Los turistas que esta mañana salían tranquilamente del Hotel Balmoral de la Vía Augusta para visitar la ciudad se han topado para su sorpresa con una protesta. Medio centenar de personas se han concentrado en las puertas de este alojamiento, donde durante este jueves se celebra la junta de accionistas de Renta Corporación, uno de los gigantes del sector inmobiliario en la capital catalana. Los manifestantes eran en su mayoría inquilinos de tres fincas compradas por Second House, un entramado empresarial nacido en 1994 que es propietario de más de una decena de bloques de pisos repartidos por Barcelona y que tiene como fundadora y administradora única a Elena Hernández de Cabanyes, una de las accionistas principales de Renta Corporación. Second House hace tiempo que está en el punto de mira del movimiento pro vivienda por su modus operandi, que consiste precisamente en la adquisición de edificios enteros con el objetivo de vaciar, renovar y venderlos revalorizados.
Lo intentaron hacer con los bloques de la calle de Tapioles y d’en Cortines, ubicados en Poble-sec y Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, respectivamente, y ahora amenazan con hacer lo mismo con los vecinos del número 7 de la calle de Salou, en Sants. En los dos primeros casos, la movilización ciudadana logró después de dos años de lucha que la propiedad claudicara a finales de 2024 y aceptara renovar los contratos de todas las familias entonces amenazadas. Las seis familias de la calle de Salou se reflejan en esta cruzada para poder quedarse en sus domicilios, ahora que todos los contratos de alquiler que tenían vigentes han vencido sin ninguna opción a prorrogarse. Precisamente, han sido los vecinos de estas tres fincas quienes han protagonizado la protesta con el objetivo de denunciar estas prácticas especulativas y pedir la renovación de todos los contratos expirados. Lo han hecho de la mano del Sindicat de Llogateres, el Grup d’Habitatge de Sants y el Sindicat de Barri del Poble-sec, que asesoran a los inquilinos en esta lucha por no perder la casa que algunos han habitado desde hace más de tres décadas.
Los afectados han aprovechado la celebración de esta junta de accionistas para entregar una carta a los asistentes donde explican su situación y piden urgentemente una negociación para renovar los contratos, dado que hasta ahora se ha hecho caso omiso de las demandas. Se da la circunstancia de que todas las familias de estas fincas en riesgo de desalojo no han podido acogerse a la prórroga de dos años vigente en algunos casos solo por unos días, ya que su vínculo con el fondo estaba vencido cuando esta se aprobó cautelarmente. Es el caso de la familia de Rosa Rosa, una vecina de la calle de Salou que justo este martes ha recibido la demanda de desalojo. No solo la quieren echar del piso que alquila desde 1993, sino que la propiedad le reclama unos 8.000 euros cuando siempre han estado al corriente de los pagos. «Si tuviera ese dinero, ya me habría buscado una alternativa… Al menos en días como hoy ves que no estás sola en esta lucha», aseguraba emocionada este jueves. En una situación similar a esta mujer está Rodrigo Vargas, inquilino del bloque de la calle de Tapioles que el pasado febrero vio cómo vencía su contrato y que también ha recibido la notificación previa a una demanda.
La empresa «madre» y origen de todos los conflictos
«Renta Corporación es la empresa madre de todas las compañías con las que tenemos conflicto. Todos los responsables tienen alguna participación en esta […] Algunos de los accionistas hoy presentes tienen fundaciones sociales mientras echan de casa a familias para embolsarse dinero. Es una caridad vergonzosa», señalaba una de las portavoces de los sindicatos durante la movilización. La protesta ha contado con vecinos de la calle d’en Cortines, que a pesar de haber conseguido la renovación de los contratos ahora ven cómo la propiedad del inmueble está impulsando una reforma estructural de la finca sin reubicar a las familias que residen allí. Ya han tenido algún susto con algún inquilino que ha resbalado por estos trabajos y han presentado una denuncia ante el Ayuntamiento por unas tareas que consideran fuera de normativa, ya que la empresa debería realojar temporalmente a los inquilinos para realizarlas. También han participado de la concentración vecinos de dos bloques propiedad de Vivenio, empresa que también forma parte del entramado de Renta Corporación, y afectados por prácticas especulativas similares.
