El rostro de Montserrat Capdevila era familiar en la sede barcelonesa del Banco de España en los sesenta. No era la primera vez que esta mujer se presentaba ante los funcionarios de la época acompañada de un papel entonces ya amarillento y prácticamente traslúcido con una cifra escrita con letra ligada:
A pesar de contar cada intento como fracaso, Capdevila no perdió nunca la esperanza. «Ella sabía que el dinero eran suyo, era muy persistente. Me decía que, si lo cobrábamos, me compraría una muñeca», explica la hija, mientras enseña el documento donde todavía se puede leer la frase
Del simbolismo al resarcimiento
Aquella pequeña avalancha de llamadas fue el inicio de un movimiento que con el tiempo fructificaría en la Asociación de Perjudicados por las Confiscaciones del Gobierno Franquista (APIGF, por sus siglas en castellano). Después de una cruzada de casi veinte años, que les ha llevado a llamar a las puertas de la mayoría de partidos catalanes y españoles, la aprobación de la Ley española de Memoria Democrática del 2022 les reconocía por fin como víctimas de estos embargos, hecho que les da derecho a ser compensados por el dinero entregado que nunca fue devuelto. De la mano de Vosseler Abogados, los descendientes de casi 400 familias expoliadas presentaron en mayo del 2023 una demanda conjunta para reclamar las cantidades que les corresponden, que van desde las cuatro hasta las seis cifras en algunos casos.
Un año y medio más tarde, las peticiones parece que empiezan a ver la luz y un equipo de expertos ya ha revisado cada uno de los casos, un trabajo complejo dado la cantidad de afectados por estas confiscaciones -en muchos casos hay más de un beneficiario para un mismo comprobante– y en la cual ha colaborado estrechamente el bufete de abogados. El siguiente paso serán las auditorías científicas, que tienen que determinar qué valor tenían entonces las pesetas y cuanto corresponde a cada familia con el cambio a euros. «Estamos ilusionados, pero un poco a la expectativa. El tema se ha utilizado como moneda de cambio entre partidos durante demasiado tiempo. Ahora tenemos una Ley que nos da seguridad jurídica, hay aspectos de esta más simbólicos, pero aquí hablamos de títulos que se depositaron en un banco», apunta Leire López, una de las letradas que está llevando las reclamaciones.
A pesar de las presiones de algunas formaciones, la abogada ve buena voluntad y predisposición por parte del gobierno español, que pretende de este modo seguir el ejemplo de otros países europeos como Francia, Italia o Alemania. Sin embargo, estos más de 300 títulos solo son una parte del total de dinero confiscado entre el 1938 y el 1941 por las autoridades franquistas. «Se les decía que les volverían el dinero cuando acabara la guerra y el gobierno se estabilizara, pero no fue así […] Muchos se han quedado por el camino, destruidos sin querer o utilizados por muchas familias como
La caja fuerte de la mercería
Un milagro evitó que la familia de Joaquim Gracia destruyera los cinco títulos obtenidos después de entregar al Banco de España decenas de miles de pesetas en 1939. Este dinero eran los ahorros de cuatro hermanas -entre las cuales su madre- y de la abuela, Paquita Marcet, que regentaba desde 1927 una mercería en el número 321 de la travessera de Gràcia. «Cuando venían los nacionales les tenías que entregar el dinero porque, si no lo hacías, te podía pasar ves a saber qué… Había mucho miedo», explica. Gracia conserva un recorte de prensa de
El negocio familiar -bautizado con el nombre de
«Una peseta de la época tenía mucho valor. A mi tía le ofrecían todo un chaflán junto a Pi i Margall casi por el mismo dinero que le confiscaron», asegura el hombre, que está capitaneando la cruzada familiar para recuperar el dinero requisado. Gracia confía que la inestabilidad política del Estado no trunque el proceso iniciado con las reclamaciones, evitando así de paso tener que comenzar una vía judicial que podría culminar a instancias europeas. «Sería atrasarlo todavía más todo. Los partidos y los sindicatos recuperaron en su momento los edificios. Incluso Negrín cobró… Nosotros hace más de 80 años que estamos esperando y el problema es que la gente se nos va muriendo por el camino«, lamenta y señala que prácticamente van a una baja por semana entre los miembros de la asociación.
Justicia contra reloj
Si no hay contratiempos, las auditorías de casos como los de las familias de Gracia o Jiménez tendrían que estar completadas a finales de año. Esto supone que a principios del 2025 se podrían empezar a ver las primeras devoluciones, que serían prácticamente automáticas. En el improbable caso que la demanda acabe con un silencio administrativo negativo, el equipo de Vosseler Abogados que asesora las familias se reserva el derecho a presentar un recurso de reposición o de altura antes de abrir la vía del contencioso–administrativo, un curso legal que atrasaría todavía más el proceso y que podría acabar con las reclamaciones decidiéndose en las instituciones europeas.
Sea como fuere, la dilatación en el tiempo de todo ha hecho que afectados cómo Capdevila -que murió en 2018 a los 88 años- no hayan vivido tiempo suficiente para poder ver como su reclamación llegaba a buen puerto. «Al principio, nadie daba un duro por nosotros. Mi madre pagaba de su pensión todos los gastos de la asociación. Si hemos llegado hasta aquí ha sido por ella», remarca su hija. A la espera de ver como acaba el proceso de retorno de las confiscaciones, Jiménez tiene claro que continuará la lucha de su madre hasta las últimas consecuencias y deja un recado para las autoridades: «Es una cuestión de voluntad. Si se hubiera agilizado todo ello, ahora no estaríamos hablando de tantos muertos».
