Una sentencia de la Audiencia Nacional dice que la empresa Amazon no tendrá que pagar la tasa municipal de uso del dominio público que se aplica a las plataformas de comercio, conocida popularmente como ‘tasa Amazon’. El tribunal cree que las filiales Amazon Spain Fullfillement y Amazon Road Transporte Spain no se pueden considerar operadores postales. De esta forma, la medida, pionera y capital del mandato de Ada Colau, encuentra ahora una nueva traba jurídica.
El grupo municipal de ERC, ideólogo e impulsor de esta tasa en el Ayuntamiento, pedirá explicaciones este miércoles a la comisión de economía e instará al nuevo gobierno municipal a «elaborar un informe con todas las alternativas técnicas, jurídicas y políticas posibles para garantizar la aplicación de la Tasa de Reparto de la E-commerce, especialmente a los principales operadores de e-commerce que operan en Barcelona».
Los republicanos consideran que es de vital importancia grabar estas actividades «para garantizar un marco más equilibrado en la competencia con el comercio urbano, que articula nuestros barrios y que es uno de los rasgos definitorios del modelo de ciudad que tiene Barcelona». En todo caso, al Ayuntamiento todavía le queda la opción de recorrer y de aquí que el grupo liderado por Ernest Maragall pida al ejecutivo de Collboni que interponga un recurso de casación al Tribunal Supremo.
Oposición de las principales patronales
La nueva tasa de Barcelona afecta más de unas veinte plataformas diferentes, un hecho que no gusta a los principales operadores y a la patronal del sector, que han recorrido la medida en diferentes juzgados. Por citar un caso, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (UNO), representante de empresas como Amazon, DHL y Seur, la llevó a mediados de marzo al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El alto tribunal, eso sí, rechazó las medidas cautelares que se pedían en aquel momento.
Uno de los motivos que alegan estas empresas para tumbar el impuesto es que la nueva normativa genera un problema en la hora de recoger datos de los pedidos, hecho que podría estar vulnerando la ley de protección de datos. El Ayuntamiento se defendió a finales del mandato pasado aclarando que las empresas no tienen que incluir datos de los compradores, sino el número de entregas y destinos.
