El sector de los autocares turísticos está en pie de guerra contra el Ayuntamiento de Barcelona. La razón es la puesta en marcha en la capital catalana, el pasado 9 de febrero, del nuevo sistema de gestión y estacionamiento para estos vehículos. Los principales cambios suponen que los titulares de los autocares deben pagar 35 euros diarios por el permiso en la mayor parte de la ciudad y tres euros más por operación en entornos turísticos «singulares», como la Sagrada Família, el Park Güell, la Pedrera, el Hospital de Sant Pau, Drassanes, Ciutat Vella, el Port Olímpic y la Fuente Mágica de Montjuïc, según el consistorio.
La asociación profesional Salvar el Autocar (formada por pequeñas y medianas empresas), que representa unos 2.700 vehículos de los 8.000 que hay en Cataluña, se queja del poco margen que tienen para aparcar una vez hecha la reserva en un lugar concreto sin tener en cuenta las incidencias del tráfico. «Son 12 minutos. Si llegamos tarde, nos pueden multar a través de las cámaras con 200 euros», dice el vocal de la asociación, Marc Prat, al TOT Barcelona. Al mismo tiempo, la entidad lamenta las pocas plazas que hay para estacionar en la ciudad y que se ponga en el mismo saco los servicios de autocares para turistas y los viajes culturales de escuelas. Prat estima que en 2026, con el Año Gaudí, serán muchos los centros educativos que visitarán la Sagrada Família y el Park Güell.
Amenaza de hacer una marcha lenta que se ha desconvocado
«Nos sentimos maltratados y nos asociamos para que se nos escuche», destacaba Prat el miércoles en conversación con este medio. La primera medida de fuerza que tenían sobre la mesa era una «marcha lenta» el 23 de febrero entre las 07.00 y las 11.00 horas, tal como se puede ver que publicitaron en Instagram. «Esperan reunir unos 200 autocares», dijo Prat. La idea que tenían era entrar en Barcelona por tres puntos -desde el aeropuerto, Sabadell y Badalona- para «colapsar» la ciudad e ir hasta la calle de Calàbria, donde se encuentra la sede de Barcelona de Serveis Municipals (BSM). Se trata de la empresa del Ayuntamiento que gestiona la Zona Bus 4.0.
El objetivo, reducir el impacto del turismo en los barrios
Poco después de publicar este artículo, Salvar el Autocar ha desconvocado «de momento» la movilización tras haberse reunido el jueves por la mañana con la primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento, Laia Bonet. Lo ha hecho, de nuevo, a través de una publicación en la red social. A lo largo del día la entidad no había concretado al TOT qué pensaba hacer. El Ayuntamiento ha informado que tras el encuentro se ha adoptado el compromiso de constituir un grupo de trabajo para hacer un seguimiento de la Zona Bus 4.0 y garantizar su funcionamiento, así como incrementar la atención. En este grupo se trabajarán nuevas opciones, como la creación de un abono para adquirir un conjunto de permisos diarios en un solo trámite, casos particulares como tránsitos y servicios a ferias y congresos, ha informado el servicio de prensa municipal. Bonet sostiene que el objetivo de la Zona Bus 4.0 es reducir el impacto del turismo en los barrios y mejorar la convivencia entre los visitantes y la ciudadanía de Barcelona, dijo el martes en comisión.
El Ayuntamiento ve el tiempo de 12 minutos una «franja suficiente» para estacionar. En todo caso, fuentes municipales aseguran que el sistema es flexible y si se produce una incidencia o retraso, «no se sancionan operaciones realizadas fuera de la franja reservada» siempre que se hayan «cumplido todos los trámites», entre otros, avisar a BSM por correo electrónico. En los primeros días de funcionamiento de la Zona Bus 4.0, la mayor parte de operaciones se sitúan dentro de la franja reservada o con desviaciones inferiores a los 24 minutos, destaca el consistorio.
Los autocares escolares antes no pagaban
Con los actuales precios, un autocar turístico que se desplace desde cualquier punto de Cataluña debe pagar 35 euros del permiso diario y tres euros por cada operación en los lugares llamados «singulares». Es decir, que si el vehículo lleva a un grupo de turistas a la Sagrada Família, la empresa debe desembolsar tres euros más, y cuando los recoja, tres más. Según Prat, en el caso de los vehículos escolares hasta ahora la reserva era gratuita. «Ahora, con la instancia que debemos pedir y con un 75% de descuento, supone 11,50 euros para cargar y otros 11,50 para descargar». En total, 23 euros que antes no se pagaban.
