El Ayuntamiento de Barcelona ha escenificado este miércoles una respuesta política casi unánime a los últimos tiroteos mortales registrados en la ciudad. La Comisión de Presidencia, Seguridad y Régimen Interior ha aprobado varias iniciativas para hacer frente a la escalada de violencia vinculada al crimen organizado, entre las que destaca la petición al gobierno español para que reforme el Código Penal y endurezca las penas por tenencia ilícita de armas de fuego y por grandes cultivos y tráfico de marihuana.
La propuesta, impulsada por el gobierno municipal de Jaume Collboni, ha salido adelante con los votos favorables del PSC, Junts y PP, la abstención de Vox y el voto contrario de ERC y Barcelona en Comú. El texto recoge la demanda planteada en los últimos días tanto por el Ayuntamiento como por el Departamento de Interior: elevar de dos a cinco años la pena por posesión ilegal de armas de fuego e incrementar hasta un rango de entre seis y nueve años las condenas por grandes plantaciones y narcotráfico de marihuana.
Acuerdo para aumentar las condenas
El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha defendido que Barcelona afronta un “cambio de paradigma” en la tipología delictiva, marcado por episodios de violencia grave relacionados con el tráfico de drogas y las disputas entre grupos criminales. Según Batlle, a pesar de que los indicadores generales de criminalidad continúan bajando por tercer año consecutivo, los últimos asesinatos a tiros han tenido un fuerte impacto en la percepción de seguridad de la ciudadanía. El responsable municipal ha argumentado que las penas actuales son inferiores a las de otros países europeos y ha advertido del riesgo de que Cataluña se convierta en un polo de atracción para las redes criminales.
Discrepancias sobre la respuesta penal
El endurecimiento de las condenas ha generado discrepancias. Los Comunes consideran desproporcionado elevar hasta cinco años la pena por tenencia de armas y cuestionan que el castigo por tráfico de marihuana pueda acabar siendo superior al previsto para otras drogas más duras. ERC, por su parte, ha puesto en duda que aumentar las penas tenga un efecto real sobre la delincuencia y ha defendido reforzar la cooperación policial e internacional contra las redes de narcotráfico. A pesar de estas diferencias, una propuesta de los Comunes para revisar la proporcionalidad de las penas y reforzar los recursos de investigación también ha prosperado con un amplio apoyo.
Planes específicos para los barrios afectados
La comisión también ha aprobado por unanimidad una iniciativa de Junts que condena los últimos tiroteos y reclama la máxima contundencia policial, judicial y administrativa. Aun así, Batlle ha descartado convocar una Junta Local de Seguridad extraordinaria y ha emplazado a los grupos a la reunión prevista para el 20 de julio. Paralelamente, ha prosperado una propuesta de ERC para desplegar un plan integral de seguridad y convivencia en los barrios del Poble-sec y la Marina, dos de las zonas más afectadas por la preocupación vecinal a raíz de los últimos episodios de violencia vinculados al narcotráfico.
