El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado pedir a la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra que elaboren un plan contra las bandas juveniles delictivas. Lo ha hecho por mayoría en el pleno que se está celebrando este viernes por la mañana, donde la propuesta presentada por Junts ha recibido el visto bueno de todos los grupos -ERC, PSC y PP-, con la excepción de los Comuns y Vox, que se han abstenido. De hecho, tanto los republicanos como el gobierno socialista han participado en la redacción final del texto de la proposición, lo que ha garantizado que esta acabara adelante.
El presidente del grupo municipal de Junts, Jordi Martí Galbis, ha sido el encargado de defender la propuesta, señalando que se necesita presión policial, políticas de prevención y reinserción social y cooperación judicial y policial «para desarticular los clanes balcánicos» que están instalados en la capital catalana y que estarían detrás del aumento de los episodios violentos de este tipo en la ciudad en los últimos meses.
Un plan policial acompañado de mediación y prevención
El punto presentado por Junts y consensuado con ERC y el PSC prevé hacer extensible el plan a las diferentes policías metropolitanas y acompañarlo de medidas integrales en los barrios más afectados por el aumento de las bandas juveniles delictivas. Estas iniciativas consistirán principalmente en realizar una labor de mediación comunitaria y prevención que evite el aumento del número de miembros de las bandas a través de las entidades locales.
También se plantea revisar y reforzar la estrategia de detección precoz, prevención e intervención socioeducativa en coordinación con los servicios educativos y los equipamientos sociales, mediante el despliegue de acciones y programas específicos dirigidos a jóvenes en situación de riesgo o vinculados a dinámicas grupales de carácter delictivo, con el objetivo de promover procesos de desvinculación, inclusión social y desarrollo personal.
Por otro lado, la propuesta también va dirigida al Departamento de Justicia con el objetivo de reforzar el servicio de atención psicosocial a menores, en las dependencias judiciales, para activar el servicio de acompañamiento y orientación a los menores vinculados a dinámicas grupales de carácter delictivo que pasen a disposición judicial, y a sus familias.
