El ejecutivo de Jaume Collboni tiene en la ordenanza de civismo un comodín para reducir el fracaso de la revisión del 30% –que no ha logrado llevar adelante y deja para próximos mandatos– o de los presupuestos, que tiene prorrogados. Los socialistas plantean una revisión al alza, con un incremento de sanciones que se duplica en el caso de orinar en la calle o que podría llegar a los 3.000 euros en el caso de las botellonas. Un endurecimiento de las sanciones que desde hace años pide Junts, que ha presentado 12 alegaciones a la ordenanza y ha avisado que no votarán a favor si el ejecutivo “acepta, por error o incompetencia, alegaciones contradictorias a las nuestras”.
La revisión que plantea Collboni se aproxima al discurso de Junts y endurece las sanciones por actos incívicos. Incrementa de 300 a 750 euros el máximo que la Urbana podrá cobrar a las personas que orinen en la calle, con especial atención a las calles estrechas, las zonas con baños públicos cercanos o de ocio nocturno. Las pintadas son el otro aspecto que está en el punto de mira de la revisión; en este caso, el gobierno propone sumar el costo de la limpieza a la multa. Junts también pide que el infractor “participe en los trabajos de limpieza y reparación de los espacios afectados”. En otras materias, las propuestas de Junts también exigen que los antecedentes incívicos consten «en los correspondientes informes de arraigo» para «garantizar una información fiel y rigurosa a las autoridades competentes en materia de extranjería».
El texto que presentó el gobierno de Collboni persigue especialmente las botellonas y las rutas de borracheras. Según la propuesta de gobierno, estas dos últimas acciones serán especialmente vigiladas en espacios frecuentados por menores; en estos casos las multas oscilarían entre 1.500 y 3.000 euros, según la propuesta del gobierno. El ejecutivo también ha planteado una reducción de los descuentos, que ahora oscilan entre el 60 y el 75% si se pagan antes, pero que podrían caer al 40 o 50%. El presidente del grupo municipal, Jordi Martí Galbis, que no ha entrado a valorar la cantidad de las sanciones, sí que ha pedido alargar dos años el plazo para entender que hay reincidencia y aprovechar la Ley de Seguridad Ciudadana “para aumentar las sanciones en el caso de las infracciones contra la libertad sexual, los grafitis, las botellonas cuando no sean menores y la venta ambulante ilegal”.
Facilitar el cobro de las multas
Martí Galbis cree que la ordenanza debe incidir aún más en el “cobro efectivo” de las sanciones –un aspecto que el mismo gobierno tiene sobre la mesa– y exige un mecanismo de “cooperación con otros países” para “facilitar el intercambio de información y la ejecución efectiva de sanciones”. La formación independentista también ha pedido un “plan de ejecución y evaluación de la ordenanza”, que la evaluación de la Ordenanza se haga cada cinco años de forma obligatoria y que los informes anuales, que ahora son anuales, pasen a hacerse cada seis meses. Desde Junts también proponen blindar el catalán en las campañas informativas vinculadas al civismo.
Martí Galbis ha reiterado que la ordenanza está “obsoleta” y ha exigido un cambio de mentalidad al gobierno municipal para que la ordenanza sea «útil y eficaz para mejorar la convivencia». Los ejecutivos de Colau y Collboni, ha criticado, “no la han aplicado con el rigor y la contundencia necesaria” y ha cuestionado que concejales del gobierno pasado se manifestaran al lado de la plataforma Top Manta. En este sentido, una de las alegaciones pide explícitamente la “prohibición expresa de que desde el mismo gobierno se puedan emitir mensajes institucionales, declaraciones públicas o actitudes que minimicen, relativicen, justifiquen o blanqueen conductas incívicas tipificadas en la ordenanza”.
El ejecutivo de Jaume Collboni pretende aprobar los cambios entre noviembre y diciembre de este año. La reforma planteada, que incrementa la dureza de las sanciones, hace pensar que el camino debe ir de la mano de Junts y el PP, pero el ejecutivo no descarta acuerdos también con ERC y BComú. La ordenanza de civismo actual se aprobó en 2005 ya con el tripartito de Joan Clos dividido. El PSC y ERC votaron a favor, junto con CIU, pero ICV votó en contra y el PP también, en este caso considerándola demasiado blanda. El primer gobierno de Ada Colau intentó una revisión a la baja, con especial atención a los colectivos vulnerables y la persecución del Top Manta, pero no lo logró.
