El Ayuntamiento de Barcelona actualizará el valor fiscal de las calles de Barcelona, una «base sólida» por si en el futuro se decide establecer algún cambio en tributos como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El gobierno de Jaume Collboni ha firmado un convenio con la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) para el desarrollo de una metodología conjunta que permita «establecer una nueva definición de las categorías fiscales de las calles de Barcelona», dice el texto firmado por el teniente de alcaldía del área económica, Jordi Valls, y el rector de la UPC, Francesc Torres publicado en la Gaseta Municipal el 8 de enero. La actual clasificación está desfasada. No se actualiza desde hace más de 30 años y el consistorio cree que ha llegado el momento de ponerla al día.
Las categorías fiscales determinan la clasificación de las calles en función de criterios urbanísticos, socioeconómicos y funcionales y sirven de base «para la aplicación de diversos tributos municipales, como el IAE y diferentes tasas por el aprovechamiento especial o privativo del dominio público», concreta el documento. En todo caso, fuentes municipales han asegurado al TOT Barcelona que el convenio «no tiene por objeto la aplicación directa de cambios fiscales», sino la definición de una metodología actualizada, objetiva y verificable. Y ahora mismo «no modifica impuestos ni tasas vigentes», «no comporta incrementos automáticos de presión fiscal» y «no tiene efectos inmediatos sobre los contribuyentes».
La idea del consistorio es disponer de una «base sólida» por si en el futuro se decide aplicar cambios en los impuestos y tasas mencionados, lo cual se deberá hacer siguiendo «los procedimientos legales y políticos establecidos, incluyendo, si procede, la tramitación de ordenanzas fiscales y los correspondientes acuerdos de los órganos competentes», subraya el Ayuntamiento, que cree que la nueva metodología reforzará la transparencia, la equidad y el rigor técnico de las políticas fiscales municipales.
La catalogación actual es de 1991
La clasificación fiscal actual de las calles de la ciudad ha quedado obsoleta. Es de diciembre de 1991, cuando se aprobó la ponencia de calles, «en paralelo al trámite de las ordenanzas fiscales para 1992″. Aún no se habían celebrado los Juegos Olímpicos y el alcalde era Pasqual Maragall. Dado todo el tiempo transcurrido sin ninguna actualización, el Ayuntamiento ha decidido impulsar una revisión de la clasificación «por los cambios económicos, sociales y urbanísticos que se han producido en los últimos 30 años, así como la revisión catastral de 2017». Las nuevas categorías fiscales de las calles de la capital catalana deben servir para poner al día «la jerarquía fiscal, con el objetivo de adaptarla a la nueva configuración de la ciudad, nuevas centralidades y usos».
En respuesta al TOT, el Ayuntamiento habla de elaborar una metodología multicriterio, que supere una aproximación basada exclusivamente en valores inmobiliarios e incorpore una visión integral de la ciudad. Se analizará la intensidad y calidad de la actividad económica en planta baja, el uso y ocupación real del espacio público y los flujos de movilidad de peatones y visitantes. También la centralidad urbana y atractivo comercial o turístico, la morfología del espacio público (anchuras, aceras, pendiente, arbolado), y el valor social del espacio público, entendido como elemento de cohesión social, proximidad y calidad urbana.
Según el convenio, la colaboración con la UPC permitirá incorporar el conocimiento académico y técnico en el desarrollo de nuevas bases programáticas, estrategias y criterios de actualización de las categorías fiscales, «con el objetivo de asegurar que reflejen de manera ajustada la realidad urbana y socioeconómica de Barcelona».
Un coste de más de 126.000 euros
El coste de poner en marcha esta nueva metodología es de 126.582 euros, no sujetos a IVA, que asume el Ayuntamiento. Este dinero corresponde al convenio de colaboración para la financiación del proyecto y para cubrir los gastos derivados de la colaboración entre ambas partes. El pago se extenderá hasta 2027, cuando debería estar terminada la nueva herramienta. En 2025 se desembolsaron 31.645,50 euros; en 2026, está previsto que sean 63.291 euros, y 31.645,50 euros, para el año siguiente. El convenio tiene una vigencia de dos años y ocho meses desde su firma, la última de las cuales fue el 18 de diciembre, o hasta el cumplimiento de las obligaciones previstas.
El trabajo de la UPC consistirá en redactar y revisar el proyecto, «incluyendo la propuesta de bases metodológicas para el desarrollo y establecimiento de los nuevos criterios de clasificación de calles». Al mismo tiempo, «deberá aportar los recursos técnicos y científicos necesarios para asesorar al Ayuntamiento de Barcelona y obtener la propuesta metodológica de revisión de las categorías fiscales en aplicación de criterios urbanísticos, socioeconómicos para su actualización».
Las ordenanzas fiscales de 2026, pendientes de aprobación
El encargo a la UPC coincide con los trámites finales para la aprobación de las ordenanzas fiscales de 2026. Barcelona en Comú ha condicionado el sí definitivo en el pleno de enero a la puesta en marcha de un plan de regeneración urbana para rehabilitar 6.000 pisos en la ciudad en cinco años. Se trata de viviendas muchas de las cuales están apuntaladas y se encuentran en barrios como el Besòs y el Maresme, la Pau y Trinitat Vella. Este plan forma parte de un acuerdo entre el gobierno de Collboni y Barcelona en Comú del otoño para la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales, junto con un IBI progresivo y medidas para favorecer el comercio de proximidad, pero según el regidor de Barcelona en Comú Marc Serra, en estos tres meses la propuesta de rehabilitación «no se ha movido ni un milímetro». Este miércoles, en una rueda de prensa previa al pleno, la formación ha remarcado que presentarán un ruego para que el gobierno se comprometa con el plan de regeneración urbana del Besòs para avalar las ordenanzas fiscales.
La propuesta de ordenanzas fiscales, que cuentan con el apoyo de ERC, congela los impuestos a las familias y las pymes. No subirán, pero tampoco bajarán en un momento en que el costo de vida se ha disparado en la ciudad. También plantea una modificación del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (Icio), con una bonificación del 95% en los casos de obras de regeneración urbana. Pero el aspecto más relevante es el incremento del recargo turístico municipal, una propuesta republicana que supondrá que, a partir del 1 de abril, los clientes paguen un euro más por persona y noche en los alojamientos turísticos. Se pasará de cuatro a cinco euros. La intención es que hasta 2029 el aumento sea de un euro anual, hasta los ocho euros en tres años. ERC estima que esto supondrá unos 200 millones de euros adicionales para el Ayuntamiento, que deberán invertirse en mejoras para la ciudadanía.
