El Parlamento Europeo ampliaba a principios de octubre de 2023 la protección a los trabajadores que tienen contacto con amianto. La alta cámara modificaba así el reglamento vigente desde 2009, reduciendo los límites permitidos de exposición a esta sustancia potencialmente cancerígena hasta situarlos diez veces por debajo (0,01 fibras por centímetro cúbico). Unos meses antes, la Generalitat daba luz verde al Plan nacional para la erradicación del amianto, la hoja de ruta que debía culminar en la elaboración de una nueva Ley. El proyecto se refrendó a principios del pasado mes de mayo, en una de las últimas medidas todavía bajo el mandato de Pere Aragonès. Con el cambio de gobierno, la iniciativa quedó en un cajón hasta este mismo martes, cuando el ejecutivo de Salvador Illa recuperó el proyecto de Ley para llevarlo al Parlamento.
Solo en el lapso que va desde la modificación del reglamento europeo al reciente rescate de la Ley del amianto, la agrupación de jubilados de Macosa-Alstom ha visto cómo dos exempleados de la fábrica que la compañía tuvo en el Poblenou hasta los años noventa perdieron la vida. Dos muertes en poco más de un año, que se suman a una lista que ya llega a los 37 nombres. Todas ellas por afectaciones derivadas de la exposición prolongada a esta sustancia tóxica. «Tenemos suficiente experiencia para saber que no podemos entretenernos. Hemos estado en contacto con amianto durante muchos años, prácticamente boca a boca. Cualquiera de nosotros podría desarrollar la enfermedad. La Ley es un paso importante, pero esto no termina hasta que lo erradiquemos completamente«, afirma en declaraciones a TOT Barcelona Miguel Moreno, portavoz de los antiguos empleados y uno de los artífices de la normativa que pretende avanzar en este objetivo fijado por la Unión Europea de tener un territorio libre de fibrocemento antes del 2032.
La cruzada de los exempleados de Material y Construcciones S.A. (Macosa) comenzó en el año 2001 con la primera muerte de un compañero y tuvo uno de sus puntos álgidos en 2015, cuando recogieron cerca de 10.000 firmas a favor de una legislación para eliminar la presencia de esta sustancia tóxica en Cataluña. «Conseguimos poner la problemática sobre la mesa de las administraciones y que este dejara de ser un tema tabú«, señala Moreno. Casi una década después de este hito, la Ley para la erradicación del amianto está solo a un paso de ser una realidad. Una vez refrendada en el Parlamento, donde estará sujeta a la introducción de enmiendas y modificaciones, se procederá a elaborar el nuevo reglamento, que debería estar listo durante la primera mitad de 2025. Esta, sin embargo, es una carrera contrarreloj. No solo para los antiguos empleados de la fábrica barcelonesa, sino también para todos aquellos que puedan estar expuestos a las entre dos y tres millones de toneladas de uralita que se calcula que aún quedan repartidas por el territorio catalán. La mayoría del fibrocemento superviviente se instaló entre los 60 y finales de los 80, de modo que ya ha llegado al final de su vida útil o está a punto de hacerlo, con el riesgo que esto supone para la dispersión de estas fibras potencialmente cancerígenas.
Radiografía real del peligro
Uno de los grandes retos que pretende abordar la nueva Ley es el recuento real de la cantidad de amianto que hay en Cataluña. Los resultados del último estudio a cargo del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) -que elaboró un mapa con un censo de las cubiertas de fibrocemento– se presentaron el pasado mes de abril. Este análisis concluyó que hay cerca de 800.000 tejados con amianto, la mayoría de los cuales en Barcelona y su área metropolitana. La radiografía, sin embargo, es incompleta, ya que solo incluye las cubiertas de más de 35 metros cuadrados y no tiene en cuenta el amianto utilizado para los bajantes, tuberías o el que se encuentra en el interior de viviendas o recintos industriales. Tampoco contempla los restos de antiguos núcleos de barracas como el del Turó de la Rovira, que ahora se encuentran incrustadas en la montaña y afloran cada vez que llueve o se remueve la tierra. Se calcula que solo en la capital catalana hay al menos trece lugares de la ciudad donde existían durante el siglo XX barrios con construcciones de este tipo y donde aún hoy en día se podrían encontrar planchas de fibrocemento.
«Los ayuntamientos están obligados por Ley a tener un censo propio desde abril de 2023 (Ley 7/2022), pero la mayoría no han cumplido o han tomado directamente el del ICGC como Badalona. El mapa cartográfico es orientativo y tiene margen de error. Por eso es importante que cada municipio tenga el suyo y pueda planificar su retirada«, apunta Joan Maria Soler, portavoz de la Comisión contra el amianto de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB). En el caso de la capital catalana, el consistorio sí que tiene identificada la presencia de uralita en edificios municipales o en zonas próximas a centros educativos. Más complejo es el caso de las antiguas barracas de puntos como el Carmel, que requieren una actuación especial que dé solución a un problema que se ha cronificado con el paso del tiempo. «Tenemos el compromiso del Ayuntamiento de reforestar estos 1.200 metros cuadrados donde había construcciones. Antes, sin embargo, se deberá hacer una limpieza superficial y confinar la uralita con una reja para evitar la erosión y que esta quede cerrada», explica José Ramón Carme, bombero jubilado y portavoz de la Plataforma Can Baró, que toma el nombre de uno de los barrios ubicados a los pies de los mal llamados búnkeres.
