Junts per Barcelona, Barcelona en Comú y ERC se oponen al plan piloto del Gobierno de Salvador Illa de enviar mossos a los institutos. En este sentido, los tres grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona han forzado una comisión de Derechos Sociales -que aún no se ha calendarizado- contra la medida para que el alcalde Jaume Collboni se posicione. Los tres partidos consideran que la iniciativa del ejecutivo socialista «supone un cambio de modelo que puede convertir los centros educativos en espacios de control en lugar de espacios de confianza y aprendizaje».
La iniciativa de Illa pasa por desplegar agentes de paisano, sin armas, en una docena de centros educativos para reducir la conflictividad. El plan piloto del Gobierno ya ha sido criticado por sindicatos y profesores. La USTEC, el sindicato mayoritario del sector, ha dicho que era «un despropósito».
A juicio de Junts, Barcelona en Comú y ERC, la propuesta del Gobierno «abre un debate de fondo que va mucho más allá de una medida puntual, ya que implica un cambio de modelo en el papel de la policía dentro de los centros educativos». Los tres grupos alertan que, por primera vez, «se plantea que la policía pase de ser un recurso complementario y puntual a formar parte estructural del día a día de los institutos, un hecho que puede alterar la naturaleza misma del espacio educativo».
«Mecanismos de control»
Según los grupos políticos firmantes, «la introducción de agentes policiales como figura estable puede ser percibida como una sustitución de recursos educativos por mecanismos de control, en lugar de abordar las causas estructurales de los conflictos», y advierten que la transformación de los institutos en un espacio de vigilancia «puede deteriorar la convivencia y debilitar la relación educativa», y contribuir a la criminalización de conductas menores.
Junts, Barcelona en Comú y ERC quieren que el gobierno municipal se posicione y «defienden un modelo alternativo basado en la prevención y el fortalecimiento de los recursos educativos y sociales». Al mismo tiempo, plantean incrementar la presencia de educadores sociales, psicólogos y orientadores en todos los centros educativos, desplegar programas de educación socioemocional y de justicia restaurativa, e impulsar iniciativas de mentoría para el alumnado en situación de riesgo.
Retirada del plan
La votación de la comisión municipal se aprobará, ya que los tres grupos convocantes tienen mayoría, y insta al Gobierno a retirar el plan piloto, así como reafirmar que las políticas públicas para reducir los conflictos deben situar la educación, la comunidad y las oportunidades en el centro de la acción pública.
