Los socios de los gimnasios DIR han vivido este cambio de año con bastante incertidumbre. La compañía notificó a principios del pasado mes de diciembre a una parte de los afiliados que a partir del 1 de enero de 2025 tendrían que pagar un costo adicional que hasta entonces no estaba contemplado por contrato. En concreto, los afectados son miembros de diversas modalidades o categorías que hasta ahora tenían un acceso ilimitado al servicio de pádel en los diferentes centros deportivos que la empresa tiene repartidos por el territorio catalán, sobre todo en la ciudad de Barcelona. Del total de cerca de mil personas que se encuentran en esta situación contractual, un grupo de más de 350 socios decidió presentar a mediados de diciembre una reclamación contra la cadena de gimnasios por un posible incumplimiento del convenio firmado entre ambas partes, que según los afectados vulneraría los derechos de los consumidores y podría llegar a incurrir también en un presunto delito de publicidad engañosa.
El caso se remonta al 2 de diciembre pasado. La compañía envió ese día un correo a los socios de diferentes modalidades informándoles de la introducción de un costo adicional para la utilización de las pistas de pádel. Este nuevo importe se justificaba por la gestión en línea de la reserva del espacio, la programación de horarios y el control de uso del equipamiento, un sistema que lleva varios años en funcionamiento, pero que ahora habrían actualizado para dar un mejor servicio y evitar abusos. Los afiliados afectados que recibieron el comunicado son todos aquellos con un contrato que a través de un pago único o una tarifa fija les daba acceso a este servicio de manera ilimitada a las pistas de pádel, sin un costo extra. El cambio en las condiciones decidido por los gimnasios DIR implica que cada vez que quieran jugar, los miembros deberán abonar tres euros por persona y partida, que se sumarán a sus respectivas cuotas. El aviso de la empresa despertó la indignación de la mayoría de afectados, que en muchos casos se habían decantado por esta modalidad contractual en lugar de otras más económicas a corto plazo precisamente por este acceso ilimitado al servicio de pádel.
Varios de los socios se pusieron en contacto de manera individual con la dirección para manifestar su desacuerdo y malestar por este cambio de condiciones. Dado que todos los intentos por hacer rectificar a la compañía resultaron infructuosos, los afiliados optaron por organizarse y hacer frente común a través de un grupo de la plataforma Telegram que ya aglutina casi 900 afectados. Una parte de estos miembros, sin embargo, decidió dar un paso más allá y presentó el pasado 17 de diciembre una reclamación formal, a la cual ha tenido acceso el Tot Barcelona, por lo que consideran que es una práctica «abusiva e ilegal». En este documento se detallaba toda una serie de irregularidades vinculadas a la introducción de este costo adicional y se daba un margen de diez días naturales para dar respuesta al burofax, reservándose la opción de emprender acciones legales en caso de que no fueran atendidas las peticiones de rectificación.
El gancho ‘falso’ e irregularidades con las cuotas
Una de las personas afectadas que ha participado en esta reclamación conjunta es Dani Martínez. Este socio del DIR desde 2013 cambió de modalidad hace cuatro años, cuando durante una de las campañas internas de captación de fondos le ofrecieron mejorar de categoría y poder tener acceso a este pádel ilimitado a cambio de adelantar una cantidad equivalente a las cuotas mensuales de los tres años siguientes. «Este era el gancho: que tendrías pádel gratuito para toda la vida. Con las nuevas condiciones, solo con que juegues dos veces por semana, tu cuota anual ya se incrementa casi en un 40%. No solo están incumpliendo el contrato, sino también lo que promovieron en su momento», señala, remarcando que, si hubiera sabido que las condiciones podían cambiar en el futuro, quizás no habría tomado esta promoción.
Siebe Briers es otro de los socios que ha decidido organizarse para hacer valer sus derechos. En su caso, la oferta de poder acceder al servicio de pádel de manera ilimitada fue la razón principal por la que se afilió al DIR hace dos años, ya que es un gran aficionado y es su actividad deportiva semanal. Él pagó unos 1.800 euros para poder acceder a esta categoría premium, que se complementa con una cuota mensual de entre tres y cinco euros. «El tiempo que llevo con el pádel incluido no ha sido suficiente para poder amortizar el dinero invertido», afirma contundente. En estos cerca de dos años de afiliación también ha detectado ciertas irregularidades con el pago de cada mes, ya que ha sufrido variaciones importantes que van más allá del ajuste por la inflación que marca su contrato. Este extremo lo confirman todos los usuarios consultados por este medio.