Carme considera que tener este censo municipal tanto en Barcelona como en el resto de localidades debe ser la prioridad para poder ver la magnitud del problema y priorizar unas actuaciones u otras, sobre todo teniendo en cuenta que solo un 27% de los municipios catalanes han presentado esta radiografía local del amianto. En el caso del Turó de la Rovira, por ejemplo, la decena de actuaciones que se han hecho desde 2017, cuando se detectó la presencia del fibrocemento, ya han permitido retirar el grueso de esta sustancia, de modo que esta renaturalización se podría hacer en diferentes fases a lo largo de este mandato. Ahora bien, si vuelve a aflorar uralita en cantidades inadmisibles, tiene claro que pedirán una nueva actuación de urgencia para retirarla o encapsularla. «Estoy seguro de que todo el amianto ahora catalogado como visible no estará retirado antes de 2032. Se necesitará mucha colaboración ciudadana, pero al menos con la Ley tendremos un argumento legal más para presionar para que se retire», remarca.
Unas subvenciones que se quedan cortas
Los ayuntamientos no son los únicos que han dado pasos -aunque insuficientes- para identificar la presencia de amianto en sus respectivos términos municipales. La Generalitat se ha adelantado a la aprobación definitiva de la Ley en el Parlamento y ya está elaborando un censo propio, comenzando por los edificios que son de titularidad pública. Del total de 6.500 inmuebles evaluados, correspondientes al 83% de todo el parque público, los técnicos han detectado presencia de fibrocemento en casi 500, una cifra que no llega al 10% del total de edificios analizados hasta ahora. En este sentido, una de las próximas actuaciones ya planificadas es la intervención en catorce parques de los Bomberos de Cataluña donde también se ha detectado la presencia de esta sustancia. Estas tareas, sin embargo, no deben hacer olvidar que el grueso del problema sigue siendo en el ámbito privado. Para facilitar la eliminación de la uralita, el Gobierno está trabajando en las bases de la subvención de 10 millones de euros para retirar amianto, una dotación anual que se pretende mantener estable hasta conseguir el objetivo de erradicarlo del territorio.
Desde las diferentes entidades impulsoras de la Ley celebran estas ayudas, pero ya avanzan que serán insuficientes para alcanzar este objetivo de 2032. «En 2023 se anunciaron unas subvenciones de 40 millones de euros para retirar tejados de amianto y sustituirlos por placas solares. Solo las peticiones recibidas ya triplicaban este importe. Esto significa que hay una demanda real que se deberá suplir con aportaciones económicas importantes que esperamos que se desbloqueen con los nuevos presupuestos», dice Soler, que puntualiza que la presencia de fibrocemento es frecuente sobre todo entre los sectores más desprotegidos tanto del mundo agrario como de los núcleos urbanos, que en muchos casos no han tenido la capacidad económica para sustituir tejados.
Uno de los casos que se podría resolver definitivamente gracias a estas subvenciones sería el de la gran cubierta de amianto del Eixample. De este tejado de cerca de 2.500 metros cuadrados, ubicado en el interior de manzana delimitado por los calles de Aragón, Consell de Cent, Calabria y Viladomat, solo queda por retirar una tercera parte, unos 750 metros cuadrados aproximadamente. Su propietario -que tiene abierto un expediente de disciplina urbanística por el “mal estado de la cubierta y su falta de mantenimiento”- ya ha manifestado la intención de acogerse a estas ayudas cuando salgan. «Estamos un poco a la expectativa. La Ley es un gran avance, pero veremos si nos ayuda a agilizar todo o sirve solo como un aviso«, señala Santiago Comas, uno de los vecinos afectados por esta cubierta.
Cerco a las malas prácticas
El caso de este tejado del Eixample no será el único que con toda probabilidad se desbloqueará gracias a las subvenciones. Hasta ahora se estaban retirando unas 20.000 toneladas anuales, que van a parar al depósito de residuos peligrosos de Castellolí (Anoia), pero la previsión es que este ritmo aumente exponencialmente en los próximos años. Es en este punto donde encontramos el otro gran reto que deberá resolver la Ley: cómo garantiza que la eliminación de este amianto se hace de manera correcta. Las malas prácticas en estos procesos están lamentablemente a la orden del día, con el riesgo que esto supone no solo para los trabajadores que están en contacto directo con la sustancia, sino también para los ciudadanos que pueden estar expuestos a la dispersión de estas microfibras potencialmente cancerígenas.
La supervisión efectiva de estos trabajos será uno de los grandes caballos de batalla del nuevo reglamento, que prevé ampliar las inspecciones a las empresas que se encarguen de la sustitución de fibrocemento. La legislación también contará con un marco sancionador que -sumado a una mayor concienciación ciudadana- debería servir para atajar estas malas prácticas y que contempla multas que van desde los 100 hasta los 100.000 euros. Este ha sido uno de los aspectos que más han luchado los jubilados de Macosa-Alstom, conscientes de la capacidad destructora que pueden tener las fibras de este asesino silencioso. «Si hemos llegado hasta aquí es porque hemos trabajado con amianto y sabemos que cualquiera de nosotros puede ser el siguiente de la lista. Es importante saber de dónde venimos para entender a dónde queremos ir, que no tenemos tiempo que perder y que no cantaremos victoria hasta que desaparezca», concluye Moreno.
