Final feliz para Juanjo Hernández, el vecino de Ciutat Meridiana que estuvo a punto de ser desalojado hace unos meses por un retraso burocrático. La cooperativa Sostre Cívic ha formalizado el acuerdo para comprar el piso de este hombre de 56 años, que el pasado mes de mayo evitó el tercer intento de desalojo gracias al apoyo vecinal y a la convocatoria del Sindicat de Llogateres. Con este pacto anunciado este jueves en una rueda de prensa, el afectado podrá continuar residiendo en su domicilio de la avenida de Rasos de Peguera, teniendo un «derecho de uso permanente» a través de una cuota mensual asequible.
El caso de Hernández es uno de tantos que estallaron después de la crisis inmobiliaria. El hombre compró la vivienda en los años 2000, pero en un momento dado no pudo pagar la hipoteca y llegó a un acuerdo para quedarse con un alquiler social. Después de que el domicilio pasara por las manos de varios fondos de inversión, terminó en manos de Cerberus que se negó a renovarle el contrato en 2020. Su primera fecha de desalojo se pudo suspender porque se acreditó la vulnerabilidad del hombre, pero un ligero aumento de sueldo lo dejó fuera de este reconocimiento social para el segundo intento de desalojo. Así pues, hicieron falta dos grandes movilizaciones ciudadanas convocadas por el Sindicato para poder detener tanto el segundo como el tercer intento de desalojo.
Para este tercer desalojo, el acuerdo entre Sostre Cívic y el fondo propietario ya estaba sellado, pero estaba a la espera de la firma del contrato de arras, un trámite burocrático que las partes llevaban dos semanas esperando formalizar. El pacto no llegó a tiempo, pero sí que se ha podido finalmente cerrar este mes de noviembre. Esta operación no solo permite detener el intento de desalojo, sino que también frena los «procesos especulativos» del fondo y convierte la vivienda en un bien protegido para el uso social, con Hernández como inquilino en calidad de socio de la cooperativa.
Otro modelo viable y deberes para el Gobierno
Desde el Sindicat de Llogateres apuntan que esta adquisición se ha realizado en el marco de la alianza estratégica firmada en 2023 con Sostre Cívic. El convenio tiene como objetivo impulsar procesos de cooperativización en contextos de lucha arrendataria a través de la cesión de uso y la movilización de viviendas hacia modelos no especulativos. Además, pretende incidir en las políticas públicas para fortalecer el modelo cooperativo como vía para ampliar el parque protegido de vivienda. La operación se ha hecho posible gracias a un préstamo del Institut Català de Finances bonificado por la Agencia Catalana de la Vivienda, dentro del programa de adquisición y rehabilitación de viviendas para su movilización social.
La voluntad es que esta compra forme parte de una estrategia reproducible: cooperativas y sindicatos articulados con instrumentos públicos pueden «ampliar el parque asequible y proteger el derecho a la vivienda de las personas que viven de alquiler». En este sentido, desde la entidad instan al Gobierno a ampliar y actualizar los instrumentos financieros públicos para permitir compras conjuntas con la administración, extender el derecho de compra preferente a las arrendatarias de bloques propiedad de fondos y multipropietarios para facilitar su transformación en cooperativas en cesión de uso y a apostar decididamente por la movilización de vivienda existente como vía rápida y eficiente para garantizar el derecho a la vivienda y combatir la especulación.
