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Junts exige la retirada de la licitación municipal para detectar ‘fake news’
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Junts per Barcelona ha exigido «la retirada inmediata» de la licitación municipal que pretende detectar fake news sobre el Ayuntamiento y Barcelona, en palabras del presidente de Junts en el consistorio y candidato a la alcaldía, Jordi Martí Galbis. La reacción de Junts se ha producido tras la publicación de la noticia por parte del TOT Barcelona. También ha reaccionado la presidenta de ERC en el Ayuntamiento, Elisenda Alamany, quien ha pedido una rectificación».

El consistorio ha licitado un contrato para localizar “narrativas de desinformación” que afecten a los órganos municipales y la ciudad. El presupuesto base neto es de máximo 402.284,24, IVA incluido, para dos años, 2027 y 2028, aunque las cláusulas administrativas de la oferta pública prevén una posible prórroga de dos años, con lo cual el gasto podría ascender hasta los 800.000 euros.

«Esto no tiene precedentes en Barcelona. El gobierno de Collboni quiere gastar hasta 800.000 euros de los impuestos de los barceloneses para monitorear, filtrar y perseguir la crítica política en las redes sociales. No es una medida de transparencia. Es un mecanismo de censura. Y exigimos su retirada inmediata», ha valorado Martí Galbis.

Jaume Collboni, en el plenario de este viernes 25 de septiembre / Jordi Subirana

A juicio de Junts, la licitación «es absolutamente improcedente desde un punto de vista legal e institucional». «Que un ayuntamiento se erija en policía de la verdad digital es una injerencia inaceptable en el ecosistema informativo y una duplicación de funciones que no corresponde a ninguna administración local. Collboni se atribuye poderes que no tiene, y lo hace con dinero de todos».

Tal como ha explicado el TOT y recuerda Junts, el pliego técnico prevé que se puedan monitorear unas 100.000 menciones anuales en redes sociales y medios digitales, «combinado con diagnósticos preliminares mediante agentes de inteligencia artificial y propuestas de actuación que incluyen la eliminación automatizada o la solicitud de rectificación de contenidos». «Cualquier opinión crítica, protesta vecinal y discrepancia sobre la gestión municipal puede ser rápidamente etiquetada de ‘falsa’ o ‘engañosa’ para proteger la reputación del gobierno. Estamos hablando de un mecanismo para purgar la crítica política legítima de la ciudadanía. Esto no es luchar contra las fake news. Esto es silenciar la disidencia”, ha denunciado Martí Galbis. Junts llega a hablar de «prácticas propias de estados autoritarios, no de un ayuntamiento democrático».

Junts ha asegurado que adoptará todas las medidas a su alcance para detener la licitación y reclamará su retirada «por ser completamente improcedente, innecesaria y contraria a las libertades civiles básicas». “En lugar de fomentar el debate abierto y asumir la crítica como parte consustancial de la salud democrática, Collboni opta por gastar fondos públicos en contratar consultorías que filtran y señalan la disidencia digital. Esta licitación debe ser revocada”, ha concluido el presidente de Junts.

«Criterios muy dudosos», dice Alamany

Agregando el artículo publicado por el TOT Barcelona, Alamany ha publicado un tuit en la red X en el cual reclama al gobierno de Collboni una rectificación. Para la presidenta de ERC en el Ayuntamiento, la oferta pública, que puede suponer un gasto que puede llegar hasta los 800.000 euros, tiene «criterios muy dudosos». Y un presupuesto superior a prioridades como el plan de relevo generacional en el comercio, extraescolares o el plan de librerías», ha escrito.

En el artículo publicado el jueves por la noche, el PP y Barcelona en Comú ya alzaron la voz contra este contrato. En opinión del candidato del PP y presidente del grupo municipal, Daniel Sirera, la licitación supone “un atentado contra la libertad de expresión” porque se quieren “fiscalizar” las opiniones de la gente. “Una información puede ser verdadera o falsa, pero una opinión no puede considerarse desinformación simplemente porque no le guste al alcalde”, valoró Sirera.

El PP solicitará el expediente completo de contratación y llevará el caso a la Sindicatura de Greuges de Barcelona, la Autoridad Catalana de Protección de Datos y, si es necesario, los órganos competentes en materia de contratación pública para que examinen la legalidad del servicio y que no se vulnere ningún derecho fundamental. “No permitiremos que se utilice el dinero de todos para vigilar a quien critica el gobierno municipal”.

Desde las filas de Barcelona en Comú, la concejala y portavoz, Carol Recio, subrayó que le ha sorprendido que el gobierno de Collboni “se ponga la medalla como un gobierno que lucha contra las informaciones falsas cuando, precisamente, fomentan, mediante subvenciones públicas, pseudomedios o medios que publican deliberadamente fake news. Algunos han sido condenados judicialmente por esta nefasta praxis periodística. Pedimos a Collboni coherencia; si quiere luchar contra las fake news, que deje de subvencionar los medios que las publican”, dijo la número dos de la lista de Barcelona en Comú a las municipales del próximo año.

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