El Ayuntamiento de Barcelona planea instalar 500 cámaras de videovigilancia en las zonas más conflictivas de la ciudad para ayudar a prevenir delitos y mejorar el control de los puntos críticos detectados por las fuerzas de seguridad. Así lo ha explicado el concejal de Seguridad, Albert Batlle, en una entrevista en SER Catalunya. Batlle lleva tiempo insistiendo en que las calles de Barcelona necesitan más cámaras —actualmente solo hay 160, muchas menos que en otras grandes ciudades europeas— y el consistorio trabaja para añadir 500 más en una “primera fase” que duraría tres años, es decir, hasta el final del mandato.
El concejal de Seguridad considera “insuficientes” las cámaras que hay desplegadas en la capital catalana e insistió en que se instalarán donde se producen más delitos. El pasado mes de agosto, el mismo Batlle reconocía que su área quiere poner más videovigilancia en las calles porque “es un elemento imprescindible de colaboración con las fuerzas policiales” y ayudan a luchar más “eficazmente” contra la delincuencia. “No podemos poner un policía en cada esquina”, argumentaba hace unas semanas en una entrevista betevé. De hecho, la intención de Batlle es que los Mossos puedan acceder a las imágenes en directo de las cámaras.
El veterano político ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía para evitar que se extienda la sensación de que Barcelona se convertirá en un Gran Hermano. El concejal recordó que no se pueden instalar cámaras de videovigilancia sin antes superar un procedimiento “muy riguroso” que incluye la aprobación de la medida por parte de la Comisión de Videovigilancia, que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
El ‘Gran Hermano’ del metro de Barcelona
La instalación de cámaras de videovigilancia no es solo una cuestión de la superficie. En el metro de Barcelona también hay una imponente red de “cerca de 10.000 cámaras” para reforzar la seguridad. “Es un sistema de videovigilancia que mejora la seguridad porque permite ver lo que está pasando en trenes y estaciones, y evita la impunidad porque cualquier acto incívico o delictivo queda registrado y se puede identificar al autor”, defendía este verano la presidenta de TMB, Laia Bonet.
La operadora anunció un contrato de 168 millones de euros para gestionar la seguridad en el metro durante los próximos cuatro años. Securitas y Prosegur serán las empresas encargadas de llevar la videovigilancia. También incluye una plantilla de 800 agentes de seguridad, 50 más que hasta ahora, y más de cinco millones de horas de servicio, un 5% más.
