El año 2008, el Ayuntamiento impulsaba un plan urbanístico, que era una chapuza, para llevar a cabo una reforma que convirtiera el edificio patrimonial de la Rotonda, en la avenida del Tibidabo, en oficinas. Se llevaron a cabo derribos, la construcción de una edificación en el interior de manzana que nunca se hubiera tenido que permitir, hubo advertencias por parte de grupos de vecinos que alertaban que todo ello era un despropósito y, finalmente, una denuncia en los tribunales que culminó con una sentencia contraria al plan municipal. 16 años después, el consistorio ha tenido que dar marcha atrás y presentar un nuevo planeamiento urbanístico, diferente al primero y que enmendara las deficiencias detectadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), para salvar el 95% del inmueble modernista y evitar tener que pagar a la propiedad, Núñez y Navarro, 45 millones de euros en concepto de indemnización.
Como si el revés vivido no hubiera servido como aprendizaje, el consistorio se encuentra inmerso casi 20 años después en una situación urbanística que presenta demasiadas similitudes con la Rotonda, también en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi. En septiembre del 2020, el gobierno de Barcelona en Comú y PSC, junto con la Barcelona pel Canvi de Manuel Valls, dieron luz verde a la edificación de 59 pisos de lujo por parte de la inmobiliaria Corp en los jardines de Can Raventós, una masía catalogada como parte del patrimonio de la ciudad. El vecindario -agrupado a través de la plataforma Defensem Can Raventós- denunció irregularidades y presentó un contencioso–administrativo en 2021. A finales del pasado mes de mayo, el TSJC anuló el plan y la licencia otorgada al promotor. Ahora, el vecindario reclama llevar a cabo una permuta total para salvar esta finca catalogada de Sarrià.
El Ayuntamiento decidió no presentar recurso al dictamen judicial. Sí que lo ha hecho, en cambio, la inmobiliaria Corp, han confirmado fuentes municipales al TOT Barcelona. De este modo, tendrá que ser el Tribunal Supremo el que resuelva si rafifica la nulidad del plan y la licencia o por el contrario da la razón a la inmobiliaria y le permite seguir con el proyecto. Uno de los problemas que se puede encontrar el Ayuntamiento es que se puede ver abocado -como en el caso de la Rotonda- a indemnizar a los impulsores del proyecto si presiste la negativa a levantar los pisos proyectados. A pesar de que ya sabe que Corp ha recurrido, el Ayuntamiento mantiene ahora el mismo posicionamiento que en mayo, dispuesto a retomar las conversaciones, pero sabiendo que «las condiciones son diferentes» de las que había hasta la resolución del TSJC. «Desde el gobierno municipal nos hemos reunido tanto con la propiedad como con los vecinos y les hemos trasladado nuestra disposición a dialogar para conseguir el mejor proyecto en beneficio de la ciudadanía». El consistorio no ha valorado si propondrán a la propiedad una permuta y si esta afectaría solo a la masía o también a los jardines.
Cronología de una década de disputa
El origen de la disputa por Can Raventós se remonta antes incluso del 2016, cuando Corp presenta su primer proyecto para construir pisos de lujo en esta finca presidida por una masía señorial del 1848. Entonces, la iniciativa no acabó de caer en gracia en el Ayuntamiento, pero la concreción del interés inmobiliario que hacía tiempo que planava sobre los terrenos llevó a los vecinos a presentar una primera tongada de alegaciones para parar el plan. El criterio municipal dio un giro de 180 grados en 2020 y finalmente se dio luz verde a un segundo proyecto de obras, que contemplaba preservar el edificio, que está catalogado y tiene un nivel de C en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Arquitectónico de Barcelona, pero que suponía el vaciado de gran parte del jardín frondoso que rodeaba la masía y preveía construir varios nuevos volúmenes en los terrenos.
El cambio de posicionamiento del ejecutivo forzó a los vecinos a endurecer su ofensiva y aquel mismo año presentaban una denuncia a la Oficina Antifraude de Cataluña, donde alegaban que el proyecto se había sacado adelante con ciertas irregularidades como presuntos conflictos de intereses por parte del equipo de gobierno del momento. La resolución llegaba en noviembre del 2023, casi tres años después, en forma de victoria vecinal, puesto que el veredicto constataba la existencia de «conflictos de interés aparentes en responsables municipales». Si bien Antifraude pedía clarificar el proceso, también apuntaba que no se habían observado «indicios de influencias indebidas», en referencia a las posibles vinculaciones entre una de las promotoras y el partido Units per Avançar, que forma parte del PSC y del cual también es parte Albert Batlle, regidor del distrito de Sarrià-Sant Gervasi en aquel momento.