El perfil de los demandantes es bastante variado e incluye también algunos miembros veteranos como Elena Hernández, que es socia de esta cadena de gimnasios desde 2002. Después de tres años de afiliación, la compañía también le ofreció mejorar de categoría, con todos los beneficios que ello conllevaba, a cambio de adelantar un dinero. Ella acabó aportando cerca de 3.800 euros. «Cuando lo hice, lo pensé mucho porque era un esfuerzo económico importante. Entonces tenías acceso a todos los gimnasios y las clases. Años después, cuando pusieron el pádel, nos dijeron que también nos entraba y que no teníamos que pagar extra», explica. Como el resto de usuarios, Elena se enteró del cambio de condiciones repentinamente a través del correo y ahora está a la expectativa de saber si tendrá que pagar por cada uno de los dos partidos que suele jugar semanalmente o si habrá una rectificación. «Son también las formas, cómo te imponen los cambios. Si reclamas te dicen que esto es lo que hay y que, si no estás de acuerdo, puedes irte», remata.
Una medida para acabar con la monopolización de pistas, según DIR
El TOT Barcelona se ha puesto en contacto con la compañía DIR para conocer su perspectiva sobre este conflicto surgido con los socios. Fuentes de la empresa apuntan que la introducción de este costo de gestión responde a una actualización del servicio de pádel que tiene por objetivo poner fin a la «monopolización» que algunos usuarios hacían de las instalaciones. «Se estaba produciendo un abuso de algunos usuarios que reservaban un número indefinido de pistas (hasta treinta partidas en un mes). Habíamos recibido muchas quejas de clientes que tenían dificultades para reservar por este motivo. Tener acceso ilimitado no significa tener carta blanca para monopolizarlas, por eso hemos introducido unos parámetros en la aplicación que regularizan la situación», indican. Las mismas voces remarcan que la tarifa propuesta está «muy lejos» de los precios que se están pagando por jugar en la mayoría de instalaciones de la ciudad -alrededor de diez euros por partida- y consideran que es «más que razonable», sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de un club dedicado a este deporte, sino al fitness. «Lo que no podemos hacer es ofrecer un mal servicio. Nosotros no obligamos a nadie a quedarse y la mayoría de estos socios tienen la cuota más que amortizada», afirman.
En todo caso, a pesar de las quejas de una parte importante de los usuarios, la empresa ya ha comenzado a cobrar este importe adicional por cada reserva de pista. De hecho, en algunos casos está cobrando por encima de este precio a los usuarios que tienen modalidades donde hasta ahora estaba incluido el pádel, como si no tuvieran ninguna bonificación contratada. Los argumentos detallados que explican el posicionamiento de los gimnasios los encontramos en la respuesta que dio la dirección a las reclamaciones que hicieron los usuarios después de recibir la primera comunicación anunciando el cambio de condiciones. Según figura en el burofax enviado a la compañía por los socios que se han movilizado, al cual ha tenido acceso este diario, desde el DIR aseguran que la adición de este nuevo costo no altera las condiciones pactadas, que son «las mismas» ahora que antes de la modificación, y apuntan que el importe está destinado a «mejorar la calidad de la actividad y la disposición de pistas» a través de un programa informático. También remarcan que las condiciones de contratación les permiten añadir este costo adicional, así como modificar los puntos que consideren del convenio pactado con los clientes y dejan la puerta abierta a los socios que no estén de acuerdo para que rompan el contrato a través de una baja voluntaria.
La doble lectura sobre el cambio de condiciones
Todas estas afirmaciones contrastan con el análisis legal que ha hecho Pau Davy, el abogado que lleva el caso de estos cientos de afiliados afectados. En la reclamación se precisa que este costo por gestión de reserva no se trata de un servicio adicional o complementario, sino de un requisito que ya era antes indispensable para poder acceder a las pistas y que en ningún caso ha sido solicitado por los clientes, ya que se trata de una imposición de la empresa. A juicio del letrado, la obligación de pagar este importe de forma sobrevenida sí supone una clara alteración de las condiciones iniciales en las que se prestaba el servicio.
Sobre las cláusulas a las que hace referencia la compañía, que según la empresa le permiten modificar las condiciones del contrato, Davy ve un ejemplo flagrante de aplicación de los criterios abusivos que marca la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), ya que con estas afirmaciones se da a entender que el DIR puede «modificar a voluntad cualquier aspecto» del convenio, incluyendo la imposición de cualquier costo adicional no previsto en el momento de la contratación. En cuanto a la baja voluntaria, el abogado indica que este supuesto no está contemplado por normativa y recuerda que, en todo caso, la resolución de la vinculación implicaría la «devolución de los importes abonados por los clientes y no la baja voluntaria con la consecuente pérdida de los importes adelantados». Por todo esto, consideran que se trata de una práctica abusiva e ilegal y piden a la compañía que anule el cobro de este costo adicional ya en vigor.
En caso de una respuesta negativa de la empresa, el primer paso sería acudir a la Agencia Catalana del Consumo, que trataría de mediar entre ambas partes antes de comenzar una reclamación judicial conjunta contra el DIR que podría acabar en tribunales. Ante este escenario, desde la compañía de gimnasios se muestran tranquilos y aseguran que esta regularización del servicio cuenta con toda la cobertura legal y jurídica necesaria. «Tenemos un servicio limitado porque las pistas son las que son. Lo que hemos hecho es regularlo para evitar el abuso de unos pocos y eso tiene un costo», concluyen.
