Cuando Josep Tarrés habla del amianto se refiere a él como una «pandemia«. El primer contacto de este neumólogo con el fibrocemento fue cuando ejercía de médico de familia en Cerdanyola del Vallès, donde estaba ubicada hasta finales de los noventa la fábrica de la compañía Uralita. Allí vivió de primera mano los primeros casos de asbestosis, una enfermedad pulmonar derivada de la exposición a esta sustancia tóxica, y de mesotelioma, un tipo de cáncer provocado exclusivamente por el contacto con estas fibras. Los primeros afectados fueron los mismos trabajadores de la empresa y sus familiares. Después comenzaron a surgir casos de contaminación ambiental de vecinos del municipio. «Antes se pensaba que prácticamente tenías que ingerir [amianto] para enfermar, pero ahora sabemos que con tener contacto con poca cantidad ya es suficiente. No se ha podido establecer un mínimo de seguridad en su exposición», señala en una conversación con el TOT Barcelona.
Desde la detección de aquellos primeros casos en los setenta, Tarrés ha seguido investigando y especializándose en este tipo de enfermedades vinculadas al fibrocemento. La gran mayoría de afectaciones continúan teniendo un origen laboral, como en el caso de los exempleados de Macosa-Alstom o los del metro de Barcelona, pero cada vez hay más casos ambientales. «Decir que esto es un tema laboral del pasado es falso. Antes había focos enormes de contaminación, que eran las fábricas, y ahora hay millones de pequeños, que son las cubiertas. Es una cuestión del presente, pero también del futuro porque irá a más. Este material cada vez está más deteriorado y desprende más fibras», alerta el neumólogo, que lamenta que el Estado aún no cuenta con un registro oficial de pacientes con mesotelioma como sí tienen desde hace décadas otros países como Italia, lo que permite obtener una fotografía más precisa de los enfermos. Precisamente, esta es una de las medidas que se introducirán en la nueva Ley del amianto, que la semana pasada superó el debate a la totalidad en el Parlamento y que debería estar lista antes de finalizar el 2025.
El objetivo final del reglamento aún en proceso es poder erradicar esta sustancia del territorio catalán antes del 2032, tal como marca la normativa europea. Para hacerlo, se deberían retirar los cerca de tres millones de toneladas de uralita que se calcula que aún hay en nuestro país, buena parte de estos repartidos entre más de 800.000 cubiertas de fibrocemento. «Es la única solución, pero, al ritmo que vamos hoy día, no eliminaremos esta plaga ni en 250 años. ¿Quién no puede ver desde su balcón una cubierta de amianto deteriorada? Tenemos más de 40 kilómetros cuadrados en Cataluña», subraya Tarrés, quien considera que aún hay poca conciencia ciudadana del peligro que supone esta exposición a cubiertas que han agotado con creces su vida útil, que es de entre 30 y 40 años. En cuanto a la aceleración de la sustitución de techos de uralita, el neumólogo cree que la futura Ley contribuirá al proceso, pero destaca que el reglamento por sí solo no marcará la diferencia, sino que se necesita también una implicación de las diferentes administraciones para hacerlo cumplir.
Fotografía real de las actuaciones en marcha
En las últimas semanas hemos conocido varios casos más o menos polémicos de retiradas de cubiertas de fibrocemento en Barcelona. La antigua fábrica de ascensores Cardellach, el Taller Masriera o la vieja redacción de El Periódico, son solo algunos ejemplos. Sin embargo, ¿cuál es la situación actual en cuanto a la erradicación del amianto en la capital catalana? Según datos facilitados por el Departamento de Trabajo de la Generalitat, en estos momentos hay 25 planes de trabajo aprobados para la sustitución de cubiertas en toda la ciudad y cinco más que están pendientes de evaluación para recibir este visto bueno del Gobierno. Para poner en contexto estas cifras, es importante subrayar que durante los tres primeros meses de 2024 se validaron una ochentena de planes en toda la comarca del Barcelonès, que el año pasado concentró más del 25% de las retiradas de toda Cataluña. Si nos fijamos en el detalle de los datos barceloneses, sabemos que al menos una cuarta parte de estos permisos concedidos este año hacen referencia a cubiertas ubicadas en el distrito del Eixample. De hecho, este mismo martes comenzaban los trabajos en la finca del número 306 de la calle de la Diputación, concretamente en el antiguo aparcamiento del inmueble, que ocupa aproximadamente una cuarta parte del interior de la manzana entre las calles de la Diputación, del Bruc y de Girona y la Gran Vía de las Cortes Catalanas.
Se da la circunstancia de que la licencia para iniciar las tareas en este edificio de la Dreta de l’Eixample está otorgada desde 2024. Desde el Departamento de Territorio precisan que no hay un vencimiento del plan concedido o un plazo máximo para llevar a cabo las obras, de manera que cada propietario inicia los trabajos cuando lo considera oportuno. Esto implica que la sustitución de las 25 cubiertas ya autorizadas por la Generalitat no tiene por qué ser inmediata, sino que podría demorarse meses o incluso años.
