El anuncio se hacía con bombo y platillo la semana pasada. La Universidad de Barcelona (UB) tendrá listos para el 2029 los dos nuevos edificios del Campus Diagonal, uno al lado norte de esta arteria de la capital catalana y otro al lado sur. El primero albergará la Facultad de Matemáticas e Informática, ahora ubicada en el edificio histórico, y permitirá ampliar la de Economía y Empresa con espacios de investigación. El proyecto arquitectónico que ha ganado el concurso prevé dos volúmenes: uno más cercano a la Diagonal, de cuatro plantas y dedicado a la investigación económica, y una torre de nueve pisos para el traslado de los grados que ahora se imparten en la plaza de la Universidad. En total, cerca de 14.000 metros cuadrados de superficie ubicados entre las calles de Joan Obiols y John M. Keynes, junto a los Jardines de Pedralbes y el Campus Norte de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Cabe recordar que solo la Facultad de Matemáticas e Informática ya tiene actualmente 1.652 estudiantes, 130 miembros del personal docente e investigador y 30 de personal técnico, de gestión y administración y servicios. Ofrece cinco grados y cinco másteres universitarios y un programa de doctorado.
El segundo será la sede de varios institutos de investigación líderes vinculados al parque científico de la institución académica, como pueden ser el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) o FraunhoferCAT, la primera sede en el estado español de la institución europea líder en transferencia. El inmueble de seis plantas tendrá unos 10.000 metros cuadrados de superficie y se situará en la isla del Campus Sur, entre las calles de Llorenç Artigas, Pascual i Vila, Baldiri i Reixac y Adolf Florensa. Estará distribuido a partir de módulos de laboratorios de 90 metros cuadrados alrededor de un atrio, que unificará los accesos verticales y aportará luz cenital. Actualmente, el Parque Científico de la UB consta de un centenar de entidades, nueve centros de investigación, 83 empresas, siete entidades sin finalidad de lucro y una docena de grupos, unidades y servicios de la universidad. Sus 3.616 profesionales se distribuyen en ocho edificios, que ocupan unos 100.000 metros cuadrados, 22.500 de los cuales corresponden a laboratorios.

Ambas iniciativas -que requerirán una inversión de 71,5 millones de euros financiada de la mano de la Generalitat- se rigen por el plan especial urbanístico que el Ayuntamiento de Barcelona aprobó definitivamente hace dos años. Ahora bien, sobre este planeamiento planea un recurso contencioso administrativo presentado en octubre del 2025 por la Asociación de Vecinos de Zona Universitaria y cinco fincas de la zona afectadas. La apelación apunta que la hoja de ruta municipal contiene varios errores jurídicos, que incrementa la edificabilidad de manera desproporcionada en terrenos donde ya está agotada y modifica la calificación del suelo hasta ahora fijada en el Plan General Metropolitano (PGM) de 1976 sin contar con la autorización adecuada para hacerlo. El proceso sigue su curso y la resolución podría paralizar el proyecto con las obras ya iniciadas, dado que la previsión es que comiencen durante el cuarto trimestre del 2027 y se prolonguen hasta el 2029. En el peor de los casos, el veredicto judicial podría obligar a derribar las construcciones erigidas por encontrarse fuera de ordenación.

Cronología de la oposición vecinal
El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó de manera definitiva a finales de septiembre del 2024 el plan especial urbanístico que afectaba este ámbito, dejando vía libre a la UB para edificar las nuevas instalaciones y dando por cerradas las alegaciones presentadas por la Asociación de Vecinos de Zona Universitaria, que desde el principio ya se había opuesto al proyecto por las condiciones en las que se planteaba. En concreto, la entidad denunciaba entonces que con esta hoja de ruta urbanística se estaba permitiendo construir dos nuevos “rascacielos”, que no solo superarían las alturas del resto de inmuebles de la zona, creando un fuerte impacto visual, sino que también excederían la máxima edificabilidad permitida para los terrenos donde se quieren ubicar. Defendían que la edificabilidad de los terrenos de la Facultad de Económicas afectados ya estaba “agotada” y lamentaban que no se respetaran las alturas del entorno, que son de un máximo de siete plantas con espacios ajardinados, y que no se hubiera tenido en cuenta la sombra que los futuros edificios proyectarían sobre las zonas verdes.
El escenario más preocupante que planteaba el vecindario tras la validación definitiva del plan hace dos años era la construcción por parte del Instituto Catalán del Suelo (INCASÒL) de un inmueble de hasta 47 metros de altura -aproximadamente 13 plantas- con una pieza complementaria de 27 metros de altura que ocuparía toda la parcela, casi doblando el total de metros cuadrados permitidos, que es de 18.000 metros cuadrados, 15.000 de los cuales en superficie y el resto subterráneos. Las otras opciones sobre la mesa planteaban erigir un edificio por debajo de los 27,2 metros de altura -8 plantas- que tuviera hasta 72 metros de largo, ocupando tres cuartas partes del terreno y provocando una especie de efecto “pantalla”; ocupar toda la parcela con un edificio que no podría superar las cinco plantas, creando de esta manera una especie de “muralla”; o construir dos inmuebles de un máximo de diez y cuatro plantas que tendrían que estar separados por un espacio sin construir para evitar superar el techo permitido.

