodidad de la situación, pero negaban el relato de violencia que Valents –los herederos de Manel Valls– y Ciudadanos dibujaron en los plenos del Ayuntamiento. Vox, en parte de la mano de la empresa Desukupa, avivó el fuego en la calle los días previos al 28M.
El 30 de noviembre de 2023, los Mossos d’Esquadra entraron para ejecutar una orden judicial de desalojo. El macrooperativo, con un centenar de mossos y una grúa de los Bomberos, generó mucha expectación. Poco después, el Gobierno Collboni quiso declarar la «ruina económica y estructural» en el edificio para poder demolerlo y construir «una zona de disfrute para el vecindario».
