Los trabajadores del servicio municipal de atención a las víctimas de violencia machista de Barcelona harán huelga el próximo 23 de febrero. Así lo han anunciado este lunes los afectados en un comunicado, donde aseguran que la movilización tiene como objetivo obtener el largamente reclamado refuerzo en los recursos humanos y materiales destinados a estas tareas.
En concreto, la parada de la semana que viene la convoca la asamblea del Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA), que atiende víctimas de violencia machista en la capital catalana y que depende de la Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS). Los trabajadores explican que la decisión de ir a huelga llega después de meses durante los cuales los trabajadores han reclamado a la gerencia y la dirección del IMSS la necesidad de reforzar los recursos humanos y materiales para poder ofrecer una «atención de calidad» a la ciudadanía.
En este sentido, tal como recoge la ACN, los profesionales lamentan que no han obtenido ninguna propuesta concreta a sus reivindicaciones por parte de la administración competente. Entre las principales reclamaciones, los trabajadores denuncian que la plantilla no cuenta con los efectivos suficientes para poder prestar un servicio público de calidad y la sobrecarga de trabajo. Esta situación estaría provocando situaciones de estrés, trastornos de ansiedad y malestar psicosocial entre los afectados.
Recursos insuficientes, listas de espera y falta de plazas
Por otro lado, los miembros del servicio municipal de atención a las víctimas de violencia machista denuncian que se está incumpliendo la normativa que estipula que se tienen que destinar recursos suficientes para asegurar la efectividad de los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, así como la ley general contra la violencia de género. Tampoco se estarían cumpliendo las ratios acordadas, hay mucha temporalidad a la plantilla y también una carencia de reconocimiento de la especialización.
Según apuntan desde la asamblea, todo este contexto se traduce en listas de espera para las mujeres, que pueden llegar a los dos meses antes de la primera visita con una psicóloga; carencia de atención jurídica en el momento inicial de los procesos penales, insuficiencia de recursos en el ámbito de inserción laboral o carencia de plazas de acogida.