La resolución, sin embargo, llegaba unos meses tarde. A mediados de agosto del 2023, las alarmas ya habían saltado entre el vecindario por la tala de varios árboles en el marco de los trabajos previos al inicio de las obras. A pesar de la polvareda levantada, los operarios continuaron con la deforestación del jardín, que quedó reducido a una quinta parte de su superficie, y también empezaron a hacer los surcos que servirían de cimientos para el parking proyectado en los terrenos, una actuación que junto con la sequía dejó muy tocados a los últimos ejemplares del arbolado superviviente. Cuando nada parecía interponerse en los intereses de los promotores, un dictamen del Servicio de Arqueología de Barcelona ordenó la suspensión de los trabajos a finales del pasado octubre después de detectar diferentes deficiencias en las obras. La resolución obligaba a los impulsores a redactar un proyecto de intervención arqueológica con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat. Este revés acabó resultando un balón de oxígeno clave para los intereses vecinales, que todavía esperaban respuesta al recurso contencioso-administrativo interpuesto en 2021. La sentencia del TSJC no llegó hasta finales del pasado mes de mayo, cuando se tumbó tanto el plan urbanístico como la licencia otorgada.
Una solución de consenso para revertir el daño ecológico
La victoria mayúscula para el vecindario que supuso el veredicto del TSJC ha quedado un poco diluida con el paso de las semanas por esta amenaza de indemnización. Sin embargo, lo que ha acabado de rebajar el suflé ha sido la noticia del recurso presentado por Corp conocida este miércoles. A la espera de la resolución del caso, desde Defensem Can Raventós mantienen su apuesta por una permuta total, que incluya tanto el edificio protegido como los jardines. «La sentencia -todavía no firme- es una buena base para la negociación. Se ha demostrado que el plan era irregular y que se ha sacado adelante con unas obras que han destruido el jardín. No podemos olvidar, sin embargo, que Corp continúa siendo propietario de unos terrenos edificables. Por eso, pensamos que la permuta total es la mejor solución para todas las partes», señala Natàlia Botinas, una de las integrantes de la plataforma.
Desde la entidad vecinal lamentan el daño ecológico que ha sufrido el espacio, donde ya solo sobreviven de manera bastante precaria algunos de los ejemplares que flanquean la fachada de la masía. El resto de vegetación ha sido arrasada por las máquinas hasta convertir la finca en un terreno prácticamente desierto, una situación que con toda probabilidad no cambiará hasta que se resuelva el caso en el Supremo. Si la alta cámara española acaba ratificando el posicionamiento del TSJC, el Ayuntamiento tendrá en sus manos la oportunidad de rehacer de cero el planeamiento. Eso sí, si se continúa apostando por la construcción de pisos ni que sea de manera parcial, será difícil que los promotores puedan llegar a los cerca de 4.500 m² edificables que tenían hasta ahora, sino que la superficie se quedaría alrededor de los 2.600 m², apunta Pilar Cos, otra de las integrantes de la plataforma. Es por este motivo que piden una permuta total que venga acompañada de una modificación puntual del Plan General Metropolitano (PGM) que permita convertir la masía en un equipamiento público para las entidades del barrio y que recupere los jardines como pulmón verde y refugio climático.
Junts defiende un nuevo planeamiento y una cesión
Desde Junts, el regidor y presidente del distrito, Jordi Martí Galbis, considera que la gestión política y urbanística de los gobiernos de Colau y Collboni alrededor de la masía de Can Raventós y del proyecto edificativo que se tenía que construir «ha sido un auténtico despropósito». Martí Galbis recuerda que desde su formación siempre han defendido «la permuta entre el Ayuntamiento y la propiedad para hacer viable la propuesta del vecindario de optar a un gran espacio verde y un refugio climático para el barrio». Pero la falta de «impulso político» no lo permitió.
La sentencia judicial, que ha tumbado el planeamiento, ha hecho que se entre en una nueva fase y ahora le toca al gobierno de Jaume Collboni actuar, «y hacerlo con diligencia y eficacia», según Martí Galbis. En opinión del partido del exalcalde Xavier Trias, hay dos caminos. Por un lado, una expropiación, que sería «un error», y de la otra «negociar con la propiedad un nuevo planeamiento urbanístico que se ajuste a los parámetros de distancias que ha fijado la sentencia del TSJC». Y que este nuevo planeamiento incluya también una cesiónpor parte del consistorio de un espacio para hacer realidad la demanda del vecindario de disponer de un nuevo espacio verde público. «Creemos que es posible encontrar un equilibrio entre la demanda de la ciudadanía de conseguir un nuevo equipamiento verde para el barrio, y el derecho legítimo de la propiedad a construir pisos».
