Hace pocos días, el gobierno de Jaume Collboni ha visto que no podrá modificar la normativa del 30%, ya que Junts per Barcelona rompió las negociaciones. El presidente del grupo municipal, Jordi Martí Galbis, ha dicho en una entrevista con TOT Barcelona que el PSC no aceptó ninguna de las seis propuestas que pusieron sobre la mesa, en los términos que ellos las presentaron, y decidieron dejarlo. La revisión del 30%, que obliga a los promotores a destinar este porcentaje a vivienda social en nuevos edificios y grandes rehabilitaciones, era uno de los proyectos prioritarios de Collboni. Otro es aprobar la reforma de la Ordenanza de civismo. Según ha podido saber TOT Barcelona, la intención del ejecutivo socialista es llevar a aprobación inicial el texto a las comisiones municipales a mediados de julio. En el momento de publicar este artículo, todo apunta a que la oposición tumbará la ordenanza del gobierno, que, en grandes líneas, plantea un endurecimiento de la norma y más multas.
En principio, y a la espera de cómo avancen las negociaciones los próximos días, Junts per Barcelona y Barcelona en Comú podrían posicionarse en contra. Los primeros mantienen un conflicto abierto con el gobierno tras romper las negociaciones del 30% y no haber apoyado el reglamento de las pistolas Taser en el último plenario. Los Comuns ven el nuevo texto de la Ordenanza de civismo pasado de vueltas, con un incremento «alarmante» de las sanciones. Tampoco está claro que el PP lo apoye, ya que quiere una ordenanza aún más contundente y efectiva, garantizando que se cobren las multas. Y Vox cree que es insuficiente solo aumentar las multas.
En declaraciones al TOT, el concejal de ERC, Jordi Coronas, ha explicado que su grupo se ha comprometido con el gobierno a votar a favor de la tramitación inicial si su apoyo es necesario para sacar adelante la propuesta, ya que el alcalde ha aceptado buena parte de las alegaciones que ha presentado ERC. A lo largo del mandato, los republicanos han sido los socios principales de Collboni, con dos acuerdos de presupuestos y un pacto para formar un gobierno de coalición que, finalmente, no se concretó. Pero, a menos que otros partidos hagan reserva de voto (a la espera del plenario) o se abstengan, la revisión de la ordenanza se tumbará.
Junts, molesto con Batlle, ve difícil el acuerdo
Junts lleva semanas negociando con Collboni un acuerdo para aprobar la Ordenanza de civismo. De hecho, estas reuniones se han hecho en paralelo con las del 30%. El detonante del voto contrario de Junts sería la falta de respeto que el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, exhibió contra Junts y Martí Galbis en el plenario de la semana pasada. «No estoy en condiciones de avanzar nada, porque será una decisión que debemos tomar como grupo, pero Batlle dijo cosas de Junts y de mí mismo que son bastante incompatibles con llegar a acuerdos sobre esta materia», ha dicho Martí Galbis en la entrevista con el TOT. «Si tú quieres llegar a acuerdos con un adversario político, que puede ser tu socio en un tema puntual, es contraproducente insultarlo», ha añadido.
Batlle cargó contra Junts porque no aprobó el reglamento de las pistolas Taser. «Ha dejado tirada a la Guardia Urbana», dijo el concejal de Units per Avançar, y acusó a la formación independentista «de haber perdido la brújula del todo». Si finalmente se concreta el posicionamiento contrario de Junts, partidario de que se endurezca la norma, el alcalde perderá un apoyo importante para intentar sacar adelante el texto, ya que el partido de Martí Galbis es el que tiene más concejales en el plenario, 11 de 41.
Un grupo que, probablemente, votará en contra de modificar la Ordenanza de civismo es Barcelona en Comú. Durante el primer mandato de Ada Colau como alcaldesa, el entonces teniente de alcaldía, Jaume Asens, intentó hacer una revisión de la norma que planteaba una rebaja de las sanciones, pero no lo consiguió por la falta de apoyos. Ahora, los Comuns están en contra del endurecimiento que quiere el gobierno. «El incremento generalizado de las sanciones administrativas es alarmante. En muchos casos, las multas superan incluso las previstas en la Ley Mordaza, un hecho totalmente injustificado en una ordenanza municipal», dice el concejal Marc Serra. Por otro lado, Serra considera que la propuesta del PSC «estigmatiza y criminaliza la pobreza», ya que se mantienen sanciones contra personas sin hogar por dormir en la calle o hacer necesidades fisiológicas en el espacio público, «sin garantizar previamente servicios básicos como baños públicos o alternativas residenciales». El edil de Barcelona en Comú también critica que se refuercen las sanciones «contra expresiones culturales como los grafitis, criminalizando incluso acciones artísticas organizadas, en lugar de integrarlas dentro de una visión inclusiva de la vida urbana».
