Los nuevos jardines de Clara Campoamor llevan semanas luciendo en pleno barrio de Les Corts y el ejecutivo de Jaume Collboni presume de una renovación urbanística «pionera» que se ha financiado con capital público y también privado. Un ejemplo de «colaboración público-privada», dice el Ayuntamiento, que ya examina cómo llevar esta fórmula a otros espacios de la ciudad. Es más, el distrito de Les Corts confirma a este diario que se están estudiando otros proyectos «para la mejora de espacios compartidos» que también «supondrían una inversión público-privada». Aunque aún no se pueden anunciar, porque hay que cerrar flecos contractuales con las empresas, la fórmula público-privada para financiar zonas verdes ha llegado para quedarse.
Fuentes del área de economía, que lidera el tercer teniente de alcaldía Jordi Valls, recuerdan al TOT Barcelona que las urbanizaciones del espacio público se financian mayoritariamente con inversiones públicas. Ahora bien, el ejecutivo socialista reconoce que «es cierto que el Ayuntamiento valora positivamente y ve interesante, en el futuro, poder extender o repetir esta fórmula público-privada cuando haya un interés compartido con quien hace un uso intensivo de este espacio». El gobierno, eso sí, matiza que las mejoras siempre deben revertir «en el conjunto de la ciudadanía». Más allá de Clara Campoamor, el Ayuntamiento también ha anunciado recientemente otras reformas como la de los jardines de Sant Joan de Déu, financiados mayoritariamente por el centro comercial L’Illa Diagonal.
En todo caso, la reforma de los jardines de Clara Campoamor tiene un elemento diferenciador. La mitad de las obras han sido financiadas por dos inmobiliarias internacionales, Merlin Properties y Colonial. Entre ambas han inyectado 819.500 euros. El convenio estipula que el Ayuntamiento debía inyectar otros 610.000, a repartir entre el distrito y Parcs i Jardins. En todo caso, la inversión pública final ha ascendido a 810.000 euros, el 49% del total.
Fuentes del distrito, en manos del PSC, califican de éxito la reforma y detallan que la iniciativa de renovar los jardines no es suya sino de las dos inmobiliarias, ambas con propiedades adyacentes a los jardines. Quienes se desmarcan de la operación son los Comuns, que eran responsables de Parcs i Jardins en el momento de firmar el convenio. Los de Ada Colau mantienen que el área de Emergencia Climática «no llevó nada del proyecto» y que el exregidor Eloi Badia se limitó a firmar como presidente de Parcs i Jardins. Según se detalla en el convenio, este departamento colabora en la reforma con una inversión de 260.000 euros.
Un modelo más propio de EE.UU. y el norte de Europa
Los expertos detallan que esta manera de financiar las áreas verdes es más propia de países con tendencias políticas neoliberales, como los Estados Unidos o el norte de Europa. «Barcelona no es una ciudad con un contexto neoliberal tan desarrollado, pero últimamente sí que vemos un cambio: hasta ahora había una lectura del verde como inversión para el espacio público y ahora pasamos a otra escala, que es la apropiación del poder privado en la inversión verde y su utilización en el marketing», detalla la investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA-UAB) Isabelle Anguelovski.
El modelo, relativamente nuevo en Barcelona, está bastante extendido en estas otras zonas. La ambientóloga enmarca muchos casos de colaboración público-privada en Europa en «los planes de austeridad» de las últimas décadas. «En el Reino Unido ha habido muchos recortes en el mantenimiento de los espacios verdes, y muchas zonas, como pueden ser algunos parques de Bristol, se han construido con el financiamiento de inmobiliarias, que a su vez negocian permisos o espacios para sus edificios. Otros casos los encontramos en EE.UU.; en Boston hay una ley local que te permite construir en la costa si creas parques de acceso público. Es una zona con decenas de construcciones de lujo con parques al lado, que al final los acaban disfrutando sus residentes», remarca Anguelovski.
Sea como sea, la fórmula público-privada ya no es exclusiva de estas regiones. Mercedes Blanco, portavoz del comité de dirección de Finques Blanco y CEO de Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres, señala al TOT que el sector inmobiliario «se ha dado cuenta de que invertir en la mejora de espacios públicos puede contribuir a la revalorización de las zonas donde tiene intereses». «Aunque en Barcelona quizás aún son ejemplos puntuales, el modelo comienza a extenderse, sobre todo a medida que las empresas ven los beneficios a largo plazo. No solo se aumenta el valor de sus propiedades, sino que también puede generar más demanda en los mercados residenciales y comerciales», comenta Blanco, que también ve en este tipo de movimiento una manera de «atraer nuevas empresas, servicios y comercios que buscan establecerse en zonas de mayor atractivo».
La analista inmobiliaria añade otro factor, vinculado al prestigio de estas empresas. «El hecho de ser partícipes de estos proyectos también aporta prestigio y responsabilidad social corporativa, aspectos valorados en un sector competitivo como el inmobiliario», comenta. Una línea empresarial que Anguelovski define como greenwashing: «Te vendes como una empresa ecologista y ética, pero luego aprovecharás la plusvalía de tus productos».
Expertos y activistas pro vivienda advierten de los riesgos
Activistas y expertos en vivienda mantienen que la participación de inmobiliarias en reformas verdes tiene un punto innovador, al menos en Barcelona. El investigador del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) Jaime Palomera comenta al TOT que «cada vez es más habitual» que los fondos de capital privado entren en nuevos modelos de negocio más allá del inmobiliario, como por ejemplo ocurre con las residencias de ancianos o las clínicas de fertilidad, pero reconoce la «novedad» que supone la entrada de estas empresas en la reforma de parques y jardines. Palomera reitera, en todo caso, que habrá que estar vigilantes «por si a largo plazo hay contrapartidas«.
En esta misma línea cerraba su explicación Anguelovski, citando un ejemplo reciente en Dublín, concretamente en el barrio de The Liberties: «Han cerrado al público general una zona verde, construida hace tres o cuatro años por una inmobiliaria. Debía ser pública, pero años más tarde se ha permitido que se cierre». Sobre esto, el Ayuntamiento de Barcelona insiste al TOT Barcelona que los acuerdos con Merlin Properties y Colonial se limitan a la reforma de los jardines de Clara Campoamor y que no hay ninguna contrapartida a cambio.
