Que se preparen los “sinvergüenzas” porque la Guardia Urbana cumplirá con la nueva Ordenanza de Convivencia, dijo este lunes el alcalde Jaume Collboni en un titular estudiado y bien calibrado. “Son los únicos que deben estar preocupados”, espetó. El ejecutivo defiende los cambios en la normativa por los datos que aparecen en las principales encuestas de la ciudad, que “constatan que la sensación de inseguridad también se explica por el incivismo”. En entornos con más ruido o suciedad, la ciudadanía “tiende a sobreestimar el riesgo y percibir menos protección”, argumenta el gobierno, que ve en estas conclusiones “evidencias” que “refuerzan” el endurecimiento de la ordenanza. Sin excepciones, a pesar de que la Fundació Arrels había pedido excluir a las personas sin hogar para cumplir con los dictámenes de Naciones Unidas.
En un informe emitido en el verano de 2024, el organismo internacional pedía “derogar las disposiciones penales o administrativas que penalizan o sancionan a las personas que viven, sobreviven o trabajan en espacios públicos por ausencia de medios de subsistencia”. Sin embargo, el sinhogarismo continuará sin considerarse una excepción, aunque el ejecutivo alega que se ha “mejorado” el texto de la ordenanza para fomentar las medidas alternativas a la sanción. “El Ayuntamiento entiende que dotar de un trato diferenciado a las personas que viven en la calle sería un acto discriminatorio. Nosotros entendemos todo lo contrario: lo es aún más no hacerlo”, defiende en una conversación con el Tot Barcelona la jefa del Departamento Jurídico de Arrels, Eva Hobeich. Veinte años después de la entrada en vigor de la ordenanza, la entidad ve en ella una “nueva oportunidad perdida” para velar por las personas sin hogar.
En Barcelona, un mínimo de 1.982 personas viven en la calle, según el último recuento a pie de calle realizado por Arrels. La cifra es un 43% más alta que la de hace un año. Un 23% ha recibido algún tipo de multa y el 8% lo ha hecho por actitudes recogidas en la ordenanza de civismo. “Es un error de concepto. Las personas sin hogar que orinan o beben en la calle no lo hacen por voluntad incívica sino por falta de alternativas”, remarca Hobeich, que ve en esta política punitiva una “visión criminalizadora” del sinhogarismo. “Entiendo que el Ayuntamiento diga que el objetivo de la ordenanza no es sancionar a las personas sin hogar, pero la realidad es que sigue sucediendo”, insiste.
La comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca, ha admitido que la sanción “no tiene sentido” en casos de personas sin hogar y ha defendido que el texto “mejora los circuitos internos con los Servicios Sociales”. En rueda de prensa, la comisionada ha argumentado que los agentes “siempre ofrecerán de oficio” las medidas alternativas a la sanción, una actuación que dentro del ejecutivo ven “como una manera de vincularlos a los servicios municipales”. “Seguro que podemos encontrar otras maneras”, se queja Hobeich. “Hacerlo a través de la ordenanza de civismo es vincular pobreza con incivismo y criminalidad”, lamenta. Desde Arrels anticipan que las medidas alternativas no funcionarán porque los sin hogar no necesitan herramientas educativas sino alternativas donde poder hacer sus necesidades, beber o dormir.
Alternativas a la ordenanza
La criminalización de la pobreza sigue siendo uno de los aspectos más controvertidos de las políticas de civismo. Arrels considera que la ordenanza añade “más presión para las personas que viven en la calle” y cuestiona que Barcelona, en cambio, no apueste por crear una red de centros de baja exigencia. En cierta manera, los servicios municipales “tienen unos requisitos muy exigentes para las personas que viven en la calle”, relata Hobeich. A veces no se les deja entrar con el carrito con sus pertenencias ni tampoco pueden acceder con mascotas. No saber con quién dejar al animal es un efecto disuasorio. Y perder las pertenencias supone empezar de cero. “Los recursos [municipales] se van adaptando”, apunta la activista, “pero todo tiene un proceso”.
En un comunicado para valorar la entrada en vigor de la ordenanza, la entidad también pide impulsar un modelo Housing First. Es decir, primero encontrar un hogar y luego abordar el resto de conflictos vinculados al sinhogarismo. “Tienes que conseguir que estas personas estén protegidas, con un espacio residencial estable y unos derechos vinculados a su inmueble. Solo eso podrá desarrollarse”, comenta Hobeich. Toda una quimera en plena crisis de la vivienda: “Este es el problema, que a los conflictos que nos encontramos habitualmente ahora debemos sumar el incremento de precios de los pisos”.
La ordenanza tampoco excluye la venta ambulante, que molesta a los comerciantes del centro de Barcelona y siempre ha encontrado en el PSC una voz contundente en contra. El intendente mayor de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez, ha situado la presión contra el Top Manta como una de las prioridades de la nueva actuación policial, junto con el control de los orines, las micciones de animales y muy especialmente las rutas etílicas, organizadas principalmente en Ciutat Vella.
“No hay cambios significativos”, ha respondido esta mañana el intendente a las preguntas vinculadas a la venta ambulante. Es una práctica “residual” en Barcelona, ha añadido el teniente de seguridad, Albert Batlle, a pesar de que concentra casi la mitad (48%) de las denuncias de la Guardia Urbana en 2024. El 80% de estas fueron por abandonar material en el espacio público. Las otras conductas con más impacto en los registros del año pasado –los últimos disponibles– tienen que ver con el consumo de alcohol (36%), el ruido (7%) y las necesidades fisiológicas (6%).
Junts y ERC, a favor; BComú, PP y Vox, en contra
La ordenanza de civismo ha entrado en vigor este fin de semana tras conseguir el visto bueno de Junts, que finalmente ha dado su apoyo. El voto favorable también de ERC le ha permitido a Collboni sacar pecho de un “consenso amplio” que permite dotar a Barcelona de una herramienta técnica y también política. Nada más llegar a la alcaldía, el socialista marcó perfil político con el Pla Endreça, pensado para “recuperar la excelencia del espacio público”, y dos años después refuerza el mensaje señalando a los “sinvergüenzas” que «incumplen las normas y no respetan la convivencia».
Junts también se la hace suya y ha avisado a Collboni que ahora “la debe hacer cumplir”. ERC dice que el nuevo texto es “más justo y efectivo” que antes. Y el resto de grupos lo critican; los Comuns porque “señala a los más vulnerables” y el PP porque la considera “sesgada y con lagunas”. Veinte años después de su entrada en vigor, la correlación de fuerzas a favor y en contra de la norma se mantiene igual, con argumentos similares a ambos lados del plenario. Y las cuestiones polémicas también siguen siendo las mismas.
