El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha expresado este viernes su apoyo a la propuesta del Departamento de Interior para endurecer las penas asociadas a la tenencia ilegal de armas de fuego y a los grandes cultivos y al tráfico de marihuana. La iniciativa llega en un contexto marcado por el aumento de la preocupación institucional por los episodios violentos vinculados al crimen organizado, especialmente después de los diversos tiroteos mortales registrados en el área metropolitana durante las últimas semanas.
Según ha explicado el alcalde, el Ayuntamiento ya ha trasladado esta propuesta al gobierno español para que sea estudiada en el marco de una eventual reforma del Código Penal. La iniciativa coincide con la planteada por la consejera de Interior, Núria Parlon, que este jueves anunció la voluntad de elevar las penas por posesión de armas de fuego de los dos años actuales hasta los cinco, e incrementar las condenas por los grandes cultivos y el tráfico de marihuana del actual rango de entre uno y tres años hasta uno de seis a nueve años.
La receta de la multirreincidencia
Collboni ha defendido que la misma fórmula aplicada contra la multirreincidencia puede servir ahora para afrontar la actividad de las organizaciones criminales. Según ha argumentado, la combinación de más recursos policiales, refuerzo de los juzgados y modificaciones legislativas ha contribuido a reducir determinados delitos en la ciudad. “Hay que afrontar el problema con determinación”, ha afirmado el alcalde, que ha reivindicado la seguridad como una de las prioridades del mandato. En este sentido, ha insistido en que las administraciones deben coordinarse para responder a fenómenos delictivos que a menudo superan el ámbito competencial municipal.
Cuatro muertos en dos meses por tiroteos en Barcelona
La posición de Collboni llega solo dos días después de que el alcalde expresara públicamente su preocupación por el tiroteo mortal en la calle Balmes, cerca de una comisaría de la Policía Nacional. Ese mismo día ya reclamó más presencia policial y un endurecimiento de las penas relacionadas con las armas y el tráfico de drogas. Los últimos episodios violentos han acelerado el debate sobre la respuesta penal al crimen organizado: según los datos facilitados por los Mossos d’Esquadra, los asesinatos con arma de fuego registrados este año en Cataluña estarían vinculados principalmente a disputas entre grupos criminales relacionados con actividades ilícitas, especialmente el narcotráfico. Ahora, con el apoyo explícito del Ayuntamiento de Barcelona a la propuesta de la Generalitat, la presión se traslada al Congreso de los Diputados, que es quien tiene la competencia para impulsar cualquier reforma del Código Penal en esta materia.
