El 17 de junio de 2023, Jaume Collboni fue investido alcalde de Barcelona con los apoyos extraños y casi imposibles de Barcelona en Comú y PP. Todo esto para bloquear el acceso a la alcaldía de Xavier Trias, ganador de las elecciones con 11 concejales y cerca de 150.000 votos del 28-M, y al independentismo por segunda vez después de la operación con Manuel Valls como protagonista del 2019 contra Ernest Maragall. En estos dos años, Collboni ha gobernado en solitario, con solo 10 ediles, cómodamente y sin demasiados quebraderos de cabeza. El sistema actual da mucho poder a los alcaldes, que pueden aprobar presupuestos anuales por la puerta trasera como ha hecho Collboni con las cuentas del 2024 y 2025. Los primeros salieron adelante a través de una cuestión de confianza y los segundos se prorrogaron. O cuando conviene, el líder del PSC cierra acuerdos con otros grupos, como fueron las ordenanzas fiscales del 2025, con un tripartito fiscal con Comunes y ERC que ponía el foco en la fiscalidad turística.
Este 2025, esta correlación de fuerzas podría verse alterada en dos temas, dos piedras en el zapato del alcalde que debe sacar adelante sea como sea. Por un lado, la modificación de la normativa del 30%, que obliga a destinar este porcentaje a las nuevas promociones de vivienda y a las grandes rehabilitaciones. Y por otro lado, la nueva Ordenanza de civismo, que prevé un endurecimiento de las sanciones y más conductas prohibidas. Aritméticamente, en ambos casos, Collboni tendría suficiente con el apoyo de Junts para aprobar los dos temas, ya que los dos partidos suman la mayoría del pleno, 21 de los 41 concejales, pero los socialistas tendrán que decidir con quién quieren hacer el camino y hasta dónde están dispuestos a ceder.
Las posibles alianzas
En el caso del 30%, al PSC no le quedará más remedio que llegar a un acuerdo con Junts, y de ser así los efectos irán más allá del 30%, ya que Junts exige una rebaja del IBI el próximo año. Los Comunes fueron quienes impulsaron la medida del 30% -según el alcalde, no funciona y ha paralizado la construcción de vivienda-, y se niegan a retocarla. Los republicanos descartan por ahora un acuerdo con Collboni porque la propuesta del gobierno debe servir para generar vivienda asequible en Barcelona. No obstante, no es un no tajante y ERC podría inclinarse por una abstención cuando se vote inicialmente la norma, aunque el posicionamiento final dependerá del texto que se presente. Y el PP no cree que la normativa del 30% deba modificarse, sino que debe eliminarse. En cuanto a la Ordenanza de civismo, el objetivo del gobierno es aprobarla con el máximo consenso, según las palabras expresadas por el teniente de alcaldía de Seguridad Albert Batlle. Pero la realidad es que las posiciones aún están alejadas, con el plenario dividido, cuando faltan 30 días para que la normativa se lleve a votación para la aprobación inicial. Si Collboni quiere el apoyo de los Comunes y ERC a su propuesta de Ordenanza de civismo tendrá que hacer concesiones y no centrarlo casi todo en las medidas punitivas.
Una rebaja del IBI, una condición obligada para Junts
Junts está dispuesto a modificar la normativa del 30%, pero la formación independentista no aceptará cualquier propuesta que le plantee el PSC, con los tenientes de alcaldía Laia Bonet y Jordi Valls al frente de las negociaciones. Según ha podido saber el TOT Barcelona de fuentes cercanas a las negociaciones, los juntaires están a la espera de recibir respuesta esta semana a las condiciones que pusieron a Collboni el pasado febrero. De estas iniciativas, hay una de obligado cumplimiento: una rebaja del IBI en 2026 para reducir la presión fiscal a las familias. Junts propuso un 4%. Según cuál sea la respuesta del gobierno a esta cuestión, el acuerdo para modificar la normativa del 30% estará más cerca o la puerta podría cerrarse definitivamente. Una rebaja del IBI del 4% supondría que el Ayuntamiento dejara de ingresar unos 30 millones de euros anuales. Para partidos como ERC, reducir el IBI podría convertirse en una línea roja en la votación.
