Jaume Collboni ya tiene lista la propuesta de modificación de la Ordenanza de civismo, un texto del cual se ha aprobado de momento en comisión de gobierno el anteproyecto, pero que para salir adelante necesitará obtener el apoyo de la mayoría del plenario. El texto que presenta el PSC supone un endurecimiento de la normativa, tanto en cuanto a la cuantía de las sanciones como en el hecho de que se incorporan nuevos supuestos. La intención del ejecutivo es que la ordenanza se pueda aprobar definitivamente en el plenario de los meses de noviembre o diciembre. Si finalmente es así, prácticamente tendrá lugar cuando se cumplan 20 años de la primera regulación, aprobada en diciembre de 2005.
La nueva ordenanza prevé un endurecimiento de la prohibición de los botellones, con el agravante si hay menores y la incorporación del veto de las «rutas etílicas», incluida la organización y la promoción. También se endurecerá la conducta de hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, con un agravante según el lugar donde se haga. Por ejemplo, en calles estrechas, espacios donde haya baños públicos, lugares concurridos o frecuentados por menores y en edificios o monumentos catalogados las multas serán más caras.
Rutas de grafiteros
Por otro lado, en el caso de las pintadas se obligará a las personas sancionadas a asumir los gastos de limpieza y desperfectos causados, al mismo tiempo que también se castigarán las rutas de grafiteros y la promoción y colaboración con estas. Según la comisionada de Convivencia Montserrat Surroca, se están dando casos de personas que viajan hasta Barcelona para hacer grafitis no autorizados. El teniente de alcaldía de Seguridad y Convivencia Albert Batlle ha destacado que un ejemplo claro son las pintadas en el metro.
Los importes de las sanciones
El importe de las sanciones varía mucho según las conductas prohibidas. Con la nueva ordenanza, hacer las necesidades fisiológicas en calles estrechas y donde haya baños públicos se incrementará y será de entre 300 y 750 euros. Y la promoción de las rutas alcohólicas se castigará con importes entre los 1.500 y los 3.000 euros. Las rutas de borrachera están prohibidas en Ciutat Vella y pronto lo estarán en el Eixample. Con la nueva ordenanza de convivencia quedarán vetadas en toda la ciudad.
Los botellones tienen el tope en la cuantía de la sanción que impone la ley de seguridad ciudadana -de rango superior a una ordenanza municipal-, con importes de entre 100 y 600 euros, pero el agravante por la presencia de menores puede aumentar lo que se tenga que pagar entre los 1.500 y los 3.000 euros. También en el caso de las pintadas, las sanciones tienen el tope de la ley estatal (entre 100 y 600 euros, incluidas la organización de las rutas de grafiteros), pero en la capital catalana cuando entre en vigor la nueva norma, el infractor deberá pagar la limpieza y, según el caso, se puede enfrentar a un delito penal.
Se denunciarán los actos contra la libertad sexual
El texto normativo incorpora también nuevas conductas prohibidas, algunas de las cuales son los actos incómodos y degradantes contra la libertad e indemnidad sexual en el espacio público (exhibicionismo o masturbaciones) y todo aquello que atente contra la dignidad de las personas. En cuanto al ruido, será un agravante las acciones incívicas en zonas tensionadas acústicamente. Y los propietarios de perros tendrán la obligación de diluir con agua las micciones de los animales. En caso de no hacerlo se enfrentan a multas que podrán llegar hasta los 300 euros.
La intención del gobierno de Collboni es lograr cobrar un mayor número de las sanciones que se impongan, ya que uno de los aspectos negativos de ahora es que muchas de las multas no se acaban pagando. Surroca dice que varía en función de la conducta, pero hay algunas que superan el 50%. Solo en el año 2018, el gobierno de Ada Colau dejó de ingresar unos 18 millones de euros, denunció entonces el presidente del grupo municipal del PP Alberto Fernández Díaz. Para lograr revertir la situación, el Ayuntamiento acelerará el proceso de cobro a las personas que viven fuera del Estado español e intentará que las multas se paguen en el momento que la Guardia Urbana las notifique a pie de calle, sobre todo los extranjeros, entre los cuales están los turistas. Otra novedad es que los descuentos por pagar inmediatamente las sanciones se reducirá. Mientras que ahora, la rebaja oscila entre el 65 y el 75%, en un futuro será solo del 40 o el 50%.
Collboni tendrá que decidir con quién quiere aprobar la ordenanza
Aunque Batlle ha dicho que la propuesta de normativa se ha trabajado con los grupos, es obvio que Collboni tendrá que decidir con quién quiere aprobar la ordenanza, ya que partidos como Junts per Barcelona y PP están a favor del endurecimiento, aunque seguramente presentarán alegaciones, o con Barcelona en Comú y ERC, más partidarios de hacer una norma no tan punitiva.
De hecho, durante el primer mandato de Colau, entre 2015 y 2019, los Comunes intentaron aprobar una modificación de la ordenanza a la baja y lo tuvieron que dejar correr ante la falta de apoyos. Cuando la primera Ordenanza de civismo se aprobó en 2005, el texto ya dividió al gobierno tripartito de Joan Clos, con el PSC y ERC votando a favor e ICV en contra. CiU también dio su apoyo, pero el PP se abstuvo al encontrarla demasiado suave.
A finales de año, lista
Una vez aprobado el texto en la comisión de gobierno de la semana pasada, se abre un período de alegaciones para los grupos municipales de dos semanas. La aprobación inicial se prevé que se vote en la comisión de Presidencia de mediados de junio. Si pasa el corte, se abrirá el período de información pública, y después, a finales de año, la aprobación definitiva, si no hay contratiempos.