Respetar el marco jurídico, según el PP
Desde las filas del PP, la exregidora y consejera actual en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, Belén Pajares, critica que el caso de Can Raventós se suma a la larga lista de proyectos municipales del ejecutivo de Ada Colau y Collboni tumbados por la Justicia. «El poco respecto a la legalidad en muchos proyectos urbanísticos del gobierno anterior, ahora los pagamos todos los barceloneses, como ya ha pasado con Consell de Cent, vía Laietana o la Casa Buenos Aires«. Pajares exige al gobierno municipal diálogo con todos los vecinos, «pero también respetar el marco jurídico y la propiedad privada que, al fin y al cabo, es quien puede recorrer contra la sentencia, reformular la construcción o aceptar una permuta».
El caso de Can Raventós fue motivo de polémica y de un debate intenso en la comisión de Urbanismo del 16 de julio pasado, principalmente entre Janet Sanz, la exteniente de alcaldía de Urbanismo, con Colau de alcaldesa, bajo el mandato de la cual se elaboró el plan urbanístico tumbado, y Laia Bonet, responsable actual del área de Urbanismo, con Collboni de alcalde. La regidora de los Comuns opinó que, con Can Raventós, se entrará en «una dinámica similar» a la de la Rotonda, y criticó a Bonet por no haber tomado otra decisión este último año, cuando había «opciones diferentes», sin concretar de que se trataba. El TOT Barcelona ha pedido en Barcelona En Comú una valoración sobre Can Raventós, pero la formación de Colau no ha hecho llegar ninguna opinión a este medio.
Reproches entre Comuns y PSC
En la comisión, Bonet reprochó a Sanz que ella fue quién tramitó el plan, dio la licencia, firmó el protocolo de actuación y podía haber hecho posible una permuta antes de una determinada fecha. «Usted llevaba todos estos temas y ahora resulta que toda la culpa es del gobierno que ha tenido que afrontar la sentencia», enfatizó. Y Sanz recordó a Bonet que el PSC gobernaba en el Ayuntamiento con los Comuns y «sabía de todas las decisiones que se tomaban» y de las propuestas de acuerdo con las cuales se llegaron con el regidor del distrito, Albert Batlle. Sanz cree que el PSC durante estos 13 meses que lleva al frente de la ciudad podía haber hecho «cosas diferentes» para evitar la sentencia del TSJC, y esto era «una opción política», remarcó.
Fuentes de ERC señalan a la tenencia de alcaldía de Urbanismo de Sanz del mandato pasado como el área municipal que dio la licencia para construir los pisos, y «a pesar de las irregularidades detectadas, el contencioso–administrativo interpuesto por la plataforma, las quejas vecinales y las advertencias del grupo municipal de ERC, la única formación que se ha opuesto desde un inicio y frontalmente a la iniciativa y ha votado siempre en contra, las excavadoras entraron en los jardines. No hubo ninguna actuación preventiva del gobierno municipal, ni del actual ni del pasado», sostienen.
Un conflicto abierto «fruto de la improvisación»
Los republicanos ven Can Raventós como uno de los conflictos abiertos, «fruto de la improvisación del gobierno actual en cuanto a patrimonio», que no planifica medidas de prevención para proteger este patrimonio «y que se limita a mirar de poner parches para frenar el goteo constante de la pérdida de la historia de nuestros barrios». Algunos ejemplos son el derribo de la Casa Jover, casi se pierde la Casa Buenos Aires, la Casa Tosquella se encuentra en un estado pésimo y todavía se está pendiente de las ejecuciones de la sentencia de la Rotonda o de las obras para reactivar el Tramvia Blau.
En opinión de ERC, «hace falta un cambio profundo, una mirada larga y una mejor gobernanza del patrimonio de nuestra ciudad». El gobierno actual ha rechazado varias iniciativas de Esquerra en esta línea, que evitarían la pérdida de patrimonio no catalogado y darían el poder al Ayuntamiento para validar que, realmente, los proyectos no destrozan la historia de Barcelona, apuntan desde la formación.
En octubre del año pasado, ERC presentó un ruego para que el gobierno municipal tomara medidas urgentes de protección del patrimonio, para evitar la pérdida mientras se revisava y se hacía inventario de los elementos patrimoniales no catalogados. «Casi un año más tarde, continuamos pendientes de que se tomen las medidas necesarias mientras seguimos en una situación crítica», apuntan los republicanos. En el caso de Can Raventós, el partido de Elisenda Alamany defiende «la necesidad de encontrar una solución que evite perder más patrimonio y que asegure la apertura y uso social de los jardines para el vecindario de Sarrià».
