Todo comienza con un correo electrónico. El administrador de tu finca te informa que dejará de serlo a partir del próximo mes debido al traspaso del edificio a un nuevo propietario. Al cabo de unos días, alguien pasa por debajo de la puerta de tu domicilio un papelito con un número de cuenta bancaria para continuar pagando el alquiler. Este es el único contacto que tienes con la persona que a partir de ahora es responsable de tu contrato, que vence en unos meses. La siguiente interacción es a través de un burofax, donde se te informa que no se te renueva el vínculo y que deberás abandonar la que ha sido hasta ahora tu casa. Esta concatenación de hechos la han vivido en los últimos años muchos vecinos de la capital catalana, pero es el caso concreto del número 41 de la calle de la Concòrdia. El día fatídico para los inquilinos de este edificio del barrio del Poble-sec fue el pasado 28 de febrero, cuando llegó el mencionado correo electrónico. Cuando a principios de marzo pasan bajo la puerta el papel con la nueva cuenta, uno de los inquilinos veteranos decide investigar quién ha comprado el bloque e informa puerta a puerta a los afectados.
Medio año después, este mismo vecino, Albert Sancho, se dirigía este miércoles a los medios de comunicación para denunciar la situación que viven las 13 familias del inmueble, la mitad de las cuales con un contrato de alquiler social de la bolsa del Ayuntamiento de Barcelona en vigor. Sancho tiene cincuenta y un años, es autónomo y la tercera generación de su familia al frente de una pequeña joyería artesanal. Hace veintisiete años que vive en uno de los pisos de este edificio, primero con su padre y las últimas dos décadas solo. Su contrato vence el próximo mes de abril y encontrar en el mercado una vivienda a un precio que pueda pagar con sus ingresos es una misión imposible. «No tengo otra opción. Pensaba que estaría aquí toda la vida y ahora tendré que ir a vivir con mi madre con cincuenta y un años…», lamenta. El joyero ha hecho cálculos y, con lo que ha pagado de alquiler en esta finca, ha abonado más dinero que los cerca de 110,000 euros que el nuevo propietario, la inmobiliaria Urbe Enginova, invirtió a principios de año para comprar cada uno de los pisos, abonando una cantidad total de 1,8 millones de euros. «Que una empresa pueda pagar este precio para sacar beneficio será legal, pero es absolutamente reprobable», subraya.
Sancho es una de las caras visibles de la cruzada que ha iniciado este bloque contra los nuevos propietarios. El objetivo es evitar que tanto los vecinos de estos pisos bajo control municipal como el resto de inquilinos del inmueble -con la excepción de dos contratos de renta antigua- acaben forzados a abandonar sus domicilios. En el caso de las viviendas con alquiler social, el vencimiento de los contratos sin una renovación implica dejar en la calle hasta cinco familias en situación de vulnerabilidad, además de la pérdida de cinco de los activos de la bolsa municipal. La situación es aún más grave si tenemos en cuenta que el Ayuntamiento de Barcelona podría haber hecho uso en su momento del derecho de tanteo y retracto para hacerse con la finca y garantizar la continuidad de los afectados, que ahora vuelven a la lista de espera para acceder a un piso social o dotacional. «Este es el ejemplo claro de un caso en el que la administración tenía la oportunidad de evitar la expulsión del vecindario y no lo ha hecho. La inquilina que lleva menos tiempo en el edificio llegó hace ocho años. Gente como nosotros debería poder quedarse», remarca el joyero.
Alquiler social en el limbo y apoyo unánime
Uno de los testimonios quizás más paradigmáticos de esta finca del Poble-sec es el de Jaqueline Almadana. Esta mujer de cuarenta y nueve años vive en la finca desde el 2011, cuando accedió también a través de la bolsa de alquiler municipal. Su contrato venció el pasado mes de enero, justo antes del cambio de propiedad. «Al principio, me dijeron que no me preocupara, que seguramente me lo renovarían. Después se vendió la finca y me enviaron un burofax para que dejara el piso vacío y diera de baja los suministros», afirma. Ella es la única vecina que de momento ha recibido una demanda judicial de desalojo.
