Dos décadas después de que Barcelona se convirtiera en una ciudad pionera al aprobar una primera Ordenanza de Convivencia, civismo en el ámbito popular, este domingo entró en vigor una revisión a fondo de la normativa que fue aprobada en el plenario de diciembre, con el apoyo del gobierno de Jaume Collboni, Junts per Barcelona y ERC. Por motivos claramente opuestos, Barcelona en Comú y Vox votaron en contra, y PP se opuso. La nueva ordenanza supone un endurecimiento de las sanciones y de los supuestos que se pueden denunciar. Por ejemplo, los propietarios de perros tienen la obligación de diluir con agua las micciones de los animales. En caso de no hacerlo, pueden tener que pagar hasta 300 euros de multa.
Entre otros cambios, el texto prevé un incremento de las sanciones por consumo de alcohol en la vía pública, con multas que pueden llegar hasta los 1.500 euros en presencia de menores o en zonas con restricciones nocturnas. También se prohíben las rutas etílicas y la intensificación de la respuesta ante el ruido en áreas acústicamente tensionadas, con sanciones que pueden llegar a los 3.000 euros. Si la Guardia Urbana atrapa a alguien orinando en la calle, el costo de la multa puede llegar hasta los 750 euros si la infracción se comete en calles estrechas, zonas de ocio nocturno o ámbitos con baños públicos.
Los grafiteros tendrán que pagar los costos de la limpieza
Por otro lado, se perseguirá más a los grafiteros. Hasta ahora, los autores tenían que pagar solo la multa, que puede oscilar entre los 100 y los 600 euros, pero con la nueva ordenanza los infractores tendrán que asumir los costos de la limpieza y los desperfectos ocasionados. Y se incorporan las conductas que vulneran la dignidad y libertad sexual en el espacio público, «con un régimen específico para estas situaciones», dice el Ayuntamiento. Así, el exhibicionismo y las masturbaciones se pueden castigar con multas que oscilan entre los 750 y los 1.500 euros.
Desde que entró en vigor a principios de 2026, después de que un mes antes la aprobara el plenario en tiempos del alcalde Joan Clos, la normativa ha quedado desfasada y ha vivido episodios polémicos con multas a las personas sin hogar, dándose casos de ciudadanos que recibían la sanción en el comedor social con miles de euros acumulados que, en diferentes casos, se retiraron. También levantó mucha polvareda el veto a la prostitución en la calle que impulsaron el gobierno de Xavier Trias y el PP de Alberto Fernández en 2012. Y en 2011, el plenario había prohibido el nudismo y el seminudismo. Pero en 2015, el Tribunal Supremo obligó al Ayuntamiento a rehacer estos artículos del texto. El alto tribunal avaló la prohibición del nudismo, pero consideró imprecisas las medidas de ir “casi desnudo”.
Hasta ahora, los diferentes intentos por rehacer la ordenanza habían fracasado. Barcelona en Comú lo intentó durante el primer mandato de Ada Colau, entre los años 2015 y 2019. El teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Jaume Asens, propuso una modificación para hacer una norma más laxa, pero la falta de consenso político lo obligó a dejarlo correr.
La Guardia Urbana, con datáfonos
La implementación de la normativa también prevé que los agentes de la Guardia Urbana lleven datáfonos para intentar cobrar las multas al momento. Esto se hace porque a lo largo de los años, el pago de estas infracciones ha sido bajo, especialmente entre turistas que cometen faltas y regresan a su país sin abonarlas. En 2015, Fernández Díaz decía que solo se cobraba el 10% de las multas. Ahora, el Ayuntamiento asegura que es el 55%. Otras fuentes municipales discrepan y sitúan la cifra alrededor del 20%.
