El Ayuntamiento de Barcelona ha detectado 31 viviendas de uso turístico ilegales de un edificio situado en el número 441 de la Travessera de Gràcia, en el distrito de Horta-Guinardó, tras una denuncia ciudadana anónima. El consistorio ha informado en un comunicado que se trata de una finca de planta baja y nueve plantas más, con un establecimiento hotelero con licencia que opera en los niveles superiores y con un total de 24 viviendas, 19 de las cuales tienen licencia de vivienda de uso turístico.
En el marco de la inspección, se detectaron irregularidades, tanto en lo que respecta al uso turístico de las viviendas como en las obras de transformación interior, ya que solo una de las viviendas está ocupada como residencia habitual, mientras que el resto presentan usos vinculados a la actividad turística, con diferentes grados de cumplimiento de la normativa.
Se ha detectado la segregación de vivienda sin la correspondiente licencia de obras, lo que ha incrementado el número real de apartamentos turísticos activos: donde inicialmente había 19 viviendas de unos 60 metros cuadrados, la inspección ha identificado un total de 31 entidades de unos 30 metros cuadrados destinadas a uso turístico, en algunos casos bajo el amparo de licencias presuntamente fraudulentas y, en 4 de estos casos, sin ninguna autorización.
Siete expedientes por infracciones «muy graves»
La primera teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Laia Bonet, ha expresado en declaraciones a la prensa que el edificio actuaba en una situación de ilegalidad con «muchos incumplimientos y muy flagrantes». Preguntada por si la propiedad pertenece a un gran tenedor, Bonet ha afirmado que se ha detectado «la existencia de varias propiedades, pero que entre todas aparece un vínculo bastante evidente».
Se han incoado siete expedientes sancionadores por infracciones «muy graves» de la Ley de Turismo, cuyas sanciones pueden ir desde los 60.000 hasta los 600.000 euros; 14 expedientes de restitución y cese de la actividad de vivienda de uso turístico sin permiso –que podrían dejar sin efecto las licencias–; 13 expedientes de legalización de obras y 1 expediente sancionador por infracción grave de la Ley de turismo, cuya sanción puede ir de 3.000 hasta 60.000 euros por sobreocupación.
Los expedientes de obras conllevarán la obligación de devolver los apartamentos a su estado original, y también podrían conllevar la incoación de un expediente sancionador por infracción de la Ley de Urbanismo o, en caso de que se considere que estas segregaciones han dado lugar a la constitución de infraviviendas, a un expediente sancionador por infracción de la Ley de Vivienda.
El Ayuntamiento ha anulado 202 licencias desde 2018
Desde el año 2018 se han dejado sin efecto 202 licencias de viviendas de uso turístico por incumplimientos normativos relacionados, entre otros, con las condiciones de habitabilidad o procesos de segregación no autorizados. En 2025 se han realizado más de 8.500 inspecciones, que supusieron 577 expedientes sancionadores y 849 de restitución y, desde comienzo de año, se han realizado 3.156 inspecciones, con 282 expedientes sancionadores y 192 de restitución.
Bonet ha calificado de «determinante» la actuación ciudadana y ha explicado que, en los últimos 10 años, se ha conseguido recuperar «más de 6.600 viviendas» que estaban siendo utilizadas como viviendas de uso turístico de forma ilegal. «Tenemos un horizonte en 2028 con la finalización de todas las licencias actualmente vigentes de apartamentos turísticos, de estos 10.000 apartamentos hoy con licencia, que terminarán su vigencia en 2028», ha recordado Bonet.
