La alcaldesa Ada Colau ha declarado este lunes por la querella impuesta por el fondo inversor Vauras, propietario del Bloc Llavors del barrio del Poble-sec, donde vivían familias vulnerables a las cuales desahució sin ofrecerles un alquiler social. Tal como ha informado el ACN, Colau ha dicho que no intervino en las sanciones impuestas por el Ayuntamiento a Vauras después de que no se les ofreciera alquiler social. Ha alegado que delegó todas las funciones en materia de vivienda y derechos sociales en los regidores y otros trabajadores municipales.
Tal como han señalado fuentes jurídicas a la ACN, la alcaldesa no ha dado muchos detalles sobre estos expedientes sancionadores. En este sentido, ha añadido que los servicios jurídicos establecieron los procedimientos a seguir. La declaración de Colau ha durado 15 minutos y no ha respondido a las preguntas de la acusación. Fuera de la Ciutat de la Justícia, un grupo de simpatizantes la han aclamado.
Sanciones de 400.000 euros
Por su parte, la regidora de Vivienda, Lucía Martín, y el del distrito de Sants-Montjuïc, Marc Serra, declararon el pasado viernes al juzgado que actuaron con legitimidad y legalidad. El juzgado los investiga a ellos, la alcaldesa y una trabajadora municipal por las sanciones de 400.000 euros que el Ayuntamiento impuso en su momento al fondo inversor. Los regidores y la funcionaria declararon que cumplieron la ley de vivienda que establece que los grandes propietarios tienen que ofrecer vivienda social en las familias que no pueden pagar el alquiler.
Hace unas semanas, Colau dio detalles de cómo había actuado el consistorio en aquel momento. “Para hacer cumplir la normativa requerimos a Vauras que, tal como establecía la ley catalana vigente entonces, si querían echar las familias se los tenían que ofrecer alquiler social. Estamos hablando de mínimos”, indicó la alcaldesa y añadió: “Vauras no respetó y, aplicando la ley, impusimos las sanciones pertinentes. A raíz de estos hechos llegó la querella contra el Ayuntamiento”.
