Los partidos políticos del Ayuntamiento ya piensan en las municipales de 2027. Y tarde o temprano, el no a casi todo lo que quiera aprobar el alcalde marcará la segunda parte del mandato municipal. Después de no haber aprobado ninguno de los presupuestos por la vía ordinaria y de haber fracasado en las negociaciones del 30% con Junts per Barcelona, Jaume Collboni tomará aire este miércoles si, finalmente, se concreta la aprobación inicial de la ordenanza de civismo, una normativa «desfasada», en palabras del presidente de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí Galbis, que data de hace 20 años y que se debe actualizar.
Básicamente, el gobierno de Collboni propone un endurecimiento de las multas y de las infracciones que pueden ser sancionables. Hace una semana y media, las negociaciones estaban atascadas y el ejecutivo socialista se enfrentaba a un nuevo fracaso. Pero, de momento, parece que lo logrará. Martí Galbis ha garantizado que su grupo -con 11 concejales- se abstendrá en la aprobación inicial de la comisión de Presidencia para facilitar su tramitación. Collboni no tiene suficiente con el gesto de Junts y necesitará el apoyo de otros partidos para que la propuesta de normativa supere el primer escollo. ERC, socio prioritario del PSC este mandato en el Ayuntamiento, podría votar a favor para facilitar que pueda salir adelante, y el PP valorará qué hacer, pero las fuentes populares consultadas por TOT Barcelona apuestan por una abstención. Los tres partidos mencionados han conseguido introducir enmiendas al texto socialista y no pondrán impedimentos. Si se cumplen estos pronósticos, solo votarían en contra de la modificación de la norma Vox y Barcelona en Comú, que considera que el incremento de las sanciones «es alarmante», dijo el concejal Marc Serra.
La abstención de Junts no presupone un voto favorable a finales de año
En una comparecencia de prensa, Martí Galbis ha subrayado que la abstención de su partido antepone los intereses de la ciudad ante un problema, el incivismo, que es una preocupación grave o muy grave para el 83,4% de la ciudadanía, según el Barómetro municipal de este verano. El objetivo de Collboni es que la normativa se pueda aprobar a finales de año. Pero que ahora Junts, el principal partido de la oposición, permita la tramitación «no presupone nada» de cara a la votación final. «No tenemos decidido qué haremos y no lo decidiremos hasta el final», ha valorado Martí Galbis. En una entrevista con TOT Barcelona, Martí Galbis dejó entrever que su voto podía ser en contra. Y lo argumentaba por el trato irrespetuoso que el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, había tenido con Junts en el plenario de junio.
Ahora, esta situación, se ha podido dar la vuelta, y Collboni salvará el primer match ball de la ordenanza y se diluye el fracaso del 30%. Precisamente, a esta cuestión se refirió el alcalde en una entrevista a Metrópoli el fin de semana pasado. Dijo que la revisión de la normativa del 30% (que obliga a los promotores a destinar el 30% de las nuevas edificaciones y grandes rehabilitaciones a vivienda social) la dejaba «en un cajón» hasta el siguiente mandato. De hecho, no podía hacer otra cosa después de que Junts rompiera las negociaciones. Del 30% también ha hablado el presidente de Junts. A su parecer, Collboni nunca ha sacado del cajón la modificación del 30% y lo ha acusado de ser el único responsable de que la norma no haya salido adelante. Junts ve intereses políticos y electorales. Martí Galbis opina que, después de las elecciones de 2027, Collboni quiere gobernar con los Comunes, y este partido es contrario a modificar el 30%.
Otros acuerdos entre Junts y Collboni
Este acuerdo entre Junts y PSC por la Ordenanza de civismo no es el primero que cierran ambas formaciones. A principios de mandato, Junts ya permitió que se aprobara una nueva ordenanza de terrazas. Y este mismo miércoles, Junts garantizará, en la comisión de Economía del miércoles, también la luz verde de la modificación de crédito que se rechazó en junio y que debe servir para garantizar la aportación municipal al financiamiento del transporte público y para aumentar el salario de los trabajadores del consistorio. Finalmente, la partida que se aprobará se acerca a los 100 millones. Además, los juntaires presentarán una proposición para que la ciudad tenga una ayuda al alquiler, con un presupuesto de seis millones de euros, destinada a las familias monoparentales y las personas de más de 55 años con problemas para pagar la vivienda, y a la cual Martí Galbis espera que el gobierno dé apoyo. La subvención sería para alquileres de 1.100 euros como máximo y tendría un tope de 400 euros al mes, unos 4.800 euros anuales.
Al regreso de las vacaciones de verano, el gobierno de Collboni tendrá que enfrentarse a los terceros presupuestos anuales, los de 2026, y a las terceras ordenanzas fiscales, sin tener garantizado ahora mismo que logrará aprobar ambas cosas por la vía ordinaria. En el presupuesto de 2024, Collboni tuvo que recurrir a una cuestión de confianza y los de 2025 se tuvieron que prorrogar. En ambos casos, solo ERC apoyó las cuentas del ejecutivo socialista. En cuanto a las ordenanzas fiscales, la oposición le rechazó las de 2024 y las de 2025 las aprobó con los votos favorables de Comunes y republicanos, que pusieron el foco en la fiscalidad turística.
La soledad del alcalde
A finales de 2025, solo quedará un año y medio para las elecciones municipales, y podría ser un buen momento en el que se escenificara el no de la oposición a casi todo lo que presente Collboni. De Junts, Barcelona en Comú, ERC, PP y Vox depende dar aire al alcalde, aprobándole los presupuestos, o agravar la soledad del alcalde que ha marcado todo el mandato.
