La antigua fábrica La Escocesa, propiedad del Ayuntamiento desde 2017, ha vivido dos grandes desalojos en casi cinco años. El recinto fabril está degradado y abandonado. Los Bomberos de Barcelona alertaron en 2020 del peligro al que se sometían los residentes y, cuatro años después, nuevos informes vuelven a avisar que la estructura sufre “daños graves” y supone “un peligro” para los ocupantes. Hace cuatro años, el Ayuntamiento desalojó por partes a decenas de familias –22 adultos y 13 menores– que había en el recinto. Ahora son 57 los ocupantes desalojados, la mayoría de origen senegalés que trabaja en la chatarra.
El Ayuntamiento ha iniciado el tapiado de todos los inmuebles de la fábrica. Los operarios han comenzado por tapiar la treintena de balcones y ventanas que dan a la calle Pere IV y más adelante tienen previsto repetir el proceso con las ventanas próximas a la calle de Bolívia. Las tareas también incorporan la instalación de alarmas dentro del recinto y terminarán más allá del lunes. Durante el fin de semana está previsto que haya seguridad vigilando el recinto –la mitad es responsabilidad del distrito; la segunda mitad, del Instituto Municipal de la Vivienda– para evitar que la fábrica vuelva a ocuparse.
En todo caso, los mismos operarios que trabajan allí admiten que el gran agujero no está en las fachadas, sino en el techo, que está en ruinas. De hecho, la fachada del edificio ya se tapiò en 2021, después del primer gran desalojo. Trabajadores con quienes ha hablado este diario admiten que tapiar las ventanas “complica” la entrada de futuros ocupantes, pero que “entran igualmente por el techo”. “Venimos cada dos semanas como quien dice”, han apuntado este viernes conversando con el Tot Barcelona.
El edificio, que está vacío y en mal estado, se ha convertido igualmente en el refugio de personas que viven en la calle. La AVV del Poblenou ha apuntado, en un comunicado crítico, que los ocupantes “tienen claro que es mucho mejor correr este supuesto riesgo que no dormir en la calle”. “Y con sus limitados recursos –añaden– cuidaban del estado del edificio”.
Desde la entidad vecinal apuntan que la comunión entre la mayoría de los ocupantes y los artistas de La Escocesa era muy buena, a pesar de que también hay otros vecinos que han detectado –y grabado– diferentes peleas entre algunos de los ocupantes. Los mismos inquilinos han reconocido estos conflictos, pero saben identificar quiénes eran los miembros que han generado problemas. Sea como sea, la entidad denuncia que es la extrema derecha quien ha atizado el fuego en la zona. Ahora, con primera fase del desalojo completada, queda por ver qué pasará con el colectivo de artistas que tienen un rincón de la antigua fábrica. Los Bomberos les han aconsejado entrar por otra puerta y el consistorio les ha avisado que en los próximos meses llegará una orden judicial para desalojarlos.
Entidades vecinales ven «hipócrita» el argumento del Ayuntamiento
El teniente de seguridad, Albert Batlle, ha apuntado este viernes en Catalunya Ràdio que el peligro de ruina “es inminente”. Un argumento “hipócrita”, considera la asociación vecinal, porque al Ayuntamiento “ya le va bien esta limpieza porque en estos momentos está decidiendo con varios actores el futuro de las naves de Escocesa”. El inmueble está afectado por el plan 22@, pero aún no ha trascendido qué se hará allí. Los últimos cinco años, en los alrededores de Pere IV se han levantado oficinas –en la esquina con Fluvià y en todo el eje de Bolívia– y una residencia para estudiantes internacionales –en el eje verde de Cristóbal de Moure–. Desde el ejecutivo explican que se está trabajando para convertir la antigua fábrica en “un polo de innovación económica, cultural, social y residencial”. Las asociaciones vecinales quieren pisos de protección oficial.
En 2017, el ejecutivo de Colau compró la finca para evitar una construcción de pisos de lujo, que es lo que había proyectado. La finca, abandonada y degradada, tenía unos pocos vecinos y con el tiempo se llenó de ocupas. El primer gran desalojo que vivió esta nave afectó a una cincuentena de personas, entre ocupas y propietarios, y los afectados tuvieron reuniones con el consistorio, que entonces prometió realojamientos dignos, decían las entidades. La imagen de aquella lucha era diferente de la que se ha vivido este viernes; entonces se movilizó toda la comunidad, que llenó de pancartas la fachada –“realojar antes de desalojar”, decían los textos– con el apoyo de entidades vecinales y plataformas como Ens Plantem Poblenou, que los orientó en todo el proceso.
El Ayuntamiento ordenó tapiar la finca después del desalojo, pero años más tarde nuevos inquilinos la han vuelto a ocupar. Este viernes, una veintena de vecinos, entre ellos miembros de la AVV del Poblenou, se han unido para apoyar a los inquilinos en un desalojo más tranquilo y menos mediático que el de hace cuatro años. Cerca de una cuarentena de furgones de los Mossos d’Esquadra y un cordón policial de 250 metros ha facilitado las tareas policiales. Los ocupantes también se han marchado sin mostrar resistencia.