«Una oportunidad perdida», para los Comuns
Los Comuns presentaron una treintena de enmiendas al texto del gobierno, pero la mayoría no han sido aceptadas. «Proponíamos herramientas como una oficina de seguimiento, medidas alternativas a las sanciones, enfoques educativos y la despenalización de situaciones de vulnerabilidad… Barcelona merece una ordenanza que entienda la convivencia como una construcción colectiva, no como un catálogo de prohibiciones», valora Serra. En opinión de la formación, que en el Ayuntamiento encabeza Janet Sanz, la propuesta del gobierno «es una oportunidad perdida» para actualizar la norma, ya que no representa ninguna transformación profunda del modelo actual, «sino una actualización mínima que mantiene los mismos enfoques que la ordenanza de 2005».
El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, pide endurecer aún más la ordenanza. Sirera recuerda que el Barómetro municipal de este julio deja claro que el 83,4% de la ciudadanía ve el incivismo como un problema grave o muy grave. «Los agentes cívicos deben poder multar», defiende Sirera, que también exige que las multas se acaben cobrando. Ahora, un número importante de las sanciones se quedan sin pagar. Además, el concejal popular propone más contundencia contra los grafiteros. Sirera quiere que el Ayuntamiento cree un banco de firmas y tags para facilitar la localización de los autores de las pintadas, garantizar que las multas de estos se cobren y que limpien los desperfectos. El texto del PSC prevé que los grafiteros tengan que pagar la limpieza de los grafitis.
ERC pone el foco en las medidas alternativas
Coronas, de ERC, destaca en TOT que la actual ordenanza tiene dos décadas -el texto vigente se aprobó a finales de 2005- y ha quedado «desfasada». Aunque pueda no aprobarse, el concejal cree que la visión de que hay que revisarla es «unánime» de todos los grupos municipales. ERC está a favor de que se aumenten los importes de algunas sanciones, pero da mucha importancia a las medidas alternativas, especialmente en casos de menores y colectivos vulnerables. Con relación al intento de modificación que hicieron los Comuns en el primer mandato de Colau, Coronas dice que ERC se posicionó en contra porque dejaba mucho margen a la interpretación a la hora de multar.
«La ciudad está cansada de impunidad», valora Sirera
En declaraciones al TOT Barcelona, Sirera denuncia la parálisis del gobierno a la hora de tramitar la nueva ordenanza. «Los meses pasan y el gobierno no mueve ficha para aprobar definitivamente una Ordenanza de civismo más contundente y efectiva». Y añade: «La ciudad está cansada de impunidad, de ver cómo se orina en la calle, se hacen grafitis en el patrimonio público o se ocupa el espacio común sin consecuencias».
Preguntado sobre el sentido de su voto este julio, Sirera no ha querido concretar, y le ha devuelto la pelota al alcalde. «Dependerá de la voluntad de Collboni. Si quiere que la Ordenanza de civismo sea solo para hacer el paripé, que busque a otros. Si quiere una ordenanza que resuelva el problema, estamos dispuestos a hablar».
Insuficiente, subir solo las sanciones, valora Vox
El presidente de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, Gonzalo de Oro, sostiene que esta modificación de la ordenanza no es más que «otra campaña de marketing del PSC». A juicio de Vox, los gobiernos municipales de la ciudad de la última década han sido incapaces de mantener la ciudad segura, ordenada, con civismo y respeto por la ley. El concejal subraya que su partido no se conforma con una subida de las sanciones, y pide más Guardia Urbana y dotar a los agentes de los recursos necesarios. También plantea «acabar con las políticas de fronteras abiertas y el efecto llamada de la inmigración ilegal que promueve el Ayuntamiento».