Además, el partido que en el Ayuntamiento encabeza Jordi Martí Galbis exige al alcalde que reclame a la SAREB (Sociedad estatal de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) que ceda a la ciudad los 823 activos inmobiliarios de los que dispone en Barcelona y entre los cuales hay 567 viviendas. Junts también puso sobre la mesa la necesidad de que se ofrezcan préstamos del 20%, en colaboración con el Institut Català de Finances (ICF), para la compra de la primera vivienda, y aplicar criterios de vulnerabilidad en el tanteo y retracto en la compra de propiedades verticales, en lugar de criterios mediáticos. Junts se refiere a casos como la Casa Orsola, una finca del Eixample comprada hace meses por el Ayuntamiento y la Fundación Hàbitat 3 por 9,2 millones de euros, 3,2 millones más de lo que costaba en el año 2021. Por otro lado, el grupo municipal planteó al gobierno municipal ayudas al alquiler de hasta 3.500 euros para familias con menores a cargo. En la misma línea, Martí Galbis propuso ayudas para el acceso a una vivienda para familias monoparentales, «con la subvención del 20% de la renta del alquiler, con un máximo de 3.500 euros anuales».
Foment del Treball interviene para facilitar un acuerdo
Las negociaciones para modificar la normativa del 30% no se limitan al ámbito municipal. Foment del Treball, la patronal catalana, está interviniendo, buscando acercar posiciones entre Collboni y Junts. Su presidente Josep Sánchez Llibre explicitó el fracaso de la normativa del 30%, tal como informó el Món Economia. Los datos le darían la razón, ya que entre el 2019 y el 2024 solo se consiguieron 26 pisos a precios asequibles. Para los Comunes, «la presión que se ha ejercido las últimas semanas tanto desde el Cercle d’Economia, la patronal, el Círculo Ecuestre o Foment del Treball ha terminado provocando que Collboni no haya aguantado la presión: el 30% ya tiene desenlace que implica cargárselo con la derecha, Junts y quién sabe si también Vox», valoró el concejal Marc Serra.
La propuesta de modificar la normativa del 30% busca evitar que este porcentaje de viviendas que se destinen a pisos sociales no se tengan que hacer obligatoriamente en el edificio en construcción sino que se puedan trasladar a otro inmueble del mismo barrio o, incluso, a otra zona del mismo distrito. También se estaría estudiando la posibilidad de aumentar el número de metros cuadrados a partir de los cuales se debería aplicar la norma (ahora es de 600 m²) y reducir los casos de grandes rehabilitaciones en los que se aplicaría la medida, avanzó La Vanguardia.
La Ordenanza de civismo, la otra asignatura pendiente
La otra asignatura pendiente que Collboni deberá resolver este 2025 es la Ordenanza de civismo. De nuevo, en este caso, el PSC tendría suficiente con Junts para sacar adelante los cambios. Batlle se ha marcado como objetivo la aprobación definitiva a finales de año, pero a mediados de junio se deberá votar la previsión inicial. A grandes rasgos, el gobierno del PSC quiere incrementar el importe de algunas infracciones, introduce conductas nuevas que se prohíben y quiere garantizar el cobro de las sanciones, uno de los problemas principales de esta ordenanza, ya que muchos turistas vuelven a sus países sin abonarlas. Por ejemplo, los infractores tendrán que pagar más si son multados por hacer sus necesidades fisiológicas en calles estrechas o cerca de baños públicos (con sanciones entre 300 y 750 euros), se prohibirán las rutas etílicas en toda la ciudad (con multas entre los 1.500 y los 3.000 euros), y los grafiteros se verán obligados a pagar, además de la sanción, los costos de la pintada.
El optimismo de Batlle se contrapone con el hecho de que ahora mismo el gobierno no tiene los votos garantizados para sacar adelante la modificación de la Ordenanza de civismo. Para Junts, uno de los grandes problemas es cómo se garantizará el cumplimiento de una normativa más dura cuando ya se ha conseguido con la actual. ERC ve bien que se suban algunas sanciones hasta el máximo legal, pero defiende especialmente que el texto que se lleve a aprobación incorpore la corresponsabilidad, la mediación y las medidas alternativas. Los Comunes ven el endurecimiento de las multas excesivo y son partidarios de reforzar los servicios de mediación y convivencia y desvincular la ordenanza de las conductas de personas y colectivos en riesgo de exclusión social. El primer mandato de Ada Colau como alcaldesa, la normativa se intentó modificar y hacer una más laxa, pero el gobierno de los Comunes tuvo que desistir ante la falta de apoyos. Y el PP pide que la Ordenanza sea más contundente y se ponga el foco en perseguir a los reincidentes y se garantice el cobro de las sanciones. Para los populares, la mediación no sirve contra el incivismo.
Controversia desde los inicios
Si se cumple el calendario previsto por el gobierno, en caso de aprobar la normativa a finales de año, tendrá lugar en el vigésimo aniversario de la aprobación de la primera ordenanza. Ya en aquel momento generó mucha controversia, con el gobierno tripartito dividido: el PSC de Joan Clos y ERC a favor e ICV en contra; CiU, a favor, y PP, en contra, ya que los populares consideraban que la regulación era demasiado tibia.