Lo que marca un plazo más preciso de ejecución es la licencia de obras que los responsables del techo deben solicitar al consistorio para poder iniciar las tareas. Es el caso, por ejemplo, de las naves que acogieron la antigua fábrica de ascensores, actualmente reconvertidas en aparcamiento público y que ocupan prácticamente la totalidad del interior de la manzana delimitada por las calles de Casanova, Villarroel y Sepúlveda y la Gran Vía. Los propietarios ya tienen todos los permisos en regla y el inicio de la actuación es inminente.
El Eixample, sin embargo, no es la única zona de la ciudad donde próximamente se llevarán a cabo retiradas de cubiertas de amianto. Antes del centenario de la Exposición Internacional de 1929, el Ayuntamiento deberá eliminar el fibrocemento presente en el techo del Palau del Vestit, uno de los recintos feriales utilizados por la Fira de Barcelona y que se encuentra en el lado Llobregat de la plaza de España, entre la Gran Vía, la avenida de la Reina María Cristina y la calle de México.
También en el distrito de Horta-Guinardó hay dos cubiertas de dimensiones considerables que podrían desaparecer en los próximos meses. La primera se encuentra en una de las naves de la sede de la constructora Sorigué, ubicada en el número 99 de la ronda del Guinardó, junto a los jardines del Doctor Pla i Armengol y el campo del FC Martinenc y justo frente al Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La cubierta tiene una superficie aproximada de 2.000 metros cuadrados, se instaló en los años setenta y ya tiene la licencia de obras en trámite. La segunda está situada dentro del recinto del Hospital de la Vall d’Hebron, en una de las alas del Edificio Mediterrània del Instituto de Investigación del equipamiento. La uralita data también de mediados de los setenta y ocupa unos 1.500 metros cuadrados. En este caso, la licencia de obras municipal ya ha sido concedida. Pendiente de una fecha de actuación está también el encapsulamiento de los restos de fibrocemento procedentes del antiguo núcleo de barracas del Turó de la Rovira.
Movimiento vecinal para romper con la «indefensión»
Esta verdadera primavera de la retirada de amianto que vive la ciudad está despertando conciencias entre los barceloneses. Cada vez hay más vecinos que se interesan por los peligros del desprendimiento de fibras y que están atentos ante posibles actuaciones que supongan un peligro para la salud. Hace solo unas semanas, las denuncias ciudadanas consiguieron que el Ayuntamiento detuviera la retirada sin licencia de una cubierta de fibrocemento en el local del número 78 de la calle de Rocafort. El propietario de este terreno que también da a un interior de manzana había tramitado un permiso de urgencia para retirar y sustituir las placas de fibrocemento dañadas, pero no disponía del correspondiente plan de trabajo aprobado. En este caso, el consistorio pudo actuar y paralizar las tareas cuando ya se había eliminado la mitad del techo. Sin embargo, en otros casos donde ha quedado patente una mala praxis con la manipulación de uralita, la actuación de las autoridades no ha sido tan diligente.
Uno de los ejemplos más flagrantes es el de la antigua redacción de El Periódico. Las denuncias presentadas tanto al Ayuntamiento como a Inspección de Trabajo por parte de los vecinos después de presenciar y grabar cómo se arrojaban escombros de manera indiscriminada sobre la cubierta de fibrocemento, con el correspondiente desprendimiento masivo de fibras en el interior de la manzana, no consiguieron detener las obras en su momento.
Tampoco han hecho efecto las nuevas demandas trasladadas esta misma semana a la administración catalana al comprobar que un grupo de operarios manipulaba sin ningún tipo de elementos de protección el último tramo sobreviviente de la cubierta. Los vecinos afectados aseguran que desde el consistorio los remiten a la Generalitat como autoridad competente, mientras que los inspectores de trabajo se limitan a comunicarles que en las diferentes visitas que han realizado no han detectado in situ mala praxis y que no pueden actuar valiéndose de los vídeos grabados por los inquilinos.
«Que lo haga una empresa autorizada ya hemos visto que no es garantía de nada. Las obras deberían detenerse inmediatamente cuando se ve una mala manipulación o que se está haciendo algo ilegal. Pero, si no vale que los vecinos lo presencien ni que lo graben… La indefensión es total y al final quienes pagan las consecuencias son los ciudadanos«, apunta con contundencia Miguel Moreno, portavoz de la agrupación de jubilados de Macosa-Alstom y uno de los artífices de la futura Ley.
En la misma línea se pronuncia el investigador del CSIC Xavier Querol, especializado en contaminación y calidad del aire, que considera que, tanto si se da en un interior de manzana como en la vía pública, la mala praxis debería ser denunciable siempre que se produzca. «Si hay dispersión de fibras de amianto se debe ir al Ayuntamiento y debe ser salud pública quien se encargue de comprobar que esto es así», precisa. Ante esto, expertos como el doctor Tarrés consideran clave esta toma de conciencia ciudadana. «¿Cuántos hemos oído la frase ‘no es para tanto’? No es para tanto tal vez ahora, pero a alguien de nosotros le tocará la rifa dentro de unos años… Hay niños que aún no han nacido y morirán por nuestra irresponsabilidad. El amianto es un asesino silencioso y silenciado, que va en aumento y que es evitable», sentencia.
