Barcelona tiene previsto aplicar un lavado de cara general a su ordenanza de civismo, que lleva casi dos décadas regulando las normas de convivencia de la ciudad. En campaña electoral, el ahora alcalde Jaume Collboni, entonces candidato socialista, prometió «revisar y endurecer» la ordenanza en los primeros cien días de mandato. Aunque va un poco tarde, el consenso sobre una revisión de la norma es unánime en Sant Jaume y ya se han dado los primeros pasos para cambiarla. El Ayuntamiento ha recogido medio millar de propuestas ciudadanas mediante un proceso participativo, que la Sindicatura de Greuges, por cierto, considera insuficiente, y ultima un redactado que en las próximas semanas debería llegar a manos del resto de grupos municipales. Este jueves mismo, en rueda de prensa, el síndic David Bondia les ha pedido compromiso con la revisión y «no comenzar, como siempre, por los desacuerdos».
La ordenanza de convivencia –así se llama oficialmente– nació en 2005 con el tripartito dividido. El PSC y ERC votaron a favor, junto con CiU y en desacuerdo con ICV, que se desmarcó. Desde entonces, la norma no ha cambiado mucho, más allá de dos modificaciones aisladas –y no por ello poco polémicas– para endurecer la ofensiva contra la prostitución y el nudismo. Pero Barcelona sí que ha cambiado. Sin ir más lejos, en 2006, el año en que la ordenanza entra en vigor, Barcelona registró 10,3 millones de estancias turísticas. El 2023 se cerró con 18,6, prácticamente el doble. Y si en 2006 solo había un mes, agosto, en que se superaba, por un margen muy estrecho, el millón de pernoctaciones, en 2023 ha habido dos –julio y agosto– en los que se han superado los dos millones. Y con el ocio nocturno pasa una situación similar; en 2005 la ciudadanía optaba por las discotecas como referencia nocturna de ocio, pero la pandemia y una ‘elitización’ del ocio nocturno han hecho crecer las botellones.
Los turistas, inmunes a las sanciones
Estas dos cuestiones, el turismo y el ocio nocturno, han irrumpido en Barcelona y se espera que aparezcan en el articulado de la próxima ordenanza de civismo. La sindicatura avisa que la ordenanza actual no recoge «en concreto» cómo deben aplicarse las sanciones a turistas y, en este sentido, detalla que muchas multas se pierden en el camino cuando los visitantes son de otro país. Es necesario repensar el modelo y hacerlo en medio de un debate turístico intenso en la ciudad. Por eso Bondia insiste en que ser efectivos ante el incivismo de los turistas no es «turismofobia» sino «residentofilia», término que ha utilizado para defender un «cuidado especial por los residentes de la ciudad». «Hay que buscar la manera para que el turista pueda pagar las sanciones cuando está aquí o encontrar un mecanismo efectivo de seguimiento», ha remarcado, poniendo de ejemplo el modelo de Platja d’Aro, que efectúa el cobro in situ, cuando se comete la infracción.
Las declaraciones del síndico se enmarcan en la presentación del estudio Espacio público y derecho a la ciudad: análisis de la Ordenanza de Convivencia de Barcelona, elaborado por la misma sindicatura. «Los informes que tenemos hasta ahora dicen que hay pocas multas a los turistas. Si no son de otros puntos del Estado, que sí puede haber una interconexión entre administraciones, es difícil que las sanciones lleguen a pagarse. En la ordenanza actual no existe ningún mecanismo y los turistas quedan muy indemnes«, explica al TOT Barcelona el antropólogo Jose Mansilla, director del estudio encargado por el síndico.
Ahora bien, la sindicatura deja en manos de los políticos la decisión de qué herramientas concretas deben aplicarse, pero propone, en este mismo estudio, «establecer medidas eficaces para disuadir o modificar conductas de personas visitantes de la ciudad, entendiendo que se trata de personas que no tienen el sentimiento de pertenencia a la ciudad». Bondia insiste en que hay opciones, como elaborar un «decálogo de buen comportamiento» o fomentar un tipo de visitante que no sea de «ocio desbocado». La directora adjunta de la sindicatura, Eva García Chus, también ha hecho mención del Pla Endreça como «una herramienta que no se ha desplegado» para «detener conductas turísticas no deseadas». En particular, Chus propone «aumentar el número de agentes cívicos» e incluso más presencia policial «como efecto disuasorio».
