A lo largo de las casi dos décadas de vigencia de la Ordenanza de civismo, que comenzó a aplicarse a inicios de 2006, esta ha generado numerosas controversias políticas y sociales. Ya cuando se aprobó, a finales de 2005, lo hizo con el gobierno tripartito de izquierdas, encabezado por Joan Clos, dividido. PSC y ERC votaron a favor, junto con CiU, mientras que el PP de Alberto Fernández Díaz se abstuvo al considerarla demasiado suave. En tiempos del alcalde Xavier Trias, las multas a las personas sin hogar originaron un enfrentamiento entre el gobierno convergente y la entonces síndica de agravios Maria Assumpció Vilà, que recriminaba el sinsentido de sancionar a estos ciudadanos por dormir u orinar en la calle. Y durante el primer mandato de Ada Colau, los Comunes tuvieron que dar marcha atrás en el intento de hacer una normativa más laxa por la falta de acuerdos políticos.
Ahora, es el gobierno de Jaume Collboni quien quiere revisar la Ordenanza de civismo y endurecerla, con el objetivo de que sea aprobada el próximo verano. Y todo apunta que, de nuevo, al alcalde le costará llegar a un consenso amplio para aprobar el nuevo texto, con posicionamientos antagónicos entre las fuerzas políticas municipales. Dicho de otra manera, los socialistas deberán decidir con quién quieren aprobar la nueva norma, con Comunes y republicanos, como hacen en la mayoría de iniciativas, o buscando un acuerdo con Junts per Catalunya-Trias per Barcelona, ya que PSC y juntaires suman 21 concejales y tienen la mayoría en el pleno. Donde sí están de acuerdo los partidos es en que hay que revisar una ordenanza que, con el paso de los años, ha quedado obsoleta.
Un endurecimiento general de las multas
A grandes rasgos, el borrador que el gobierno municipal ha enviado a los grupos municipales plantea un endurecimiento general de las multas y pone el foco en los botellones con menores -lo cual será un agravante, con importes entre los 750 y 1.500 euros-, orinar en la calle -hasta los 750 euros-, las llamadas rutas alcohólicas –con sanciones entre los 1500 y los 3.000 euros- o los grafitis -hasta los 600 euros-. E incorpora como conductas sancionables el exhibicionismo, la masturbación y las expresiones verbales que pueden ser humillantes o degradantes para una persona, los tocamientos y los roces. Además, el PSC quiere reducir el descuento por pagar una sanción anticipadamente. Mientras ahora es de entre el 65% y el 70%, en un futuro podría ser de entre el 40% y el 50%. También se quiere agilizar los trámites para mejorar el cobro de multas a extranjeros (principalmente turistas). Uno de los grandes problemas que ha tenido la normativa estas dos décadas es que muchas de las denuncias impuestas no se han cobrado, con pérdidas millonarias para las arcas municipales. A finales de 2022, por ejemplo, solo se pagaban el 37% de las multas.
El PSC, incapaz de detener «la degradación», dice Junts
Desde Junts per Catalunya-Trias per Barcelona, están de acuerdo en que hay que actualizar la Ordenanza de civismo. «La actual es de 2006, y hay que adaptar muchos de sus preceptos a la nueva realidad que vivimos en la ciudad», argumenta el presidente del grupo municipal Jordi Martí Galbis. «Pero al final, el problema no será tanto la norma como quién está al frente del gobierno municipal para hacerla aplicar -opina el concejal juntaire-. Y aquí tenemos a los socialistas, Collboni y Albert Batlle, que están fracasando en este campo al menos desde hace cinco años, que es desde que tienen ellos la responsabilidad política de la prevención, la seguridad y la Guardia Urbana en Barcelona. Han sido incapaces de detener la degradación y la mala convivencia y el incivismo que sufrimos en la ciudad. La gente de cada vez más barrios de la ciudad se siente abandonada y muy decepcionada».
Los Comunes piden más servicios de mediación
Solo hacerse público el borrador, Barcelona en Comú ya se posicionó en contra. Según el concejal Marc Serra «el PSC hace un enfoque punitivo que obvia por completo las recomendaciones del síndic de greuges y la necesidad de reforzar los servicios de mediación y convivencia», con un endurecimiento que “sitúa la ordenanza al umbral de la misma Ley Mordaza”. «Una vez más el alcalde Collboni muestra mano dura con los vulnerables y mano extendida con los lobbies«, valora Serra. En la línea de lo que dice el síndic David Bondia, que ha planteado hacer una ordenanza «menos punitiva», los Comunes defienden desvincular la ordenanza de las conductas de personas y colectivos en riesgo de exclusión social para evitar el doble proceso de estigmatización, abordar la convivencia y el espacio público con más agentes de mediación y dotar la ciudad de equipamientos necesarios para evitar algunas de las conductas sancionadas por la Ordenanza, como aumentar la red de WC públicos, abriendo servicios de duchas públicas o asignando espacios a grafiteros. Los Comunes han pedido la comparecencia del síndic en la comisión de Seguridad del miércoles para que explique el informe que ha elaborado.
