Más de 700 familias esperan un piso de emergencia social en Barcelona. Así lo acreditan los datos de la Mesa para la adjudicación de una vivienda de estas características del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que forman la Generalitat de Catalunya (60%) y el Ayuntamiento (40%).
En concreto, y según los datos de diciembre del 2023, 701 unidades familiares con un expediente positivo no disponían del piso al que tienen derecho. Lejos, de bajar, el porcentaje crece alrededor de un 5% respecto a diciembre de 2022 (671).
En tramitación, 751 expedientes
Las dificultades para conseguir un piso de emergencia en Barcelona se ha vuelto crónico. La espera es de unos dos años y medio. Las cifras todavía son más preocupantes porque la Mesa de Emergencia tiene en tramitación 751 expedientes, 734 de los cuales son antiguos y 17 entraron en diciembre de 2023. Los datos de enero todavía no se han publicado.
Por distritos, de las 701 unidades familiares -con una valoración positiva- pendientes de que se les sea adjudicado un piso, Ciutat Vella y San Martí son los territorios donde hay más, con 143 y 126 casos, respectivamente. En Sants-Montjuïc son 121; en Nou Barris, 111; en Horta-Guinardó, 89, y en el Eixample, 55. Por el contrario, el número de expedientes baja bastante en el resto de distritos, con 23 en San-Andreu; 18, en Gracia; 9, en les Corts, y 6 en Sarriá-Sant Gervasi.
Tres de cada cuatro pisos los pone el Ayuntamiento
A lo largo de los últimos años, el gobierno de Ada Colau ha denunciado la gran diferencia que hay entre los pisos que aporta el consistorio a la Mesa de emergencia social o los del gobierno autonómico. Según datos municipales de otoño del 2022 facilitadas a Metrópoli, entre 2016 y 2021 el Ayuntamiento facilitó 1.066 viviendas por 340 la Generalitat, es decir, la ciudad cede tres de cada cuatro pisos a la mesa. En septiembre de 2022, Colau dijo que a la Generalitat le faltaba por aportar un millar de pisos a la mesa de emergencia.
La imposibilidad de pagar el alquiler o la hipoteca, y los desahucios que muchas veces se deriva de ello, es una de las principales situaciones por las que las familias solicitan un piso de emergencia social. Este jueves, una mujer de 78 años fue desahuciada del piso en el que ha vivido los últimos 55 años en el barrio Gòtic porque debía 89 euros. El colectivo Resistim al Gòtic acusó directamente el Ayuntamiento de romper un acuerdo que tenía el visto bueno de la propiedad y Blanca, la vecina afectada. El pacto era que Blanca pagaba los 340 del alquiler y el consistorio se hacía cargo del resto, hasta llegar a los 1.000 euros que pedía la propiedad. La vecina ya tiene adjudicada una vivienda social adaptada para gente mayor, a la que podrá acceder en un año. De momento, la Blanca ha sido alojada en un establecimiento hotelero.