A pesar de su situación de vulnerabilidad y que no ha cambiado de domicilio en este tiempo, el consistorio la ha dejado tanto a ella como a la vivienda fuera de la bolsa de alquiler. Desde la administración local alegan que la inquilina firmó un nuevo contrato con la propiedad cuando el anterior caducó y que, por tanto, en ese preciso momento dejó de vivir en un piso bajo control municipal. «Eso fue hace cinco años. El administrador de la finca contactó conmigo para informarme que el contrato había vencido y me ofrecieron uno nuevo subiéndome casi un 25% el precio. La angustia y el miedo me llevaron a firmarlo, porque era eso o nada, y ahora estoy en el limbo», explica.
Entre los vecinos que apoyan a Almansa y al resto de afectados se encuentran Yolanda Ferrerons. Ella es una de las inquilinas con una renta antigua indefinida. Vive en el edificio desde que nació en 1967 y heredó el contrato subrogado de su padre. Su caso es el mismo que el del residente más veterano de la finca, un hombre de 82 años que también tiene un contrato de por vida subrogado de su progenitor. «Nosotros en principio estamos blindados. Quizás no nos pueden echar del piso, pero sí que nos pueden fastidiar», asegura.
Un símbolo para 32.500 hogares
A pesar de la concentración de problemáticas presente en el bloque de la calle de la Concòrdia, su situación no es excepcional. Solo en el año 2021, se firmaron al menos 119,000 contratos en Cataluña de una duración de cinco años, de manera que caducan durante el 2026. Se calcula que más de una cuarta parte de estos -unos 32,500– están en Barcelona. «Esto no es un caso aislado. El 2026 es crucial porque será uno de los años en que se acaban más contratos. Esto podrían ser 119,000 familias que se marcharan en silencio, pero haremos lo posible para que estos hogares planten cara y se queden», remarca Carme Arcarazo, portavoz del Sindicato de Inquilinas.
Arcarazo ve la finca del Poble-sec como punta de lanza de la nueva campaña del movimiento pro vivienda para adelantarse al vencimiento de los contratos y lograr unificar bajo una misma lucha el máximo de bloques posibles. «Estamos ante una nueva Casa Orsola, un nuevo símbolo de esta ciudad que se niega a ser expulsada. Aquí se podrían hacer alquileres de temporada, convertirse en colivings, fragmentar los pisos, venderlos reformados a otro inversor… Pensamos que esto no es un accidente o algo inevitable. Si pasa es porque las reglas del juego inducen a los rentistas a tener estas prácticas», señala la portavoz, que reclama desbloquear la regulación estatal del alquiler de temporada y de habitaciones y prohibir las compras especulativas si no hay un compromiso de hacer vivienda social.
Más allá de esta voluntad de tomar el relevo de la Casa Orsola como símbolo de la revuelta de alquileres, la relación entre la finca del Poble-sec y la de la Nova Esquerra de l’Eixample hace un tiempo que saltó al plano personal. Almadana mantiene contacto telefónico desde hace semanas con Josep Torrent, el primero de los vecinos del edificio ubicado en la intersección de las calles de Calàbria y del Consell de Cent que se enfrentó a una demanda de desalojo. «Después de que llegara la demanda judicial, él me llamó y me explicó los pasos a seguir a partir de su experiencia. Me ayudó muchísimo», reconoce.
La vecina se muestra convencida de que podrán repetir el éxito de sus homólogos de l’Eixample, que consiguieron renovaciones de todos los contratos vencidos o a punto de vencer y que el Ayuntamiento acabara comprando la finca de la mano de la fundación Hàbitat3. «Estoy segura porque no estoy sola, hay mucha gente involucrada. El caso de la Casa Orsola nos demuestra que si nos organizamos podemos vencer a estas empresas que nos quieren echar de nuestras casas para hacer negocio», concluye.