El otro aspecto prácticamente anecdótico en 2006 y que últimamente ha ganado fuerza en el debate público es el ocio nocturno. Cosas de la vida, justo el día que la sindicatura propone «reforzar la mediación comunitaria» como alternativa a las sanciones en zonas de ocio, el Ayuntamiento ha presentado a Carmen Zapata como nueva alcaldesa de noche, un cargo pionero en Barcelona que pretende gestionar los conflictos que se generan de madrugada. El informe del síndico apuesta por focalizar la gestión de estos conflictos en la «pedagogía». Jose Mansilla considera que es necesaria una tarea «más social que policial» y recuerda que la misma ordenanza recoge que la primera gestión «no siempre ha de ser la multa». «La Guardia Urbana debe poder ejercer su autoridad sin la fuerza, sino con más mano izquierda. Se puede apostar antes por un servicio de mediación, previo al paso de poner una multa», comenta el antropólogo. Mansilla, que también pide incentivar alternativas asequibles de ocio, mantiene que la fórmula aplicada en el Triangle Golfo funciona; «Son educadores sociales que están en la calle y hablan con la gente que hace ruido. Hay dinámicas sociales que a veces las hacemos porque estamos medio obligados socialmente y la vía punitiva no siempre es efectiva«.
Dejar fuera a los colectivos vulnerabilizados
Más allá del turismo y el ocio nocturno, la revisión de la ordenanza también puede servir para enmendar algunas de las derivadas que ha generado. En los últimos años, el acuerdo para frenar la presión sobre los colectivos vulnerabilizados se ha extendido al Ayuntamiento. Al menos, con las personas sin hogar, no tanto con el colectivo mantero. El informe del sindicato alerta que, a pesar de que las denuncias vinculadas a la ordenanza han disminuido «notoriamente» en los últimos años, las sanciones vinculadas al comercio ambulante y al consumo de bebidas alcohólicas «aún son las más importantes en cuanto a su número absoluto y su consideración relativa». «Ambas –insiste el estudio– se encuentran estrechamente relacionadas con colectivos vulnerabilizados y con los turistas. Así, los principales emisores de las denuncias coinciden con los de menor renta de la ciudad, que se sitúan en el centro simbólico y turístico de Barcelona».
«A un sintecho de Horta se le impusieron 42 sanciones. No tiene sentido que tengas que llegar a este punto para ofrecer medidas alternativas», ha apuntado en rueda de prensa Bondia, que defiende una priorización de estas propuestas alternativas. Desde la sindicatura también recuerdan que la policía puede sancionar a quien haga sus necesidades en la calle y que las personas sin hogar viven en la calle. «Es importante desvincular las sanciones a este tipo de conductas, y sobre todo asegurarse de que hay suficientes baños públicos», añade Chus. Sobre este aspecto, Mansilla recuerda que la síndica de greuges de 2005 ya avisó «que la ordenanza criminalizaba algunos colectivos».
Negociaciones en marcha
Según el ejecutivo, en estos momentos, las situaciones que generan más molestias son las pintadas, el consumo de alcohol en la vía pública, hacer necesidades fisiológicas en la calle, las infracciones viarias de vehículos de movilidad personal y motocicletas, y las actividades molestas sin licencia. Cómo gestionar todo esto es lo que ahora entrará en debate. Y en el horizonte, solo se vislumbran dos caminos a priori antagónicos. ERC y Comuns apuestan por una vía menos punitiva; Junts hace tiempo que pide un endurecimiento, a pesar de que también deja fuera de la ecuación a algunos colectivos vulnerables; y PP y Vox se presentan al debate como los garantes de la mano dura. En medio está el ejecutivo, socialista, que está redactando una propuesta sin muchos aspavientos públicos y con el Pla Endreça como telonero. Un Pla Endreça que también aparece en el informe del síndico y sobre el cual se remarca que «abunda en la exacerbación de algunas prácticas no del todo adecuadas» y que hace prever un posicionamiento «con más mano dura e intensificación de las sanciones». Las cartas están sobre la mesa y pronto comenzarán las negociaciones.
