Los cambios en la obligatoriedad de reservar un 30% de las nuevas promociones y reformas en vivienda protegida se han erigido como una de las grandes piedras en el zapato, y a la vez un buque insignia, del ejecutivo de Collboni para el segundo tramo del curso político en la capital. El alcalde se ha propuesto liquidar antes del verano una de las carpetas más urgentes que tiene sobre la mesa, y también de las más mediáticas. El socialista superó a Ada Colau en las últimas elecciones por 300 votos y dos promesas sonadas: revertir la pacificación de la ronda de Sant Antoni y revisar el 30%, dos proyectos clave del ejecutivo de Colau. El PSC votó a favor de la norma en 2019, pero ya en campaña prometió al sector inmobiliario -en un desayuno preelectoral- “flexibilizarla” y al resto de la sociedad “hacerla efectiva”. Dos años después, el texto sigue siendo el de los Comuns, y de entrada, Collboni tiene más cerca pactar los cambios con Junts. Pero ERC, que por ahora niega conversaciones formales, también ha manifestado la necesidad de hacer cambios y lo observa de cerca.
Collboni, en minoría histórica, con solo 10 de los 41 concejales, tiene suficiente con el partido liderado por Jordi Martí Galbis para hacer efectivos los cambios del 30%, pero anhela acuerdos transversales que le permitan ir a las urnas, en el año 2027, con la bandera del pacto bajo el brazo. Sin posibilidad de acuerdo con el PP y los Comuns, unos porque quieren eliminarlo todo y los otros porque no quieren tocar nada, Collboni cita a Junts y ERC a la mesa de negociación. Un acuerdo entre socialistas, juntaires y republicanos -una combinación nada habitual- supondría una alianza inédita este mandato y permitiría al gobierno fijar una mayoría en una cuestión clave que siempre se ha resistido. Collboni aprobó las últimas ordenanzas fiscales con ERC y BComú, y la tasa de terrazas con Junts, pero aún no ha podido aprobar ningún presupuesto por la vía ordinaria ni tampoco otra medida relevante, la reforma de la ordenanza de convivencia.
En todo caso, la carambola no es simple. Junts ha elevado sus exigencias para pactar el 30%, entre otras, pidiendo una rebaja del IBI del 4% –Tiras ya lo fijó como condición antes de irse en unas ordenanzas fiscales- que sería efectiva en todo caso en 2026. “Estoy dispuesto a buscar una fórmula que haga posible bajar el IBI a las familias y las pymes de Barcelona si al mismo tiempo aumentamos la presión fiscal turística para garantizar los ingresos públicos”, ha dicho Collboni, abriendo la puerta, el pasado jueves en una entrevista en TVE.
Pendientes de la rebaja del IBI
La rebaja del IBI marca los últimos días de negociación con Junts, que consultado por este diario descarta hacer comentarios hasta que haya novedades. Pero aceptar la petición de Junts podría hacer caer la idea de un acuerdo transversal que incluya a ERC en la ecuación. “No hace falta que se hagan trampas al solitario”, ha apuntado recientemente uno de los portavoces republicanos, Jordi Coronas, en las redes. “El alcalde ya sabe que las políticas y las soluciones que proponemos en materia de vivienda ERC y Junts se parecen como un huevo a una castaña”, ha escrito. En conversación con este diario, la referente de vivienda del grupo municipal, Eva Baró, también lo deja entender: “Nosotros no nos posicionamos sobre rumores o posibilidades, porque tampoco sabemos qué hay de sólido detrás de estas declaraciones. Antes queremos conocer los detalles de los cambios en el 30%, pero, si se acabara confirmando, ¿la reducción del IBI es una propuesta que nos gusta? No, está claro que no. Planteamientos como estos no son un punto a favor y ya permite intuir el posicionamiento”.
En la línea de la presidenta del grupo, Elisenda Alamany, que en una entrevista en TOT avisaba a Junts y PSC que “no cuenten con nosotros” para bajar impuestos, Baró recuerda que ERC “tiene una visión totalmente diferente de la ciudad y de los recursos públicos” a la de Junts. En todo caso, los republicanos niegan cualquier negociación con el gobierno. Una afirmación que ha repetido Collboni recientemente. Si en la entrevista del jueves en TVE el alcalde remarcaba que “también se está negociando con ERC”, más tarde, durante la conversación con el TOT, Baró insistía en que “hace semanas” que no hablan del 30%. “Forma parte de la gesticulación pública que han tenido que hacer, pero hace semanas, muchas semanas, que no tenemos ningún tipo de interlocución sobre este tema”, sentencia.
Un camino lleno de giros
Los cambios del 30% harían aún más grande la brecha con los antiguos socios de gobierno, Barcelona en Comú, a quienes Collboni ha estado buscando el primer tramo de mandato para aprobar presupuestos y ordenanzas fiscales; pero fijaría al mismo tiempo un nuevo precedente acordando con Junts un tema troncal del mandato. Hasta ahora, el alcalde había ganado tiempo cediendo el protagonismo del 30% a un grupo de expertos liderados por Carme Trilla, que ha minimizado, eso sí, las aspiraciones preelectorales del PSC. La apuesta inicial de Collboni era retirar la obligatoriedad del 30% de las grandes operaciones de rehabilitación y planteaba que los promotores privados pudieran pagar el importe equivalente al 30% al Ayuntamiento para que fuera la propia administración quien lo construyera.
La propuesta de Trilla borra esta idea y plantea un nuevo contexto a medio camino entre el redactado actual y las exigencias empresariales. Los promotores querían que la norma eliminara la obligatoriedad de destinar el 30% en aquellas fincas que se reforman enteras, pero el grupo de expertos lo ha ignorado. Mantiene requisitos como la incorporación del 30% en reformas que ganan 600 metros cuadrados, pero flexibiliza otros aspectos como la construcción forzosa del 30% si no se cambia el tejido original de la finca, entre otros. El otro aspecto polémico de la reforma, y epicentro del bloqueo de los Comuns, es la posibilidad de trasladar los pisos asequibles nuevos “de una parcela a otra”, siempre dentro de un mismo distrito. Los detractores, los mismos Comuns y algunas entidades de defensa de la vivienda, insisten en que un cambio así situaría el 30% en los barrios periféricos, que todavía tienen posibilidad de crecer, cuando la necesidad de crear vivienda asequible es sobre todo en el centro.
Sea como sea, aún queda por ver si PSC y Junts desbloquean la rebaja del IBI y qué acaba concretando el texto que finalmente llevan a la comisión de vivienda. Si se aproxima al estudio liderado por Carme Trilla o si hace virar algunas propuestas hacia los intereses del sector. La idea del PSC es resolverlo pronto. De hecho, Collboni ya ha verbalizado que espera poder votar los cambios sin dilatar más los plazos. «Si puede ser, en la próxima comisión, porque es un tema que hay que abordar ahora», mencionó a inicios de mayo. Un aspecto que Junts entendió como una presión. «Los ultimátums son una mala opción y recordamos que no tiene mayoría absoluta», respondió Martí Galbis. Un mes más tarde, acercan posturas en silencio a la espera de poder anunciar un acuerdo pronto.
