La Fiscalía quiere penas duras para los ultras que asediaban la mezquita de Nou Barris

Penas de más debe años de prisión a los exdirigentes de la formación de ultraderecha Democracia Nacional por asediar la mezquita del número 28 de la calle Japó del barrio de Nou Barris. Esta es una de las peticiones que el ministerio fiscal ha hecho llegar a la sección décima de la Audiencia de Barcelona antes de la vista oral convocada por el próximo 2 de noviembre. Los hechos se remontan entre marzo de 2017 y el marzo de 2018, un año en el que los 15 encausados, según el profuso escrito de la fiscalía de 48 páginas al que ha tenido acceso Todo Barcelona, organizaron diferentes acciones, protestas y manifestaciones contra el centro de culto musulmán, espoleadas y difundidas por perfiles de Twitter que ya han sido clausurados por orden judicial.

Unas acciones que para la fiscalía suponen la comisión de delitos como por ejemplo coacciones, amenazas, lesiones, maltratos y delitos contra los derechos fundamentales, todos con la aplicación de la agravante de discriminación. Entre la quincena de encausados, -en un principio eran dieciséis, pero fiscalía exonera a uno de ellos porque no ve ningún delito- se encuentran tanto los exlíderes de Democracia Nacional –Albert Bruguera i Juan de Haro– como destacados miembros de grupúsculos neonazis y ultra como por ejemplo «Democracia Nacional Joven», «Frente Visigodo», «Legión Urbana», «Generación identidad» y «Somos Catalanas». A Bruguera, la fiscalía le reclama diez años y un día de prisión y a Haro, 6 años y un día. Al resto de encausados, entre tres y seis años de prisión. De todas maneras, fuentes del caso aseguran que es posible una conformidad para obtener una pena que rebaje la posibilidad de prisión.

La calificación de fiscalía narra que los acusados empezaron participando en las caceroladas que grupos de vecinos organizaban a los anocheceres contra la apertura del centro de culto. Unas protestas donde también participaba Vox. El fiscal recuerda que los acusados penetraban dentro de la manifestación y se lo apropiaban. Con megáfonos «exaltaban los vecinos» para aumentar «la frecuencia y la intensidad de las protestas» explotando los prejuicios contra la comunidad musulmana.

Así, las primeras acciones consistían a enganchar letreros con eslóganes como por ejemplo «España cristiana y no musulmana», «Terroristas» o «Mezquita no». Después la pintura roja a la fachada fue habitual, así como inutilizar las cerraduras con silicona o pintura. A medida que avanzaban las convocatorias, se incorporó en el catálogo de las acciones poner grasa de cerdo a las persianas, embutidos o carne, así como excrementos de perro con lemas como «Agua, jabón y un bocata de jamón». La intención de todo era, para la fiscalía, «generar sentimientos de rechazo, odio y hostilidad generalizado contra los musulmanes en general» y «amedrentar» la comunidad musulmana, impedir la apertura de la mezquita. Una estrategia encaminada a impedir «el libre y legítimo ejercicio de derecho constitucional de libertad religiosa».