La Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, ha informado que ha decidido abrir por primera vez diligencias penales para investigar las torturas perpetradas durante el franquismo por miembros de la llamada Brigada Político-Social, en dependencias de la Prefectura Superior de Policía de Via Laietana. Las diligencias de investigación se han incoado como consecuencia de la denuncia interpuesta por la víctima por los maltratos físicos y psíquicos que le fueron infligidos durante su detención en febrero de 1977, en el «marco de represión sistemática por motivos políticos impuesto por el régimen dictatorial».
La denuncia la interpusieron las hermanas Eva y Blanca Serra, por crímenes de lesa humanidad mediante torturas sufridas en la Prefectura Superior de Policía de Via Laietana y en la Dirección General de la Policía de Madrid durante la Transición a la Democracia. Una denuncia trabajada desde Irídia, y dirigida por Sònia Olivella Saludes, abogada penalista y coordinadora de litigio estratégico de la entidad. De hecho, es el tercer caso que Irídia, con el apoyo de Òmnium y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), lleva a la justicia tras las querellas de los hermanos Ferrándiz y de Carles Vallejo, que han sido archivadas.
Un decreto jurídicamente contundente
El Decreto de incoación del ministerio público, de 9 páginas y al que ha tenido acceso El Món, considera necesario abrir la investigación porque se dan los requisitos de la Ley de Memoria Democrática. Además, resalta que la denuncia presentada por Blanca Serra tiene suficientes indicios para considerar que las torturas fueron perpetradas «en el contexto de un régimen institucionalizado de represión contra la población civil, en este caso por motivos políticos». En este sentido, concluye que abrir las diligencias debe servir para «garantizar a las víctimas sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, con independencia del resultado final del proceso».
La denuncia, por su parte, firmada por Blanca, pero también en nombre de su hermana Eva, ya fallecida, insistía en que era necesario hacer un «acto de justicia para las víctimas, un gesto necesario para poner fin a la impunidad«. Su detención fue posterior a la muerte de Franco y se enmarcaba en la aplicación de la ley antiterrorista, que amparaba detenciones largas e incomunicadas sin garantías legales. Un caso que la fiscalía quiere aclarar. La denuncia también incluía la «violencia diferenciada por el hecho de ser mujeres» en un «entorno profundamente patriarcal».
Los hechos
De acuerdo con los hechos relatados en la denuncia, el decreto de fiscalía, Blanca Serra fue detenida en su domicilio junto con su hermana Eva (fallecida en 2018) en febrero de 1977 por agentes de la llamada Brigada Político-Social, y fue trasladada a dependencias de la Prefectura Superior de Policía de Barcelona. «Durante el curso de la detención se describen episodios de maltrato físico y psicológico infligidos con la finalidad de obtener una confesión, así como información sobre la actividad política de la denunciante y de otros compañeros y compañeras», subraya el ministerio fiscal. «La denunciante fue puesta en libertad tres días después de acceder a firmar un escrito de autoinculpación», recuerda la fiscal del caso.
En el momento de los hechos, Serra se identificaba con la izquierda independentista catalana, militando en el Front Nacional de Catalunya (FNC), el Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans (PSAN) y parte de su escisión, el PSAN – Provisional, así como de la formación Independentistes dels Països Catalans (IPC). También formó parte de los Comités de Solidaridad con los Patriotas Catalanes (CSPC), de la Assemblea Unitària per l’Autodeterminació (AUA), del Moviment de Defensa de la Terra (MDT) y de la Assemblea d’Unitat Popular (AUP), todas organizaciones clandestinas en aquella época. Un hecho que da contenido político a la represión sufrida. La denuncia relata asimismo episodios ocurridos durante otras detenciones policiales que tuvieron lugar el 10 de julio de 1980, el 3 de diciembre de 1981 y el 3 de marzo de 1982.
Via Laietana, una protesta continua
El edificio de Via Laietana, y el historial de torturas que se registraron durante años y años ha levantado gran parte de la sociedad civil y partidos políticos que quieren su reconversión en un centro de memoria histórica. Una opción que no defiende ahora mismo, ni el PSC, con el conseller de Justicia, Ramon Espadaler a la cabeza, ni el PSOE en la Moncloa, que según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, es «demasiado céntrica» como para cerrarla. Ambos gobiernos, del mismo color político socialista, defienden la continuidad del servicio policial en el edificio.
