Las entidades vecinales de cinco barrios de Barcelona han detectado un mínimo de 8.000 viviendas con “defectos estructurales graves” que llevan décadas esperando una solución. El registro elaborado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) sitúa el 60% de estos pisos en el barrio del Besòs y el Maresme (unos 5.000, de los cuales hay 2.800 en “riesgo grave”). En el barrio de la Pau hay 2.500 viviendas, en Trinitat Vella 432, 214 en el Poblenou y 5 en el Carmel. “El Ayuntamiento debe asumir la intervención pública, no se puede generalizar el modelo de autogestión acompañada y, en todo caso, este acompañamiento debe ser real”, ha resumido el presidente de la FAVB, Miquel Borràs. Las entidades también piden “líneas de crédito públicas con buenas condiciones” y que los análisis que se hacen en los barrios «también sean sociales». Jaume Collboni, en el último consejo plenario, aseguró que el Ayuntamiento está redactando 639 proyectos de obra, una cifra que no cuenta con el aval de los vecinos.
En estos momentos, las entidades solo han anotado una familia desalojada, en el Besòs; la de Juan Amaya, que el Tot Barcelona ha podido visitar este miércoles. En todo caso, señalan que hay varios pisos apuntalados, la mayoría en el Besòs y tres más en Trinitat Vella, y que muchos vecinos no pueden marcharse porque “no hay Plan B”. Desde el Poblenou añaden que un desalojo y la posterior retirada de la cédula de habitabilidad conlleva una caída del precio de la vivienda y una hipotética venta no te permitiría encontrar una alternativa. Los afectados exigen, por tanto, buenas condiciones para arreglar los pisos y reclaman al Ayuntamiento y a la Generalitat que encuentren un modelo similar al de los pisos piloto del Besòs, en el que el 80% del coste está subvencionado y la gestión de todos los trámites la asume la administración.
La vecina más vehemente, Teresa Pardo, de la plataforma SOS Besòs, ha criticado lo que considera un “cambio de modelo” en la gestión de la rehabilitación, que tilda de “política de miseria para los obreros”. “Han ido poniendo parches y ahora explota la consecuencia de la dejadez administrativa. Si en un futuro lamentamos una vida, no bastará con una nota de condolencia, los responsables tendrán nombres y apellidos”, ha sentenciado Pardo en una rueda de prensa en los locales de la FAVB. El caso del Besòs es el más mediático de todos, también el más grave, según los informes vecinales. Solo una de las diez fincas del plan piloto está terminada y en cinco aún no han comenzado las obras. Por otro lado, de las 18 fincas que han iniciado el proceso de autogestión, nueve han terminado desistiendo por las condiciones económicas y nueve están pendientes de una respuesta del Instituto Municipal de Urbanismo, el órgano que debe validar las ayudas.
El otro barrio con más problemas es la Trinitat Vella, que también formaba parte de la prueba piloto impulsada el mandato pasado. Los resultados son, en cambio, peores que los del Besòs. Aún no hay ninguna comunidad del plan piloto con las obras comenzadas, apuntan los vecinos, que también denuncian un “cambio de las condiciones” de las ayudas. “Introducen la autogestión y nos cambian la cobertura al 40%, por lo tanto, los proyectos dejan de ser viables”, ha argumentado Roberto Rodríguez, de la Mesa Trinitat Vella. El vecino también asegura que “no hay ningún proyecto de obra firmado en el barrio”, a pesar de que la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, ha citado en comisiones municipales siete casos de un plan piloto. “Durante décadas hemos sufrido las consecuencias de la marginación cultural y política, la Trinitat Vella merece compromiso y justicia urbana”, ha sentenciado.
Los afectados lamentan que los planes de rehabilitación que ceden la iniciativa a las comunidades no tienen en cuenta la “complejidad social” de todas estas zonas, con comunidades muy variadas y familias vulnerables. No es lo mismo una finca sin morosidad, que otra con sueldos bajos, pensionistas y, en algunos casos, ocupaciones. “El modelo no funciona porque esta complejidad hace que todas estas líneas de subvenciones no lleguen a estos territorios, que en muchos casos no tienen comunidades cohesionadas o recursos económicos suficientes”, resume Pardo.
Vecinos afectados de los barrios de la Pau y del Carmel, que asumen no estar en situaciones tan críticas como las anteriores, también han pedido que la administración asuma la gestión de las rehabilitaciones. En el caso de la Pau, todos los pisos, construidos en los años sesenta, han pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y, aunque también se construyeron con cemento aluminoso, “hoy en día no tienen problemas de estructura aparentes”. En todo caso, los afectados avisan que tienen “desprendimientos en las fachadas” y que solo esta obra está costando unos 300.000 a algunas comunidades. En el Carmel, el número de edificios con patologías registrados en la autoayuda son cinco. “No puede ser que te ofrezcan un producto bueno, pero que termine en nada porque, a la hora de ejecutarlo, se hace una mala gestión”, ha lamentado Custòdia Moreno.
Problema con los fondos Next Generation
Más allá de pedir una gestión pública de todas estas rehabilitaciones, los afectados han lamentado que se esté a punto de perder la oportunidad de financiar una parte de las obras con los fondos Next Generation. Esto podría encarecer las obras, porque la financiación europea no tributa y, si se pierden, los afectados que reciban las ayudas lo notarán en la declaración de la renta. Los Next, recuerdan los vecinos, requieren el certificado de obra terminada antes de julio de 2026 para poder cobrarlos. Los afectados no se creen al Ayuntamiento, que en alguna reunión ha abierto la puerta a conseguir que las ayudas se cobren a obra comenzada y no a obra terminada como ahora. Sea como sea, desde el Besòs mantienen que pedirán una investigación a la fiscalía, una vez se acabe el plazo, para que determine si se ha malgastado o no la ayuda europea.