Pocos estacionamientos en la ciudad
La asociación profesional no ve el precio como el problema principal. Prat entiende que se deba regular y pagar más. «En París es más caro, pero no hay un límite horario». En cambio, denuncia el hecho de estar supeditados a ser multados en caso de llegar tarde a la reserva, con la única posibilidad de enviar un correo de aviso a BSM. También critica que hay muy pocos estacionamientos en Barcelona, un máximo de 210, de los cuales 159 son para estacionamientos y 51 para paradas breves, según los datos hechos públicos por el Ayuntamiento. La ciudad dispone también de 40 espacios intermodales situados en puntos alejados del centro de la ciudad, donde no es necesario realizar ningún trámite con antelación. Estos lugares, que no necesitan ninguna gestión previa en la web, se sitúan alrededor del Camp Nou, Can Dragó, Bac de Roda y Diagonal Mar. La entidad también ve un «un drama» compartir plazas entre autocares turísticos y escolares y que se limiten las operaciones por hora -cinco, dice Prat- en los lugares con más demanda. Tampoco le encuentra sentido al hecho de que deban seleccionar previamente unos horarios de la parada, ya que el turismo «no funciona con relojes ni agendas cerradas».
Junts pide un sistema regulador más eficiente
Esta semana, Junts per Barcelona presentó una proposición en comisión municipal, que transaccionó con el PP, que instaba al gobierno municipal a suspender, «mientras dure la crisis de Rodalies«, la aplicación del nuevo sistema de aparcamiento. Según Junts, la Zona Bus 4.0 también afecta a personas vulnerables que asisten a actos culturales, deportivos o lúdicos organizados por escuelas, clubes deportivos, residencias o centros de día para personas mayores. Al mismo tiempo, la regidora Francina Vila pidió aprovechar este período para negociar con el sector de los autocares «un sistema regulador más eficiente» y establecer mecanismos más flexibles y adaptados a la realidad de la movilidad de la ciudad, «como la creación de una ventana de reserva de última hora para operaciones no previsibles».
Según Vila, el sistema no lleva ni un mes en funcionamiento «y ya se ha demostrado que no funciona». «No estamos hablando solo de turismo; estamos hablando de transporte escolar, de personas con movilidad reducida y de personas mayores que dependen de un servicio eficiente y flexible». Ahora mismo, si una escuela de Barcelona quiere ir a visitar el Delta del Ebro, la empresa de transporte debe realizar toda una serie de trámites para embarcar y desembarcar a los niños. «Es una carga burocrática muy importante y cuando hay incidencias y no pueden llegar a tiempo o no pueden realizar el servicio, no lo cobran, pero sí deben pagar la tasa». La iniciativa de Junts no prosperó porque PSC y Barcelona en Comú votaron en contra y ERC se abstuvo.
El sistema «ordena y planifica», dice el gobierno
En una nota de prensa de este febrero, el gobierno de Collboni justifica el aumento de precios y la nueva regulación porque «fomenta una movilidad más ordenada, eficiente y sostenible y mejora la convivencia entre operadores de autocares, visitantes y vecindario» en los puntos de alto interés turístico. Además, se establece un límite de operaciones por hora en los espacios con más demanda, un hecho que permite ordenar mejor el uso del espacio público y asegurar que la llegada de los visitantes sea más fluida y estructurada, sostiene el Ayuntamiento.
Una actividad mayoritariamente turística
Según la primera teniente de alcaldía, desde que se han comenzado a tramitar los permisos de la Zona Bus 4.0, más del 70% han sido para zonas de gran afluencia: se trataba de una actividad «mayoritariamente» turística. En la comisión, Bonet también dijo que la Zona Bus 4.0 no perjudicaba a los centros educativos ni a colectivos con necesidades especiales. Por ejemplo, los grupos de menores de 16 años están «exentos» de pagar el permiso diario y tanto los vehículos con niños o personas con necesidades especiales pueden estacionar en ubicaciones más próximas de los lugares que se quieren visitar para realizar los embarques o desembarques más seguros. Para Bonet, el nuevo sistema «ordena y planifica». «No es un obstáculo».
El Ayuntamiento también asegura que ha mantenido reuniones de trabajo con el sector antes de la implementación. Bonet es consciente de que todo cambio estructural genera inquietud y dejó la puerta abierta a realizar los ajustes que sean necesarios para garantizar el buen funcionamiento. Además del encuentro de este jueves, el consistorio ha informado al TOT de diferentes reuniones en junio y octubre del año pasado, por ejemplo con el Consejo de Turismo y Ciudad, con 32 entidades y 50 asistentes, y con el Grupo de Movilidad Turística del Pacto por la Movilidad liderado por FECAV, ACAVE y Barcelona Oberta, con más de 40 asistentes. En cambio, Junts afirma que no es cierto que se hayan reunido con el sector. Hay empresas que han presentado alegaciones, «no les han respondido» y han tenido que abrir la vía del contencioso administrativo, denunció en comisión la regidora Francina Vila.
