El mismo día que el gobierno de Jaume Collboni y Barcelona en Comú se han distanciado y no han cerrado un acuerdo para los presupuestos de 2026, el ejecutivo del PSC ha apoyado una proposición de los Comunes que reclama «activar los procedimientos administrativos y jurídicos que sean necesarios para realizar el cobro de las multas» por incumplir la reserva del 30% a vivienda protegida en las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones que se han ejecutado en Barcelona en los últimos años.
El texto se ha aprobado con el apoyo de los Comunes, PSC y ERC, mientras que Junts se ha abstenido y PP y Vox han votado en contra. La propuesta subraya que las multas pendientes de cobro a los «infractores» son de tres millones de euros y pide también una campaña de inspección para comprobar el cumplimiento de la norma en los 59 edificios de más de 600 m² que, apuntan, fueron objeto de compraventa entre privados en 2024.
Según Barcelona en Comú, la iniciativa «debe servir para aflorar el fraude de las obras fraccionadas en edificios que buscan eludir la correspondiente licencia de gran rehabilitación». La presidenta del grupo municipal de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento, Janet Sanz, ha reivindicado que es una medida efectiva contra la especulación y ha reprochado al gobierno municipal «no estar tramitando los expedientes» por incumplimientos.
Junts rompió las negociaciones para revisar la norma del 30%
Por su parte, la teniente de alcaldía de Urbanismo, Laia Bonet, ha defendido que el gobierno está «cumpliendo la legalidad vigente». «Lo hacemos y lo seguiremos haciendo», ha insistido.
Inicialmente, el gobierno del PSC tenía la intención de revisar la normativa del 30%, aprobada con Ada Colau como alcaldesa, porque había paralizado el mercado de construcción de viviendas en Barcelona. La idea era llegar a un acuerdo con Junts, pero finalmente el grupo que lidera Jordi Martí Galbis rompió las negociaciones con Collboni. Junts mostró una «desconfianza» total con el alcalde y el PSC y expresó sus dudas de que los socialistas quisieran llegar a un pacto «real» para modificar el 30% por cálculos electorales.
