Pasear por el eje verde de la calle Consell de Cent, la Superilla del Eixample que el gobierno de Ada Colau inauguró justo un mes antes de las elecciones municipales de 2023, es también recorrer los escenarios de las batallas de una guerra judicial con claras derivaciones políticas. Después de que entidades como Barcelona Oberta y Foment del Treball abrieran fuego contra la pacificación, la mayoría de los tramos entre la calle de Vilamarí y el paseo de Sant Joan han sido anulados por la justicia. El eje verde de Comte Borrell, el de Rocafort y el primero de todos, el de Consell de Cent, donde, por cierto, una jueza ha llegado a dejar por escrito que habría que revertir las obras. Todo ello, argumentando que el Ayuntamiento no siguió los procedimientos administrativos que correspondían. El recorrido continúa con una escena surrealista, una plaza declarada “nula de pleno derecho”, la plaza verde que está en la intersección con Enric Granados. Pero atención, que más adelante nos encontraremos con la única batalla perdida por quienes han luchado judicialmente contra los ejes verdes del gobierno Colau: el tramo de la calle Girona. Este es el único eje verde que cuenta con el aval de la justicia.
Este es el retrato de la guerra judicial a pie de calle. Pero Consell de Cent es también testigo de la utilización de una obra pública para hacer guerra política: un grupo de personas lideradas por quien fue arquitecto jefe del Ayuntamiento bajo el mandato de Pasqual Maragall, Josep Acebillo, intentaron sin éxito llevar adelante una causa penal contra Ada Colau y la entonces concejala de Urbanismo Janet Sanz por haber impulsado la superilla del Eixample. En estos momentos, con Barcelona en Comú en la oposición y el gobierno municipal en manos del PSC, el Ayuntamiento presentará un recurso de casación contra la decisión del TSJC de avalar la sentencia de una jueza declarando ilegales las obras y sugiriendo un proceso de mediación entre las partes para no tener que revertirlas. En resumen, el PSC abocado a defender el legado urbanístico de Ada Colau.
Un «falso» debate técnico sobre el PGM
Una figura relevante de la planificación urbanística del gobierno de Ada Colau es el arquitecto urbanista Xavi Matilla, por entonces Arquitecto en Jefe de Barcelona (2019-2023). En conversación con el TOT, alerta de la ausencia de «rigor jurídico» de las sentencias contra los ejes verdes y del «falso debate técnico» que los «lobbies que querían atacar el proyecto de ejes verdes» han creado: «Es flagrante la subjetividad de la jueza que deja por escrito que hay que revertir las obras, porque el PGM se cumple de manera estricta y parece que no lo ha leído». Y lo detalla: «El PGM es muy conciso sobre las vías locales. La primera, que conecten con las vías básicas, porque conecta con Balmes y paseo de Gràcia y tiene un espacio circulable, es falso que prohíba el paso de los vehículos, y la segunda, accesibilidad a todas las propiedades, sin especificar con qué tipo de vehículo. Ambas se cumplen de manera muy evidente en Consell de Cent», dice el Arquitecto en Jefe del segundo gobierno de Ada Colau.
Añade que la ordenación del tráfico es competencia del Ayuntamiento, y si se ha decidido hacer una ruta diferente y no se puede circular en línea recta, «no son cuestiones urbanísticas sino de regulación del tráfico». Matilla también insiste en que tras Consell de Cent hay ‘lawfare’ con «la excusa» del procedimiento técnico, porque en ningún otro punto de la ciudad nunca se ha modificado un PGM para pacificar una calle y «nunca nadie ha dicho nada». Ciertamente, calles como Portal de l’Àngel, la avenida Gaudí, Enric Granados o la avenida Mistral son zonas pacificadas y «urbanísticamente se ha mantenido la calificación de sistema viario».
«Carencias de diseño y funcionalidad»
En una posición totalmente opuesta está el arquitecto, urbanista y exconcejal del PSC del Ayuntamiento de Barcelona Daniel Mòdol. «Para mí es decepcionante que se permita mantener las obras. Por las prisas políticas y electorales, no se valoró el impacto social y de transformación que suponía este eje verde. Ya no es que no se siguieran los procedimientos administrativos establecidos, sino que en el ámbito de diseño y funcionalidad tiene muchas carencias, como por ejemplo que no tiene espacios adaptados para personas con diversidad funcional. Ha pasado de ser un espacio viario a ser un espacio público de poca calidad y poco consenso», advierte Mòdol en conversación con el TOT.
A diferencia de Matilla, Mòdol tiene claro que Consell de Cent no se ajusta al PGM, y considera que, si no se revierten las obras, como mínimo el Ayuntamiento debería «mejorar y corregir todas las deficiencias urbanísticas que presenta el eje». A su parecer, los Comuns han querido desviar la atención del «desastre» de la Superilla hablando solo de cuestiones de procedimiento técnico. Y advierte que si el Ayuntamiento no se sale con el recurso de casación, «será un calvario político». El consistorio deberá buscar suficiente mayoría para modificar el PGM para legalizar las obras, y vaticina que «la cantidad de alegaciones que se presentarán será brutal, y hay que responder una por una».