En todo caso, la magnitud de los cambios urbanísticos planteados era uno de los argumentos que esgrimía el vecindario para denunciar que la iniciativa requería la Modificación de Plan General Metropolitano (MPGM), un instrumento urbanístico que obligaría al consistorio a presentar un estudio con alternativas y también a garantizar la participación directa en la redacción del proyecto de la ciudadanía, que también estaba especialmente preocupada por cómo se vería afectada la movilidad en la zona. Sobre este último punto, algunas de las alegaciones hechas al respecto fueron finalmente estimadas por la administración. Aun así, los vicios y errores jurídicos detectados llevaron a los afectados a presentar en octubre del 2025 el recurso contencioso administrativo que comentábamos para paralizar el proyecto en marcha.
Los argumentos que sustentan el recurso
El primero de los argumentos en que se basa el contencioso administrativo es precisamente la necesidad de hacer esta MPGM, ya que el plan especial urbanístico aprobado por el consistorio recalifica como parques y jardines y sistema viario suelo reservado para equipamientos comunitarios. Además de no contar con la autorización para hacerlo, los demandantes consideran que la aprobación de la hoja de ruta corresponde al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ya que afecta un equipamiento con un interés supramunicipal y este sería el único órgano competente para validarlo.
También denuncian que el planeamiento habría incurrido en un supuesto de «desviación de poder y arbitrariedad«. Para defenderlo, parten de la parcela de cerca de 2.880 metros cuadrados donde se quiere erigir el nuevo edificio, que tiene un techo muy inferior al que pretenden colocarle en altura. Argumentan que el plan ha ido ampliando «ad hoc» el techo y el volumen edificable permitido de forma desproporcionada e injustificada. «El incremento desmesurado de techo sin respetar las condiciones ambientales y del entorno urbano para posibilitar la construcción de una Facultad que se puede implantar en otro terreno calificado de equipamiento se puede considerar que constituye un supuesto claro de desviación de poder […] No queda justificado que el emplazamiento elegido sea el más idóneo y se cumplen íntegramente los deseos de quien promueve el plan sin tener en cuenta el bienestar de los vecinos de la zona», indican los demandantes, señalando que es totalmente injustificable impulsar este proyecto en un espacio con tan poco suelo disponible.

El recurso va incluso más allá y asegura que el ámbito geográfico que se ha utilizado para calcular la edificabilidad del entorno y que justificaría el incremento de techo es incorrecto. Lo afirman porque se ha tenido en cuenta varias parcelas del Campus Sur -al otro lado de la Diagonal- y no espacios con baja edificabilidad situados en el lado norte como la manzana de casas conformada por las calles de Alfambra, Jordi Girona y Trias i Giró o los jardines de Pedralbes. Además, remarcan que se está queriendo construir sobre un vial público -el pasaje de Josep Canals- que tiene solo seis metros de anchura y ya fue taponado en los setenta con la construcción de unas instalaciones universitarias. «La edificación propuesta, con alturas de hasta 47 metros, vulnera el principio de proporcionalidad entre el volumen edificado y la anchura del vial, así como las condiciones de asoleamiento y ventilación que establece el PGM», subrayan. Tampoco creen que se estén respetando las normas de protección de un entorno patrimonial como el Palacio de Pedralbes, ya que «cualquier actuación de nueva planta o ampliación volumétrica dentro del ámbito del plan especial debería ir acompañada de un informe de impacto patrimonial«, hecho que no se ha tenido en cuenta.

Por otra parte, remarcan que durante todo el proceso que ha culminado con el plan aprobado se ha incumplido el reglamento municipal de participación ciudadana y ha habido una «falta absoluta de información». Esto motiva otras demandas como el incumplimiento de la previsión de reserva de plazas de aparcamiento o la sensación de ahogo que sufrirá el barrio de Zona Universitaria con estos dos volúmenes. En este último caso, ponen como ejemplo la reubicación de un polémico edificio de ocho plantas que estaba previsto levantar en Vall Hebron. La volumetría de esta construcción, junto con las características del solar, había generado rechazo entre el tejido vecinal de la zona y finalmente el Ayuntamiento apostó por trasladar el inmueble.


