La primera vez que Paloma López se puso frente al micrófono fue el 23 de noviembre de 2022. Lo hizo con un bebé de pocos meses en brazos para denunciar la situación límite que vivían en la finca del número 15 de la calle Tapioles, en el barrio del Poble-sec. La compra del edificio por parte de un fondo buitre había dejado en el aire la continuidad en el bloque de al menos cuatro familias, que ya tenían el contrato de alquiler vencido y que desde entonces lo renovaban mes a mes, y también amenazaba a tres más, que en ese momento aún tenían algunos meses de margen para su vencimiento.
Dos años después de aquella primera comparecencia pública, López volvía este lunes a situarse frente al micrófono en el mismo escenario. También lo hacía con un bebé de pocos meses en brazos, el hermano pequeño del anterior. La imagen era prácticamente idéntica a la de noviembre de 2022, pero la situación de la finca no podría ser más diferente. La resistencia estoica de los vecinos de este inmueble ha dado sus frutos: ninguno de los inquilinos que tenían contratos vencidos o a punto de hacerlo tendrán que abandonar sus hogares. El fondo Second House -un entramado empresarial fundado en 1994 que es propietario de más de una decena de bloques de pisos repartidos por la capital catalana- ha terminado claudicando ante la presión de los arrendatarios, que ya han firmado una nueva vinculación con sus domicilios con una vigencia de un mínimo de siete años, sin contar los casos de inquilinos con contrato de renta antigua.
«Ahora por fin podemos pararnos a pensar cómo distribuiremos las habitaciones para hacer espacio a los niños», reconoce aliviada López, quien es una de las inquilinas que ha renovado por siete años después de más de dos de incertidumbre con un contrato vencido. Poco se imaginaban los vecinos de la calle Tapioles en el momento de hacer la primera denuncia pública que su difícil cruzada contra Second House se convertiría en una lucha compartida. Compartiendo atril con López este lunes se encontraba Cristina Ortiz, la hija de una de las familias que ha residido durante más de 25 años en el bloque ubicado en el número 10 de la calle de en Cortines, en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Los inquilinos de este edificio ya hacía tiempo que habían emprendido una lucha silenciosa contra este mismo fondo, que compró el inmueble en el año 2020, justo después de la pandemia del coronavirus, con el objetivo de vaciarlo, renovarlo y venderlo revalorizado. A raíz de la denuncia de sus homólogos del Poble-sec, y gracias a la intermediación crucial del Sindicat de Llogateres, tres de las cuatro familias sobrevivientes decidieron visibilizar su situación y hacer frente común para no tener que abandonar sus hogares, consiguiendo un resultado idéntico. «Ha sido una lucha larga, pero más de veinte personas tienen ahora un techo asegurado», remarca Ortiz.
De las protestas al calvario de las obras
El camino para llegar a la renovación de los contratos de una decena de familias de ambos bloques no ha sido fácil. La primera reunión entre los vecinos de las dos comunidades tuvo lugar en noviembre de 2023, justo un año después de la primera denuncia pública. Representantes de ambos inmuebles protagonizaron una protesta frente a la sede de una fundación vinculada al fondo, empapelando toda la fachada exterior para forzar a la propiedad a negociar una renovación colectiva. La acción coincidió en el tiempo con la puesta a la venta de los dos edificios enteros a través de la página web de Second House por un precio de 4,4 y 2 millones de euros, con el agravante de que se hizo con una quincena de familias aún residiendo allí. Toda una declaración de intenciones por parte de los titulares de las fincas.
A principios de 2024, los vecinos de la calle de Tapioles dijeron basta y denunciaron el calvario que les suponía tener que convivir con las obras que la propiedad estaba llevando a cabo desde hacía seis meses en el bloque, que consistían principalmente en la instalación de un ascensor en la finca. Estos trabajos obligaron a los operarios a abrir enormes agujeros en cada una de las plantas para poder encajar el acceso al elevador, una intervención que se realizó sin seguir las mínimas medidas de seguridad tanto para los trabajadores como para los inquilinos, ya que inicialmente no se colocó ningún tipo de reja para salvar la caída desde la escalera comunitaria hasta el patio interior del edificio. Las quejas sirvieron para que el fondo colocara una reja verde sostenida con bridas, un sistema aparentemente bastante débil, sobre todo teniendo en cuenta que viven familias con niños pequeños y personas mayores con problemas de movilidad.
A todo esto, había que sumarle el polvo y la cal que se acumulaba desde hacía meses en la escalera y los rellanos de cada piso porque ningún operario se había preocupado de limpiar los espacios después de las intervenciones. En definitiva, según denunciaban los vecinos, una tormenta perfecta de obras para ir mermando la paciencia de los inquilinos, haciéndoles la vida en la finca cada vez más complicada para conseguir que aceptaran abandonar las que habían sido hasta entonces sus hogares a cambio de una compensación económica. Una estrategia similar a la que se seguía en paralelo en el número 10 de la calle de en Cortines.
Nuevos contratos para la esperanza
A pesar del desgaste derivado de estos dos años de lucha, la resistencia conjunta de las dos fincas ha terminado valiendo la pena. En el caso de los vecinos de la calle de Tapioles, cuatro arrendatarios han renovado por siete años su contrato vencido, una familia más lo ha hecho con un alquiler social y otra tiene garantizada la continuidad cuando concluya el contrato aún vigente. También se ha conseguido la subrogación indefinida para Fabiola Montemayor, una inquilina de 61 años que ha vivido toda su vida en una de las viviendas de la primera planta del edificio y que veía peligrar su casa porque no podía poner a su nombre el alquiler que firmó hace décadas su padre, fallecido hace tres años. «Han intentado en todo momento dividirnos y continuar con su plan para ver hasta cuándo podíamos soportar. Hemos tenido momentos de debilidad y frustración, pero ver que no estabas solo nos daba fuerzas para continuar», afirma Elena Simioni, una de las vecinas renovadas que llevaba una década residiendo en el inmueble.
En cuanto al bloque de la calle de en Cortines, la familia de Ortiz ha conseguido un contrato de siete años y también se ha firmado un alquiler social con la familia de Fatima Benchik, una mujer que llevaba cerca de 16 años viviendo en el edificio y a quien todo el conflicto tomó mientras superaba una enfermedad. «Ella ha luchado por todos», dice contundente mientras señala Ortiz, quien ha liderado la cruzada de esta finca tanto en los despachos como frente a los medios. Esta victoria vecinal, sin embargo, no habría sido posible sin la intermediación tanto del Sindicat de Llogateres como del Sindicat de Barri del Poble-sec y del Sindicat d’Habitatge del Casc Antic. «A esto nos referimos cuando decimos que queremos extender el conflicto arrendatario a otros bloques. Individualmente, no se habría llegado al pacto, pero si nos plantamos y organizamos podemos ganar casos como este«, remarcaba en la rueda de prensa de este lunes el portavoz del Sindicato, Enric Aragonès. A su lado, López asentía: «La clave ha sido la unión. Han sido dos años y medio de lucha hasta que entendieron que íbamos todos a una«.