De hecho, el ex Arquitecto en Jefe de Colau también cree que la modificación del PGM es la salida más viable para legalizar las obras: «Se hicieron con fondos europeos, y el sentimiento general de los barceloneses es que deshacer las obras es políticamente y socialmente inviable».
«Han convertido una calle viaria en un jardín»
En una línea similar a la de Mòdol se expresa Antoni Renalias, arquitecto urbanista con más de cuatro décadas en la administración pública, incluido el Ayuntamiento de Barcelona. «La pregunta que se hacen los peritos judiciales en temas urbanísticos, y yo lo he sido, es si a una calle destinada al tráfico rodado se ha destinado exclusivamente al peatón, y si es así, eso es motivo de modificación del PGM». A su criterio, el consistorio de Ada Colau no hizo este trámite por «las prisas electoralistas», pero a diferencia del entonces Arquitecto en Jefe, Renalias no tiene dudas de que «el cambio en el uso de esta calle es tan sustancial que había que modificar el PGM, entre otras cuestiones, porque Consell de Cent forma parte de la red viaria básica esencial para el tráfico rodado». «Han convertido una calle viaria en un jardín», y apunta que «si un día hay que demoler un edificio de una esquina, o hay un incendio, los camiones de obras y los de bomberos tendrán que destrozarlo todo para poder pasar».
Renalias considera que la mejor solución para salir de la guerra judicial sería que el Ayuntamiento inicie los trámites para modificar el PGM y «legalizar las obras». Se pregunta, sin embargo, por qué el consistorio insiste en la vía judicial y no ha comenzado ya este trámite, que puede alargarse unos dos años: «Supongo que temen una avalancha de alegaciones y piensan que no se saldrán con la suya, además de que necesitarán obtener una mayoría en el pleno», dice Renalias, que vaticina que el Ayuntamiento «no tendrá más remedio que desmontar parte del eje verde y dejar volver a pasar coches por Consell de Cent cuando los vecinos de la calle València comiencen a movilizarse para denunciar el infierno que ya viven al absorber todo el tráfico que antes se repartía con el eje verde». Para este arquitecto urbanista, «es muy grave» que la justicia haya declarado ilegales las obras, y recomienda al consistorio iniciar inmediatamente la modificación del PGM y en paralelo, «buscar soluciones urbanísticas para dejar pasar coches con un carril de circulación, como han hecho con Sant Antoni. No tiene sentido tener parterres inmensos, que los hagan más pequeños, por ejemplo», concluye.
La manera de hacer urbanismo ha cambiado
Desde el punto de vista político, quien fue teniente de alcalde de Urbanismo del gobierno de Ada Colau y actual líder de Barcelona en Comú, Janet Sanz, defiende el procedimiento que siguió el consistorio con la Superilla. «Con un consejo asesor de expertos y un concurso internacional de arquitectos, todo ello, con un proceso de participación vecinal y de entidades, una forma totalmente diferente de pensar y hacer el urbanismo en la ciudad que rompía con la manera de hacer de toda una generación desde dos o tres despachos de arquitectos con línea directa con alcaldía». Sanz, en conversación con el TOT, rechaza cualquier aumento técnico en la ofensiva contra los ejes verdes y denuncia lawfare contra el equipo de Colau con la Superilla por parte «de unos señores que siempre habían decidido cómo se hacía la ciudad y por dónde, y que de repente vieron que ya no lo podían hacer».
Sanz tilda el embrollo judicial de «absurdo jurídico»: «Ningún Ayuntamiento, para cambiar el uso de una calle en Barcelona ha modificado el PGM. Nos hemos pasado la vida cambiando la movilidad de la ciudad, cambios de dirección, reducción de velocidad, pacificaciones… y siguen urbanísticamente calificados de viarios. Aún más, el PGM no dice en ningún lugar que haya que garantizar la circulación viaria en línea recta de punta a punta. ¿Y quién dice que un uso viario es solo para coches? ¿Caminar no es moverse? Si nos creemos esta falacia para atacar los ejes verdes, los carriles bici serían ilegales, porque restan espacio al coche», reflexiona la líder de los Comuns en la ciudad.
Sobre la solución más eficiente para rescatar Consell de Cent de la guerra judicial, Sanz apunta que «la solución técnica la deben determinar los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pero seguramente la vía más sencilla es hacer un cambio de planeamiento». Pero si se toma este camino, añade, «entonces se tiene que hacer con todas las otras calles donde se ha hecho un cambio de usos. De lo contrario, se hará evidente que los jueces han actuado en favor de los intereses del lujo y las élites».
