La reforma de la Ordenanza de Civismo es una de las grandes asignaturas pendientes que el gobierno de Jaume Collboni se ha propuesto sacar adelante, y parece que podría conseguirlo. Según han confirmado diferentes fuentes municipales a TOT Barcelona, las negociaciones están en la recta final y la normativa municipal podría ser aprobada en una comisión extraordinaria de Presidencia esta semana, con los apoyos de Junts per Barcelona y ERC. Será así si nada cambia la situación actual. En caso de superar el trámite de la comisión, la última sesión plenaria del año, prevista para el 19 de diciembre, podría suponer el visto bueno definitivo de la Ordenanza de Civismo, justo cuando se cumplen veinte años desde que vio la luz, en diciembre de 2005, y entró en vigor a principios de 2006. El texto fue pionero en el Estado español.
Collboni tiene suficiente con los votos de Junts para sacar adelante la ordenanza. El PSC y el grupo que preside Jordi Martí Galbis suman mayoría en el pleno municipal, 21 de los 41 concejales. Según ha adelantado El Periodico y ha confirmado TOT, la aprobación del texto estaría encaminada entre ambas formaciones. De hecho, este martes por la mañana Martí Galbis dará una rueda de prensa en la que podría anunciar este voto afirmativo y detallar los acuerdos a los que el partido ha llegado con el ejecutivo socialista, si no hay ningún cambio de última hora.
El otro tema destacado que Junts y Collboni habían negociado este mandato era la revisión de la normativa del 30% -que obliga a los promotores a destinar este porcentaje a vivienda social en las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones-, pero a finales de junio Junts anunció que rompía las negociaciones por la falta de intención del alcalde de llegar a un acuerdo real.
Estas negociaciones finales entre Junts y Collboni han tenido lugar con el telón de fondo del proceso abierto en la formación independentista para elegir al candidato a la alcaldía para 2027, con dos claros candidatos: el propio Martí Galbis, mano derecha de Xavier Trias durante años, y el vicepresidente de Junts, diputado en el Parlamento y concejal en el Ayuntamiento, Josep Rius. Tal como avanzó este diario, Rius se perfila como candidato, pero Martí Galbis quiere forzar unas primarias en las que tendría serias opciones de ganar. Rius es una persona muy cercana al presidente en el exilio, Carles Puigdemont.
ERC pide «una mirada social e inclusiva»
ERC también estaría cerca de garantizar su posicionamiento favorable a la reforma de la Ordenanza de Civismo. El concejal republicano Jordi Coronas ha condicionado el sí al hecho de que el texto final incorpore «una mirada social, inclusiva y centrada en la convivencia». Concretamente, ERC defiende priorizar la mediación y ampliar los equipos de intervención comunitaria; aumentar el catálogo de medidas alternativas a la sanción con una mirada restaurativa; que ninguna sanción administrativa perjudique a las personas inmigrantes en sus informes de arraigo; incorporar 100 agentes más a la Guardia Urbana, y establecer criterios de proporcionalidad e intervención social en todos los procedimientos sancionadores.
El pasado julio, la aprobación inicial de la Ordenanza de Civismo salió adelante con los votos favorables del gobierno de Collboni y ERC y con la abstención de Junts, PP y Vox. Únicamente Barcelona en Comú votó en contra, y ahora mantendrá la misma posición. Fuentes de los Comunes explican que les han rechazado el 80% de las alegaciones, por lo que hay poco margen para las negociaciones. Y añaden que el ejecutivo municipal no ha hablado con ellos de nada. En su momento, el edil de los Comunes Marc Serra reprochó al alcalde que haya apostado por pactar con la derecha a ver quién pone la multa más alta antes que buscar un acuerdo progresista, que apueste por la prevención y la resolución de conflictos.
Los Comunes intentaron reformar la norma sin éxito
Durante el primer mandato de Ada Colau, entre los años 2015 y 2019, el teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Jaume Asens, intentó modificar la normativa, con una clara reducción de las sanciones y poniendo el foco en la mediación, pero tuvo que dejarlo porque no contó con los apoyos necesarios.
Fuentes del PP han asegurado que el gobierno de Collboni tampoco ha negociado nada con ellos. Y todo parece indicar que la abstención inicial del grupo municipal que lidera Daniel Sirera se traducirá en un voto en contra. Para los populares, la normativa es un «fósil» y defienden la necesidad de garantizar el cobro de las sanciones, ya que ahora muchas no se pagan. En 2023 y 2024, solo entraron en las arcas municipales 5,1 millones (una cifra que incluye las rebajas aplicadas a las sanciones), de los 30,4 millones previstos, un 16%. Entre los motivos de los impagos, hay personas sin recursos -como los sin techo- y turistas.
También Vox votará en contra del cambio de la Ordenanza de Civismo, ha confirmado su presidente en el Ayuntamiento, Gonzalo de Oro. Vox no presentó ninguna alegación porque el gobierno de Collboni les dijo que no aceptarían ninguna. En julio, De Oro calificó la propuesta de normativa de cargada de ideología.
Los grafiteros deberán pagar la limpieza de las pintadas
Con el teniente de alcaldía de Seguridad y Prevención, Albert Batlle, al frente de la reforma de la Ordenanza de Civismo, el texto que el PSC dio a conocer la pasada primavera prevé un endurecimiento de la normativa, tanto en cuanto a la cuantía de las sanciones como en el hecho de que se incorporan nuevos supuestos. Entre otros, se perseguirá más el botellón, con un agravante si hay menores (entre 1.500 y 3.000 euros), y la incorporación del veto de las «rutas etílicas». También se castigará más hacer las necesidades fisiológicas en la vía pública, y en el caso de las pintadas se obligará a los grafiteros a pagar los gastos de limpieza y desperfectos causados.
El texto normativo incorpora también nuevas conductas prohibidas, algunas de las cuales son los actos incómodos y degradantes contra la libertad e indemnidad sexual en el espacio público (exhibicionismo o masturbaciones) y todo lo que atente contra la dignidad de las personas. En el caso del ruido, será un agravante el hecho de que las molestias tengan lugar en zonas tensionadas acústicamente. Y los propietarios de perros estarán obligados a diluir con agua las micciones de los animales. Si no lo hacen, se enfrentarán a una sanción de hasta 300 euros.
Partidos divididos y polémicas
Cuando se aprobó en 2005, la Ordenanza de Civismo ya dividió al gobierno tripartito de Joan Clos, con el PSC y ERC votando a favor e ICV, en contra. CiU también dio su apoyo, pero el PP se abstuvo al considerarla demasiado blanda. A lo largo de estas dos décadas, algunas modificaciones puntuales de la norma han levantado polvo. Por ejemplo, en 2011, PSC y CiU pactaron multar por ir desnudo o semidesnudo por las calles de Barcelona, un punto que terminó en el Tribunal Supremo. El alto tribunal avaló el veto a ir desnudo, pero no a ir semidesnudo (con bañador). En tiempos del alcalde Xavier Trias, en 2012, CiU y PP prohibieron totalmente la prostitución en las calles de Barcelona, un fenómeno que, sin embargo, aún existe, sin ir más lejos, en la ronda de Sant Antoni.
