Si el Tribunal Supremo avala la anulación de la tasa de recogida de residuos municipal dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Ayuntamiento de Barcelona tendrá un problema muy serio, puesto que podría tener que devolver los importes cobrados indebidamente a la ciudadanía a través del recibo del agua. Según datos de la liquidación de presupuestos de 2020 a 2022 y la previsión de ingresos de 2023, facilitadas al TOT Barcelona por el gobierno de Jaume Collboni y por el PP, la recaudación por esta tasa se dispara hasta más de 136 millones de euros.
La tasa de residuos se implantó en julio de 2020, en llena pandemia. Desde entonces, y de forma desglosada, el consistorio barcelonés ha ingresado 15,1 millones (2020), 40,5 (2021) y 40,2 (2022). Hasta el 26 de septiembre de 2023, la recaudación de la tasa supera los 29,5 millones y la previsión del ejecutivo es llegar a finales de año a los 40,2 millones, apuntan fuentes municipales. Por lo tanto, en total serán 136,1 millones desde julio de 2020 hasta diciembre de 2023. Los datos del PP, sacadas de la liquidación de presupuestos y de la propuesta presupuestaria de 2023, suben algo más, hasta los 137,2 millones.
“Son cerca de 140 millones de euros en tres años y medio. Pedimos que la tasa de recogida de residuos se elimine y que el gobierno haga una provisión contable para devolver este dinero a los barceloneses. La tasa se puso en marcha afanosamente recaudatorio”, dice la regidora popular Ángeles Esteller.
Trias se quedó corto con los cálculos
Hace unos días, el TOT publicó una estimación de TriasXBarcelona sobre los importes cobrados por la tasa de residuos tumbada por la Justicia. Según el partido del exalcalde, la cifra podía rondar los 50 millones de euros. Ahora, los datos de la liquidación de presupuestos y la previsión de ingresos de 2023 demuestran que la formación independentista se quedó muy corta en su valoración y la situación a la cual se puede enfrentar el gobierno de Collboni si el Supremo falla en su contra será muy preocupante.
La comisión de Economía y Hacienda de septiembre debatió una proposición del PP y un ruego de TriasXBarcelona sobre la tasa de residuos municipal. El teniente de alcaldía del área de Economía, Hacienda, Promoción Económica y Turismo, Jordi Valls, dijo que el gobierno de Collboni no derogará una tasa que ahora mismo “está dentro del ámbito de la Justicia”. Valls no comparte la sentencia, que recordó que afecta un volumen de la tasa de 15 millones de euros correspondientes a 2020. “Doy este dato tan solo porque es el único del cual hay una sentencia”. El teniente de alcaldía y exalcalde de Manresa pidió respeto por las resoluciones judiciales, pero también “por la capacidad de defensa que puede tener una administración pública”. El consistorio tampoco tiene previsto hacer una provisión de fondo porque la tasa todavía está
La derogación, pendiente del Supremo
Según Valls, las administraciones locales tienen que aprender a vivir, “nos guste o no, con la judicialización de las decisiones que toman. Como ya ha explicado lo TOT, en los años de Colau como alcaldesa, los contenciosos contra el Ayuntamiento se han doblado. “Creo que el más legítimo que tiene que hacer una administración pública si cruz firmemente el que ha planteado, es objetivable y es defendible, es defenderlo”. Ahora bien, reconoció que si el Supremo falla en contra del Ayuntamiento “tendremos que derogar esta tasa y tendremos que valorar si hay una reposición de fondo o no. Una cosa es anular la tasa y la otra es hacer una devolución individual de los recibos de cada una de las personas. Se tiene que estudiar. No tengo hoy en día una respuesta sobre esta parte”.
La tasa de residuos fue aprobada al plenario de febrero de 2020 con los votos favorables de la coalición de gobierno,-Barcelona en común y PSC- y ERC. El resto de formaciones políticas -Junts per Catalunya, Ciutadans, Barcelona pel Canvi y PP- votaron en contra. Según el Ayuntamiento, este tributo se destina “a fomentar la correcta gestión de los residuos domicilaris que se generan en la ciudad. Entró en vigor el 1 de julio de 2020 y su recaudación se destina a la mejora del servicio público de recogida de residuos domésticos. En comisión, Valls añadió que esta tasa no se ha puesto en marcha solo porque el Ayuntamiento lo plantea, sino porque hay un requerimiento de la Unión Europea, “vinculado a la economía circular y al cambio climático”.
Incentivar el reciclaje
Esteller, del PP, no comparte este punto de vista y asegura que no se paga en función de los residuos. “Se paga en función del consumo de agua y no tiene nada a ver si una familia no genera residuos o recicla porque paga este importe. Los parámetros sobre los cuales se ha articulado esta tasa son erróneos. Los objetivos no son justos. El que se tendría que hacer es potenciar la cultura del reciclaje con colaboración publico privada. Estamos por debajo de los estándares de Europa, que pide un 50% y nosotros estamos a un 40%. En los países nórdicos están al 90% y tienen unos instrumentos de colaboración publico privada que hacen que las personas que reciclan se los bonifique una parte del dinero. Pienso que en lugar de penalizar el que se tendría que hacer es incentivar el reciclaje. La gente paga la tasa y no sabe por qué la paga”.
Cuando se activó la tasa, la compañía Aigües de Barcelona presentó un recurso contencioso-administrativo contra el gravamen fiscal y la Justicia le dio la razón. A través del recibo del agua, los barceloneses pagan dos tasas de residuos, una de municipal por la recogida y una de metropolitana por el tratamiento. En su momento, el Ayuntamiento estimó que el 73,3% de los hogares de la ciudad pagarían entre 27 y 51 euros anuales por la tasa de recogida, a pesar de que hay muchas viviendas que pagan bastante más.
Luis Carmelo, de la asociación de Gent Gran del barrio del Bon Pastor, dice que la tasa se cobra a 557.000 hogares de la ciudad. Su estimación es que la cifra que tendría que devolver el Ayuntamiento si pierde ante los tribunales podría ser superior a los más de 136 millones, puesto que se tendrán que añadir los intereses pertinentes de estos años. En cualquier caso, él opina que los ingresos por la tasa pueden rondar los 175 millones y con los intereses llegar a unos 200 millones.
