«Se estima una disminución de la disponibilidad de agua para el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) del 22% aproximadamente para el 2051″. Este es principal motivo que exponen 11 entidades del área metropolitana, entre las cuales hay la Federación de Vecinos y Vecinas de Barcelona (Favb), para pedir a los partidos políticos que incorporen 43 medidas exactas «urgentes» a sus programas electorales. Entre las peticiones principales, hay una de muy conocida: «es urgente gestionar la demanda antes de planificar crecimientos urbanísticos y económicos«, dice la Favb en un comunicado adjunto en el que se pregunta «si tiene sentido seguir creciendo como ciudades referentes en el turismo de masas».
La gestión del turismo no es el único punto de actuación que figura entre las propuestas. «Ahora mismo lo estamos apostando todo a la desalinización y reutilización», dicen desde la Favb. Por eso, piden «diversificar al máximo las fuentes de abastecimiento» y apostar por «el aprovechamiento de aguas grises y pluviales en los edificios y crear mecanismos como tarifas sociales, mínimos vitales y contadores sociales».
Desigualdad territorial
El trasvase del río Ter hacia Barcelona también está en el ojo del huracán. Consideran que la gran concentración de personas que hay a la CON –el 42,8% de personas en Cataluña viven en el 2% del territorio– provoca problemas ambientales, dicen, importantes. «La garantía de los caudales de mantenimiento, la renaturalización y el buen estado ecológico del Besòs y el Llobregat, y la recuperación y gestión sostenible de los acuíferos metropolitanos tienen que ser las prioridades de la gestión del agua para cuidar las fuentes estratégicas de agua locales», apuntan las entidades.
Medidas sociales
Por último, los movimientos proponen diferentes medidas de carácter social, como por ejemplo reconocer a la Constitución y el Estatut el «derecho humano al agua y el saneamiento» o políticas que garanticen el suministro de agua a todo el mundo, impulsando, por ejemplo, un «mínimo vital de agua». También proponen que los datos que facilita el servicio de agua «se separen por género cuando sea necesario» y se amplíe las auditorías que se hacen al agua potable. Así mismo, hablan de la gestión del agua y del modelo público-privado.