ERC defiende la corresponsabilidad, la mediación y las medidas alternativas
Jordi Coronas, concejal de ERC, no ve mal que se suban algunas sanciones hasta el máximo legal. Pero los republicanos defienden especialmente que el texto que se acabe aprobando incorpore la corresponsabilidad, la mediación y las medidas alternativas. Coronas dice que no solamente se trata de que la ciudadanía haga y la administración sancione. «Tiene que haber una corresponsabilidad». Y esto afecta también a algunos operadores en el uso que se hace del espacio público y la convivencia. En cuanto a la mediación, Coronas no cree que los problemas de convivencia deban resolverse solo a golpe de sanción. «Muchas veces se ha demostrado que la mediación es una herramienta muy positiva para mejorar los problemas de convivencia». Desde ERC, también se ve de gran importancia que la normativa incorpore medidas alternativas a la sanción.
«La ordenanza tiene un elevado incumplimiento en el pago, y las medidas alternativas tienen también un componente educativo. Pueden ser muy útiles». Por otro lado, ERC tiene intención de hacer un análisis a fondo del texto en aquellas cuestiones que plantee la ordenanza y ya estén contempladas en la Ley de seguridad ciudadana. «La doble penalización no tiene sentido. Hay cuestiones como la prostitución que tenemos que mirar. No creemos que el planteamiento que se hace encaje con lo que nosotros entendemos que es convivencia. Y también lo que se define como mendicidad coactiva. Se debe hacer un refuerzo social positivo», destaca Coronas, para quien el gobierno de Collboni debe decidir con quién quiere aprobar la ordenanza: «Con las derechas o con una fuerza progresista como es ERC».
El PP quiere que los agentes cívicos puedan multar
En las antípodas de Barcelona en Comú se sitúa el PP, que coincide con algunas de las propuestas hechas por el PSC. «Pediremos incrementar las cuantías de todas las sanciones, incluyendo el consumo de alcohol en la calle o a quienes hacen sus necesidades fisiológicas en la vía pública. También pedimos poner fin a las rutas de borrachera», dice el presidente del PP en el Ayuntamiento Daniel Sirera. Por otro lado, el PP quiere que quienes hagan grafitis o pintadas sean quienes «limpien los destrozos, para que conozcan de primera mano el daño que han causado». Sirera también considera que para acabar con el incivismo es necesario dotar a los agentes cívicos de autoridad para poder multar. Y en el caso de las infracciones cometidas por menores, sostiene que sean los padres o tutores quienes paguen las faltas cometidas por sus hijos.
Vox pone el foco en los infractores reincidentes
En opinión del presidente de Vox en el Ayuntamiento Gonzalo de Oro Pulido, parece que el PSC está condicionado por las aportaciones de los Comunes y ERC como socios preferentes. «No es aceptable que ERC y los Comunes quieran una Ordenanza de civismo débil y poco contundente, influida por su ideología, que reduzca la severidad de las sanciones. Esto podría desvirtuar su efectividad, especialmente cuando la inseguridad y el incivismo son problemas capitales en nuestra ciudad», subraya. La propuesta socialista «es un fraude para los vecinos, ya que muchas de las aportaciones realizadas no se recogen en el borrador final», añade el concejal, partidario de que la ordenanza que se apruebe sea «firme y contundente contra los incívicos, con sanciones severas», especialmente para los infractores reincidentes que cometen infracciones graves (como pintadas, venta ambulante o prostitución en la calle). Vox es partidario de priorizar siempre la sanción económica, pero que en caso de insolvencia ve bien ofrecer medidas alternativas a través de servicios a la comunidad, como la limpieza de pintadas o trabajos sociales, entre otros.
Trias y PP aprobaron el veto a la prostitución en 2012
Desde 2006, la Ordenanza de civismo ya ha sufrido modificaciones puntuales. Una de las más significativas fue la prohibición de la prostitución en la calle, con un acuerdo entre el PP y el gobierno de Trias en 2012. Previamente, en 2011, el plenario había vetado el nudismo y el seminudismo. Pero en 2015, el Tribunal Supremo obligó al Ayuntamiento a rehacer estos artículos. El alto tribunal avaló la prohibición del nudismo, pero consideró imprecisas las medidas de ir «casi desnudo». Y a principios de 2023, la normativa se modificó para aprobar restricciones horarias al uso de los monopatines en la plaza de los Ángeles.
